La gran industria prevé celebrar su primera subasta renovable en septiembre

Energía La gran industria consumidora de electricidad ultima los detalles para celebrar su primera subasta de energías renovables en el mes de septiembre. Estos grandes consumidores buscan realizar un concurso a imagen y semejanza de las subastas que realiza el Gobierno pero de forma privada entre ellos y los promotores de parques renovables con la finalidad de alcanzar acuerdos de suministro a largo plazo. "Estamos pendientes de las consultas a los reguladores y la idea es tener todos los documentos a final del mes de julio para publicar la consulta pública para recibir comentarios y en septiembre realizar la subasta", explica el director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), Fernando Soto. El objetivo es subastar una capacidad total de entre 1.500 y 2.000 megavatios de tecnologías renovables (fotovoltaica y eólica) en un concurso en el que participen nuevos promotores que vendan energía a estos grandes consumidores con contratos a 12 años y con la condición de que las plantas estén instaladas en el plazo de 18 meses tras la puja, es decir, entre los meses de marzo y abril de 2024. Soto reconoce que la patronal ha mantenido conversaciones con generadores y hay interés por la subasta. Desde la patronal confían en conseguir un precio que ronde los entre 30 o 35 euros por megavatio-hora (MWh), como ocurrió con la última subasta celebrada por el Ejecutivo. Esta será así la primera subasta de renovables que se celebraría de forma privada, al margen del Gobierno, aunque la clave de este procedimiento se encuentra en que tendrían el aval del Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), dotado de 600 millones de euros a razón de 200 millones al año durante tres años. Este fondo, creado a finales de junio de 2020, se enmarca dentro del denominado Estatuto de la Industria Electrointensiva aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020, y su finalidad es regular a cuenta del Estado los riesgos que adquieren las grandes empresas consumidoras de energía en las operaciones de compraventa a largo plazo. “El atractivo de estas subastas, además de por el compromiso de la industria por la descarbonización, es por la apuesta por el uso del FERGEI que da a los promotores la garantía del Estado”, reconoce Fernando Soto. Para acceder a esta garantía, el Estatuto de la Industria Electrointensiva establece como condición a la industria que un 10% de su consumo anual provenga de este tipo de contratos y que se firmen por un plazo mínimo de cinco años. Las compañías debían acreditar que cumplían sendas condiciones "en el plazo de un año" desde la entrada en vigor del mecanismo de cobertura de riesgos en noviembre de 2021 para poder acceder a él. Es decir, tendrían hasta noviembre de este año para firmar estos acuerdos pero, según confirma Soto, hasta finales del mes pasado todavía no se había realizado ningún PPA de forma individual que utilizase el aval del Estado debido a las "turbulencias de precios" en el último "año y medio". Por ello, el Ejecutivo, a petición de esta patronal, elevó el plazo de acreditación de esas dos condiciones (10% de consumo proveniente de contratos PPAs firmados por un mínimo de cinco años) claves para obtener el aval del Ejecutivo a tres años (hasta noviembre de 2024), a través del real decreto ley por el que se establece un mecanismo de costes indirectos para las emisiones de CO2 (disposición final tercera). En España el el porcentaje de industrias con contratos a largo plazo es mínimo y la gran mayoría de compañías están expuestas al mercado mayorista, conocido como 'pool', que en los últimos meses ha disparado sus precios y ha provocado que algunas empresas se vieran forzadas a paralizar su actividad. Si bien con esta subasta los grandes consumidores conseguirán unos precios muy asequibles (30 o 25 euros MWh, según confían) a partir del año 2024. "El problema no lo tenemos en 2024, sino en 2021 y 2022. Por eso pedimos que mantengan las medidas que tenemos a día de hoy, como la rebaja de los peajes", apunta Soto. En este sentido, el directo general de AEGE también pide al Gobierno que ponga en marcha las llamadas subastas inframarginales con las que pretendía obligar a las grandes eléctricas a subastar una parte de su energía a los grandes consumidores y las comercializadoras independientes antes de diciembre de 2021. “Si hubiera un ofrecimiento por parte de las eléctricas a 5 años con un precio competitivo ya los hubiésemos firmado, pero no llegan porque el mercado de futuros no tiene liquidez. Pero mejor que lo ofertaran las eléctricas sin necesidad de que el Gobierno convoque una subasta", añade.

La gran industria prevé celebrar su primera subasta renovable en septiembre

El objetivo es subastar una capacidad de 2.000 megavatios a un precio de unos 30 o 35 euros que entren en funcionamiento en abril de 2024

Los grandes consumidores contarán con el aval del Gobierno a través de un fondo incluido en el Estatuto de la Industria Electrointesiva

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