El Gobierno y la banca preparan un plan para el 1,4% de la población sin acceso al efectivo

El Ministerio de Economía y las patronales bancarias han comenzado los trabajos para elaborar un nuevo paquete de medidas para combatir la exclusión financiera en la España vaciada, según han confirmado diversas fuentes implicadas a EL PERIÓDICO. El principal objetivo es llevar los servicios bancarios básicos, sobre todo la posibilidad de obtener dinero en efectivo, al 1,4% de la población que reside en municipios rurales que no cuentan con oficina bancaria ni con otro tipo de vías físicas de acceso al sistema financiero, como los cajeros o los conocidos como 'ofibuses'. El porcentaje de población desatendida es bajo, pero implica que cerca de 665.000 españoles están afectados por el máximo grado de exclusión financiera, según los datos del Instituto Nacional de Estadística del cierre de 2021. Además, un 3,3% de la población -1,56 millones de personas- residen en poblaciones sin sucursal bancaria, aunque sí con algún otro de los mecanismos desplegados por el sector financiero para dar acceso físico a sus servicios más básicos. Ambos datos, a los que ha tenido acceso este diario, proceden de un informe que las patronales AEB y CECA (bancos y antiguas cajas de ahorro, respectivamente) tienen previsto publicar en los próximos días, previsiblemente hacia finales de mes. Su autor, Joaquín Maudos (catedrático de análisis económico de la Universitat de València y director adjunto de investigación del Ivie), hizo una presentación preliminar del mismo a las asociaciones y al Ministerio de Economía hace un par de semanas, pues es la base a partir de la cual ambas partes prevén diseñar el nuevo plan. Más edad, menos renta Fuentes del departamento que dirige Nadia Calviño explican que los trabajos se van a centrar en los municipios donde reside ese 1,4% de la población porque, además de encontrarse más desatendidos por la banca que el resto, presentan en muchos casos una edad media de los habitantes entre siete y ocho años superior al conjunto del país, así como un nivel de renta algo más bajo. Aunque el plan no tiene fecha ni plazos para estar listo, el objetivo del ministerio es avanzar a la mayor velocidad posible. La iniciativa, así, se enmarca en la estrategia que viene desplegando Economía en el último año para atajar la exclusión financiera, un problema creciente en España desde la reestructuración del sector bancario iniciada en 2008 por la anterior crisis. A instancias de la vicepresidenta, la AEB y la CECA suscribieron en julio del año pasado un protocolo para "reforzar el compromiso social" del sector, con una serie de medidas en materia de inclusión y educación financiera, así como laboral, salarial, de sostenibilidad medioambiental y digitalización. En dicho documento, se preveía la creación de un Observatorio para la Inclusión Financiera que elaborase un "mapa del acceso a servicios financieros en la España rural", que es el que se va a presentar en unos días. Adicionalmente, Calviño urgió públicamente al sector el pasado enero a adoptar nuevas medidas para mejorar su servicio a las personas mayores. Tras un mes de negociaciones, de ello surgió un paquete de iniciativas que las patronales suscribieron como ampliación del protocolo del año pasado. Ahora se trata de darle una nueva vuelta de tuerca centrada en la España rural, en unos trabajos de los que también participan la patronal de las cooperativas de crédito (UNACC) y el Banco de España. Colaboración pública El organismo supervisor, así, ultima tres informes: una comparativa del acceso al efectivo en España frente al resto de los países de la zona euro; una radiografía del acceso a los servicios bancarios digitales en el país y su evolución reciente; y un repaso de las actuaciones a escala nacional e internacional contra la exclusión financiera. Dichos estudios también servirán de base para el plan que negociarán el ministerio y las patronales. Economía prevé que de los trabajos surja un nuevo conjunto de compromisos que la banca vuelva a asumir de forma voluntaria. El sector se declara dispuesto a ello, pero pide compartir el coste. "Se van a buscar soluciones, pero tienen que ser soluciones compartidas, porque el sector financiero es un servicio esencial pero no un servicio público. Tienen que combinarse con las administraciones públicas, que sí tienen que garantizar el servicio público. Tiene que haber por tanto una colaboración público-privada", argumentó este martes el portavoz de la AEB, José Luis Martínez Campuzano, en un acto organizado por IBM. Problema creciente El problema de exclusión financiera de la España vaciada viene de lejos, pero se ha agravado en los últimos 14 años. Según datos del Banco de España, el número de municipios sin oficina bancaria se ha disparado en 836 y un 23% desde que estalló la burbuja inmobiliaria, de los 3.569 de 2008 a los 4.405 del cierre de 2020. Las poblaciones afectadas suponen el 54% del total. Por su parte, el número de pueblos sin acceso al efectivo (vía cajero u oficina) se situó en 4.115 al cierre de 2020, con 1,18 millones de personas afectadas, el 2,5% de la población. Las provincias más perjudicadas son Burgos (313 municipios sin sucursales al cierre del año pasado) y Salamanca (307), por delante de Guadalajara (247), Ávila (215) y Zamora (203). Valladolid, Segovia, Palencia, Cuenca, Zaragoza y Soria tienen entre 180 y 150 poblaciones afectadas, mientras que León, Navarra, Teruel, Cáceres, Lleida, Girona, La Rioja, Huesca, Barcelona, Tarragona y Valencia suman entre 150 y 100. En el extremo opuesto, Córdoba, Sevilla, Lugo, Murcia, Baleares, Cádiz, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Jaén tienen menos de 10 municipios sin oficina. El Defensor del Cliente Finaciero, en otoño El Ministerio de Economía tiene previsto llevar el proyecto de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero al Consejo de Ministros a principios del otoño para que comience su tramitación parlamentaria. La fecha dependerá de los informes que está a la espera de recibir de otros ministerios y del Consejo de Estado. El Gobierno, en cualquier caso, estima que la nueva institución encargada de resolver las reclamaciones de los clientes de bancos, aseguradoras y firmas de inversión podrá estar en marcha antes de que acabe la legislatura (a finales del año que viene, si no hay adelanto electoral). El anteproyecto que presentó a principios de abril ha sido tachado de "inconstitucional" por las patronales bancarias AEB y CECA, como adelantó este diario. En este sentido, fuentes de Economía apuntan que el departamento está analizando y priorizando las aportaciones recibidas de los distintos agentes en el trámite de audiencia pública y que siempre es posible hacer ajustes respecto al anteproyecto para mejorar el texto que se envíe a las Cortes. Pero subrayan, eso sí, que el objetivo final será en cualquier caso reforzar la protección de los clientes financieros y garantizar que los tribunales puedan ejercer su labor de forma rápida y eficaz. El departamento dirigido por Nadia Calviño pretende que el nuevo organismo resuelva las reclamaciones que hasta ahora se presentan ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Su intención es que las decisiones de la autoridad sean vinculantes para las entidades (no para los clientes) cuando la cantidad reclamada no supere los 20.000 euros. Ello supone un cambio de gran calado, ya que los dictámenes de estos tres supervisores no son de obligado cumplimiento, lo que hace que sean ignorados en porcentajes muy elevados por las entidades. Economía también pretende que el sector financie el organismo con una tasa 250 euros por reclamación recibida, mientras que para los clientes sea gratuito.

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Unas 665.000 personas carecen de servicios financieros en su municipio, según un informe que ultiman las patronales AEB y CECA

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