Dos terceras partes de las empresas que forman el índice bursátil más seguido de España, Ibex-35, pertenecen a sectores muy regulados, dependientes de las directrices del Boletín Oficial del Estado o de las adjudicaciones administrativas. Para estas compañías, que pasan por ser la imagen empresarial de la España oficial, la connivencia con los gobiernos a cualquier nivel (local, autonómico, estatal y europeo) es fundamental. Parte de sus resultados depende de las decisiones políticas y las ocurrencias de última hora de los gobiernos de turno. Los proyectos gubernamentales siempre aparentan realizarse en nombre del cliente o el consumidor. El embridamiento del sector financiero, con la creación de nuevos sistemas de control tras la crisis iniciada en septiembre de 2008, ha sido el ejemplo paradigmático en lo que llevamos de siglo. Ahora, los Gobiernos compiten entre ellos para ver cómo aumentar la supervisión y exigir más controles de todo tipo al sector energético, el nuevo papus al que hay que armar los grilletes. La excusa de la transición energética y, desde hace un año, de la subida global de precios por la distorsión entre oferta y demanda, ha generado un compendio diario de filtraciones, rumores y debates constantes sobre la (in)seguridad jurídica que rodea un sector estratégico. Aún pagamos decisiones políticas erróneas, desde las primeras subvenciones a las renovables hasta la amortización de la factura nuclear.