España fue uno de los últimos países europeos en poner en marcha un subsidio público para abaratar los carburantes y poner con ello un pequeño dique de contención a la subida del coste de la vida. El Gobierno lo ejecutó forzado por un caótico paro de transportistas y el amarre de la flota pesquera de bajura, con el litro camino de los dos euros. Fueron veinte céntimos, 15 de aportación pública, incluidos dentro del paquete de medidas de respuesta al vendaval económico derivado de la invasión de Ucrania. Un subsidio tan rutilante y fugaz como los fuegos artificiales: su efecto en las carteras, aunque sí ayudó a rebajar la presión inflacionaria en el mes de abril, ya ha desaparecido. Los precios no solo son veinte céntimos más caros ahora que antes de la guerra, sino que están por encima de cómo cotizaban cuando el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció el bono descuento. Si el 29 de marzo el litro de gasóleo se pagaba en Galicia, de media, a 1,89 euros, hoy supera holgadamente los 1,95 euros. Y lo mismo sucede con la gasolina, que en este periodo ha subido en más de seis céntimos en las estaciones de servicio de la comunidad.