Los tribunales ultiman las primeras sentencias contra las marcas de coches que pactaron precios

Este será el año de las sentencias contra el cartel de automóviles. Se calcula que en torno a siete millones de víctimas (tanto consumidores como empresas) que compraron su coche entre 2006 y 2013 tienen en su mano la posibilidad de reclamar a los fabricantes de automóviles hasta el 15% de lo que pagaron en su día tras probarse que existió un cartel de fabricantes. Y durante este año, los afectados que presentasen la correspondiente demanda empezarán a tener una respuesta judicial. En general, los que compraron vehículos con matrículas entre DVF y HVF pueden o podían reclamar, pero conviene asesorarse para cada modelo de coche y marca. Están fuera de plazo, según algunos bufetes de abogados, los vehículos Citroën, Seat, Skoda, Volkswagen, Audi, Porsche, Chevrolet, Kia y Peugeot. En determinadas fechas de mayo vence el plazo para presentar denuncia para las marcas Renault, Volvo, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Jeep, Lancia, Hyundai, Mazda y BMW. Para Mitsubishi y Nissan (principios de junio); Honda y Mercedes (17 y 29 de septiembre); Opel (5 de octubre); y Lexus y Toyota (la sentencia cumple un año el 1 de diciembre). Algunos abogados consideran que el plazo para reclamar puede ser de más de un año ya que existe una «responsabilidad solidaria» por parte de todos los integrantes del cartel. Así, sería posible, por ejemplo, reclamar por la compra de un Seat a Toyota hasta final de año y que deben ser las marcas las que ajusten las cuentas entre ellas. El 23 de julio de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 171 millones de euros a 21 empresas de automoción y a dos empresas consultoras por la comisión de prácticas anticompetitivas. En concreto, en 13 sentencias del Tribunal Supremo se estimaron las consideraciones de la CNMC en 2021 y ratificado las multas. Los particulares que reclamen cobrarán entre 1.500 y 3.000 euros de media. En el caso del cartel de los automóviles, el plazo máximo teórico para interponer la reclamación es de un año a partir del momento en que la sanción impuesta al fabricante deviene firme por el Supremo, aunque en el entorno jurídico todavía existen dudas sobre si es lícito ampliar el plazo a cinco años o de que manera se puede aplicar el hecho de que todas las marcas formaban un único cartel y deben responder de manera conjunta. Los jueces tienen la última palabra. En términos de sanciones en general, la CNMC reivindica su función supervisora pero se desmarca de las consecuencias y procedimientos judiciales posteriores. El organismoa decretó el año pasado siete sanciones relacionadas con los cárteles y cinco de ellas implicaban manipulación de licitaciones públicas, algo que se ha convertido en el principal foco de preocupación del organismo. Así, se iniciaron en 2021 un total de cinco expedientes sancionadores relacionados con la manipulación de licitaciones y que continúan en fase de instrucción. Entre ellos, el expediente relativo a los préstamos ICO fue el resultado de una investigación por las denuncias recibidas en un buzón confidencial. En opinión de Albert Poch, abogado especializado en reclamaciones contra cárteles empresariales del despacho Redi Abogados, la imposición de sanciones a los acuerdos anticompetencia no paran de crecer en España pese a que la figura del cártel es un "gran desconocido" y los particulares y la Administración "no reclaman los daños causados tanto como deberían", asegura. "Es sorprendente que los ciudadanos y, sobre todo, la Administración, no recurran más a los tribunales para defender sus derechos", opina Poch. Esa "desidia", añade, es "sorprendente", ya que la Administración se ha visto directamente perjudicada por múltiples cárteles, sin ir más lejos el de los fabricantes de automóviles, por ejemplo, pero "sin embargo no reclama los daños causados a pesar de que puedan ser millonarios", opina. Los profesionales que intervienen en la reclamación (abogados, peritos y procuradores) cobran entre el 20% y el 50% de las ganancias obtenidas tras la demanda, pero Poch asegura que con las sentencias del Supremo que confirman los expedientes de la CNMC, los perjudicados que reclamen tienen altas probabilidades de ganar los litigios. La organización de consumidores Facua advierte de que el proceso es complejo y cualquier reclamación judicial requiere de un informe pericial "que valore y cuantifique el daño económico que le ha causado la conducta del fabricante, el sobrecoste sufrido por la adquisición del vehículo". La carga de la prueba recae en el demandante. Denuncia interna En el caso concreto del cartel automovilístico, la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por Seat y el resto de empresas del grupo Volkswagen, que denunciaron la existencia del cártel de fabricantes de automóviles en el mercado español a cambio de que no se les impusiera la multa. Las empresas sancionadas, una veintena, intercambiaron información confidencial comercialmente sensible, actual y futura sobre venta de vehículos nuevos, usados, prestación de servicios de taller, reparación, mantenimiento y venta de piezas de recambios oficiales y encargaron a dos empresas consultoras que controlasen la organización y el funcionamiento de los intercambios de información. Según la CNMC, "estos intercambios provocaron una artificial disminución de la incertidumbre de las empresas en relación con la política comercial de sus competidoras". Ahora, todas las firmas automovilísticas, incluidas las del grupo Volkswagen, tienen que hacer frente a las reclamaciones particulares. Para Poch el aumento de cárteles es evidente y en su opinión, "los más alarmantes son los que no han sido sancionados todavía", además de señalar sectores como la distribución de gasolina o de electricidad, como ejemplo de mercados cuya falta de competencia se ve reflejada de forma directa en los altos precios que pagan los consumidores. Pero la variedad de sectores afectados por acuerdos ilegales es sorprendente. Desde industrias lácteas, a radiofármacos, a material militar, sobres de papel, geles de ducha, mudanzas, servicios fotográficos, transporte por ferrocarril... el trabajo por delante es ingente. La CNMC resalta que no interviene de forma directa en los procedimientos judiciales de reclamación de indemnizaciones (lo que se conoce como aplicación privada del derecho de la competencia). Para Poch existe una relativa falta de seguimiento de los casos tras las sanciones, ya que se intuye, opina, que los efectos de cualquier acuerdo demostrado se mantienen en el tiempo a pesar de la imposición de multas y que las empresas eluden abordar una competencia real en precios casi siempre, dado que "las sanciones no son disuasorias". Buzón confidencial La CNMC asegura que "una de las prioridades de la CNMC es la desarticulación de los cárteles que operan por vía de su colusión en licitaciones públicas". Es esta una de las modalidades de acuerdos empresariales que impactan de manera más directamente en el erario. Actividad en 2021 El gran reto en la actualidad es abordar el uso de algoritmos de cruce de datos que suponen en realidad un mecanismo de control de precios ilegal. La CNMC ha creado una Unidad de Inteligencia Económica con herramientas de análisis basados en 'big data' que monitoriza la plataforma de contratación pública para evaluar irregularidades. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, considera que la utilización de técnicas de análisis masivo de datos "son herramientas básicas para llevar adelante la labor de defensa de la competencia". Para la CNMC, en 2021 fue destacable el aumento significativo de fusiones, que supuso buena parte de la actividad del organismo. La misión de la CNMC es garantizar la competencia y prevenir el abuso de poder de mercado, y la media de tiempo de resolución de esos expedientes de fusión fue de 18 días. Lo que se necesita para reclamar Lo que se necesita para reclamar es la factura de compra o, en caso de leasing o renting, copia de la póliza suscrita con la entidad financiera. También el certificado o documento bancario de transferencia o pago del vehículo al concesionario, la ficha técnica y permiso de circulación del vehículo. En el caso de que el vehículo ya no sea de nuestra propiedad, también será necesario adjuntar la documentación referente a la venta, traspaso o cambio de titularidad. Las marcas sancionadas son la práctica totalidad. La CNMC impuso sanciones a Alfa Romeo, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Lexus, Benz, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Skoda y Toyota. Además, también se consideró que habían participado de este cartel las empresas del Grupo Volkswagen, incluyendo SEAT y Audi. A pesar de no ser multadas como el resto, mantienen su responsabilidad ante los consumidores afectados.

Los tribunales ultiman las primeras sentencias contra las marcas de coches que pactaron precios

Los que compraron vehículos con matrículas entre DVF y HVF pueden reclamar

Los consumidores pueden recuperar el 15% de lo pagado de más entre 2006 y 2013

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