El Gobierno confía en que el Defensor del Cliente Financiero eche a andar en 2023

La creación de la largamente esperada Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero recibió el pasado martes el pistoletazo de salida por fin con la aprobación de su anteproyecto de ley por parte del Consejo de Ministros. Ahora comienza un proceso de meses para cumplir todos los trámites legales indispensables para la puesta en funcionamiento del nuevo organismo que está llamado a revolucionar el esquema español de resolución de reclamaciones frente a bancos, firmas de inversión y aseguradoras, entre otra entidades. El Gobierno, en cualquier caso, confía en que pueda echar andar en 2023, según apuntan fuentes del Ejecutivo a EL PERIÓDICO. "Depende de lo que tarde el Parlamento, que tendrá que deliberar para perfeccionar la ley, como es su trabajo. Pero creemos que puede tardar menos de un año y que es posible que la autoridad esté en marcha antes del final de 2023", apuntan las fuentes del Ministerio de Economía. Se trata de un elemento clave, ya que las próximas elecciones generales deben convocarse como muy tarde a mediados de diciembre del año que viene y el proyecto puede decaer si se disuelven las Cámaras antes de su aprobación, lo que obligaría a retomarlo desde el principio en la siguiente legislatura. De hecho, en el sector financiero y los organismos supervisores, donde la autoridad no despierta simpatías porque prefieren que la CNMV asuma la gestión de todas las reclamaciones, se alberga alguna esperanza de que los comicios se produzcan antes de que la ley reciba el respaldo parlamentario. Pese a esta oposición, el Gobierno ha apostado fuertemente por la creación de la autoridad. "Nuestro interés es que esté cuanto antes. Hay un problema acuciante que queremos resolver rápido y pronto dentro de nuestra estrategia para afrontar la exclusión financiera. Tenemos un plan de choque y no puede ser de choque si va a tardar varios años. Hay una prioridad en el Gobierno en empujarlo", afirman las fuentes. De la misma estrategia, así, forman parte la ley de servicios de atención al cliente, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en las próximas semanas (está pendiente enviarla al Consejo de Estado para que la valore), así como los compromisos de mejora del servicio a los mayores que la banca adoptó recientemente a instancias de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Meses de aportaciones La gran novedad que incorpora la nueva autoridad de defensa del cliente es que sus decisiones serán vinculantes para las entidades hasta 20.000 euros, además de que va a poder pronunciarse respecto a asuntos sobre los que no podían hacerlo los actuales servicios de reclamaciones de los supervisores, como las cláusulas declaradas abusivas o los cripoactivos. El organismo, que emana de una directiva europea de 2013, forma parte de las reformas prometidas a la UE para este año a cambio de los fondos comunitarios, pero no es necesario que esté creado sino que basta con que la Comisión Europea perciba avances significativos en esa dirección. El anteproyecto va a estar ahora cinco semanas en consulta pública para recibir aportaciones de interesados como las patronales financieras o las asociaciones de consumidores. Después pasará a la Secretaria General Técnica del Ministerio de Economía, que pedirá informes de otras instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, la Agencia de Protección de Datos, los Ministerios de Justicia, Consumo y Hacienda y, en última fase, el Consejo de Estado. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el proyecto de ley en la segunda parte del año, para que después el Parlamento lo tramite e introduzca las enmiendas que considere. "Se pueden producir bastante cambios", apuntan las fuentes. Estructura y sede La autoridad se va a financiar con las aportaciones de las entidades (250 euros por reclamación), pero en un primer momento contará con una partida en los Presupuestos Generales del Estado para su puesta en funcionamiento. El Gobierno todavía no ha empezado a negociar las cuentas del año que viene, con lo que no ha decidido si incluirán una cantidad para crear el nuevo organismo. Pero incluso aunque no constase con apoyo para aprobar un nuevo presupuesto para un año electoral, la prorroga de las cuentas actuales podría incluir una partida para la autoridad siempre que se respetase el límite general del gasto. El Ejecutivo tiene ya estimaciones de qué aportación presupuestaria necesitará el organismo para echar a andar en un primer momento, así como de con cuánto personal debería contar, pero quiere esperar a recibir las aportaciones de los distintos interesados para afinar sus cifras. El anteproyecto contempla que el organismo pueda contratar personal externo para labores auxiliares, pero la tramitación y los dictámenes siempre deberán ser aprobados por funcionarios. Asimismo, deja la puerta abierta a recibir al personal de los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España y la CNMV, aunque en estos organismos no se tiene claro que sus empleados vayan a querer cambiarse. La ubicación de la sede no está decidida. De hecho, tendrá que someterse en su momento al nuevo sistema de concurso aprobado por el Gobierno a finales de marzo para determinar dónde se ubicarán los nuevos organismos del Estado. Las distintas administraciones territoriales podrán presentar sus candidaturas. "No vemos ningún factor que haga que sea determinante que la autoridad esté en Madrid", apuntan las fuentes.

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El Ministerio de Economía espera completar los trámites antes de las próximas elecciones para que no decaiga el proyecto

La ubicación de su sede todavía no está decidida, pero el Ejecutivo no considera imprescindible que esté en Madrid

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