Una empresaria nonagenaria que hizo fortuna en Canarias, de rica a desahuciada por vía bancaria

Una nonagenaria que hoy vive en Madrid e hizo fortuna en Canarias se queda en la calle mañana. Es la fecha que un juzgado ha fijado para su desahucio por impago del alquiler. Tristes últimos días para quien llegó a atesorar un patrimonio considerable que fue encogiendo desde que Banco Sabadell ejecutó una hipoteca de un modo que la Audiencia Provincial de Madrid ha considerado poco ortodoxo. El tribunal ha citado a las partes para el 8 de junio. La afectada hizo negocios en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife a través de su empresa Centro Canaria de Inversiones, pero la infraestructura que albergaba la empresa quedó seriamente dañada por la tormenta tropical Delta –2005– y ya nunca se recuperó. La Península se convirtió entonces en su refugio. En el año 2007 se subrogó en un préstamo hipotecario con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por valor de 4,4 millones de euros. La garantía para obtener dicha financiación fue una finca heredada situada en la provincia de Ciudad Real y tasada en 8,8 millones de euros. El abogado de la mujer, Emilio Martín, detalla que la mitad del importe concedido por la hoy extinta institución de ahorro levantina se destinó a la compra de participaciones preferentes y la otra mitad, "a overtrading", una práctica inversora de alto riesgo que genera buenas rentabilidades al gestor por el rápido y continuo movimiento del capital. Las cuotas se pagaron hasta que estalló el escándalo de las preferentes. En octubre de 2013, Banco Sabadell, que en 2011 se había quedado con la CAM por un euro, inició la ejecución hipotecaria en un juzgado de Ciudad Real. "La finca garantizaba más que de sobra la deuda", explica Martín. Amortización de preferentes En febrero de 2015, el Banco de España autorizó la amortización en masa de las preferentes y la empresaria solicitó que sus 2,28 millones de euros se depositaran en una cuenta corriente de otra entidad. Sin embargo, Banco Sabadell desoyó esa comunicación, que llegó a hacerse incluso vía acta notarial y con la advertencia de que podía enfrentarse a una querella por apropiación indebida. Por contra, abrieron una cuenta sin la firma de la afectada, convirtieron en dinero líquido los activos de inversión y tomaron 2,8 millones de euros en virtud de una cláusula de compensación que tampoco refrendó su clienta. A pesar de ello, un perito del Banco de España no apreció irregularidades en esa práctica bancaria. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid, a donde ha llegado el caso tras decidir un juzgado de instrucción –contra la opinión de la Fiscalía– la apertura de juicio oral y rechazarse el recurso del Sabadell, incide en que sí la halla en lo que respecta a la transparencia, lo que, "a juicio de este tribunal, tiene máxima importancia y refuerza el carácter presuntamente delictivo de los hechos". Faltó transparencia, lo que, según el tribunal, "refuerza el presunto carácter delictivo de los hechos" En otras palabras, le abrieron una cuenta sin su firma, tomaron su dinero en virtud de una cláusula contenida en un contrato que ella ni vio y nadie se lo comunicó, con lo que le hurtaron el derecho a oponerse. Es cierto que las preferentes estaban pignoradas, es decir, facultaban a la entidad a servirse de ellas para saldar la deuda, pero vendiéndolas en el mercado secundario "en los tres días siguientes al vencimiento del préstamo", relata la Audiencia. Dos años y medio después de esta acción, que determinó el inicio de las acciones judiciales de quien puede salir hoy de su vivienda en virtud de un lanzamiento judicial –"intentaré pararlo", señala su abogado–, se celebró la subasta de la finca de Ciudad Real. Con ella, Banco Sabadell saldaría del todo la deuda, pero en ningún momento comunicó que la otra mitad –aproximadamente– la había tomado directamente de la cuenta de su clienta. Presunta estafa procesal De tal manera que la puja se inició por el valor de tasación de 8,81 millones de euros. Quedó desierta, lo que habilitó a la entidad financiera a adjudicársela por la mitad de su valor. "El negocio es redondo, pues partiendo de una deuda real de dos millones de euros, el banco pretende quedarse con una finca que tiene un valor de tasación de ocho millones de euros, y todo ello ocultando datos al juzgado o no siendo fiel a la verdad". Lo dice la Audiencia de Madrid. Para el letrado Martín, esta maniobra puede entenderse como una estafa procesal. Cuando menos, una situación extraña que ha terminado con Banco Sabadell desistiendo. Tomar otro camino habría sido complicado cuando el juzgado de instrucción ciudadrealeño dio cinco días a su equipo jurídico para "aclarar su solicitud, dado que la cantidad" por la que pretendía adjudicarse la finca "está muy por debajo del 50% del valor de tasación". La subasta de una finca terminó con el juez llamando al banco para que aclarara sus pretensiones Emilio Martín va más allá en sus intenciones. Mete incluso en la ecuación la cobertura que, desde el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) recibió la entidad –"el 80%", detalla– para digerir los créditos fallidos que le llegaron vía CAM. Según sus cálculos, la deuda de su representada era de 4,49 millones de euros, de los que el FGD cubrió 3,59 millones. Si el Sabadell "se apropió indebidamente", incide, de 2,28 millones, el "enriquecimiento injusto", tal y como lo denomina, "es de 1,13 millones", explica mientras continúa con las gestiones para parar el desahucio de su clienta. De millonaria a arruinada Fue empresaria de éxito en Canarias hasta que la tormenta tropical ‘Delta’ le dejó sin negocio. Siguió peleando en la Península y sus problemas estallaron cuando se cruzaron en su camino las preferentes y un crédito hipotecario que no pudo pagar. Desde entonces, mantiene una cruzada contra Banco Sabadell para evitar la ruina absoluta. A sus 94 años, mañana es el día señalado para que se ejecute su desahucio.

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