Miles de empresas disponen de 15 días para reclamar 114 millones de los ayuntamientos

Un total de 235 ayuntamientos catalanes y 87 entidades dependientes de ellos deberán participar de forma obligatoria en el nuevo Plan de Pago a Proveedores que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda para liquidar las facturas pendientes de pago más antiguas, anteriores a 1 de julio de 2021. La deuda acumulada por estos 235 ayuntamientos catalanes señalados por Hacienda sumaba 114 millones de euros, según las estadísticas del Ministerio correspondiente al mes de septiembre. Estos 235 municipios catalanes (ver buscador aquí) se reparten entre Barcelona (77), Tarragona (65), Girona (47) y Lleida (46). Las 87 entidades dependientes de algunos de estos consistorios son muy diversas y afectan a servicios o centros culturales, urbanísticos, sanitarios, educativos, sociales o de comunicación (como televisiones locales), entre otros. La Bisbal d'Empordá (Girona), Canyelles (Barcelona), Arbolí (Tarragona) y Ribera d'Ondara (Lleida) encabezan la lista de Hacienda de municipios que más tardan en pagar en cada una de las cuatro provincias catalanas, con plazos medios que van desde 1.237 (casi cuatro años) a 194 días (seis meses y medio) en cada caso, muy por encima de los 30 días que fija la ley. El alcalde de La Bisbal d'Empordá, Enric Marquès, sin embargo, argumenta que las cifras de Hacienda son fruto de un error de contabilidad. Con todo, los mayores volúmenes de deuda de estos 235 ayuntamientos catalanes se concentran en Badalona (44,4 millones), Lloret de Mar (8 millones) y Sabadell (7,5 millones). Solo ellos tres absorben más de la mitad de la deuda pendiente de pago de los 235 municipios catalanes sujetos al Plan de Pagos. Desde el ayuntamiento de Sabadell aclaran, no obstante, que del total de deuda pendiente de pago solo 33 facturas, por un importe aproximado de 700.000 euros, quedan bajo el paraguas el Plan de Pagos por ser previas al 1 de julio de 2021. El mecanismo No todos los ayuntamientos ni todas las facturas pendientes de pago se podrán acoger al nuevo Plan de Pago a Proveedores 2022 que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda. El departamento que dirige María Jesús Montero ha elaborado un listado que incluye 1.640 corporaciones locales de toda España (de las que 16 son diputaciones provinciales) y 670 entidades dependientes de algunas de ellas. Este listado incorpora los 235 municipios catalanes citados y 87 entidades dependientes de ellos. Todas las corporaciones del listado cumplen el requisito de haber presentado un periodo medio de pago a proveedores superior al límite legal de 30 días en alguna de las estadísticas de Plazos Medios de Pago (PMP) del Ministerio correspondientes a los meses de diciembre de 2020, marzo o junio de 2021. Según los plazos diseñados por este mecanismo de pago a proveedores, los miles de empresarios y autónomos con facturas pendientes de cobro en los ayuntamientos más morosos del país tienen de plazo desde el 12 de febrero hasta el 25 de este mismo mes para consultar si sus deudas han sido incorporadas en los listados ya presentados por los interventores de cada municipio ante la Agencia Tribuaria. El objetivo es que las deudas más antiguas de todas ellas (con fecha anterior a 1 de julio de 2021) puedan ser definitivamente saldadas a finales de mayo. Para el proveedor es voluntario acogerse a este mecanismo, que implica renunciar a los intereses de demora generados por el retraso, o seguir con el procedimiento ordinario. Sin embargo, para las 1.640 corporaciones del listado es obligatorio participar en el nuevo Plan de Pago a Proveedores (PPP) para liquidar no más tarde de finales de mayo todas las facturas pendientes de pago generadas antes de 1 de julio de 2021. Hacienda calcula que existen facturas por unos 2.000 millones de euros en esta situación en los cajones de los 1.640 municipios y 670 entidades identificadas (no se incluyen en el plan los territorios de País Vasco y Navarra). Los plazos Tras comunicar qué facturas antiguas aún existen en sus cajones, cada uno de los 1.640 ayuntamientos obligados por el Plan de Pagos podrá formalizar un préstamo a 12 años promovido por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para liquidarlas inmediatamente después. Según los calendarios que maneja Hacienda, es previsible que los préstamos se formalicen en la segunda quincena de mayo de 2022 y, a continuación, se realizarán los pagos a proveedores. A cambio de obtener financiación ventajosa para saldar sus deudas más antiguas, los ayuntamientos deberán presentar a Hacienda antes del 22 de marzo un plan de ajuste, con medidas y reformas que garanticen que no se volverá a repetir el problema, al menos durante los 12 años de vigencia del crédito, hasta 2034. No es obligatorio presentar un plan de ajuste, pero en ese caso Hacienda procederá a retener las cantidades adeudadas de sus transferencias a los municipios que lo rehúsen, a este procedimiento se acogerá, por ejemplo el ayuntamiento de Sabadell, para evitar tener que presentar un plan de ajuste ante el Ministerio de Hacienda. Procedimiento de infracción en la Comisión Europea El Plan de Pago a Proveedores que ha puesto en marcha este año el Ministerio de Hacienda forma parte de la respuesta dada por las autoridades españolas a la Comisión Europea tras el ultimátum lanzado por esta en junio. La Comisión advirtió de que presentaría una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si España no adoptaba medidas contra la morosidad pública. El Gobierno incorporó la creación del nuevo mecanismo en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2022 y lo ha puesto en marcha en enero. El actual Plan de Pago tiene su antecedente en el que dispuso entre 2012 y 2014 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP). Entonces se movilizaron casi 42.000 millones de euros para poner al día los pagos atrasados de comunidades autónomas (algo más de 30.000 millones) y ayuntamientos (casi 12.000 millones). Más de ocho millones de facturas de casi 200.000 proveedores fueron saldadas gracias a estas medidas de liquidez. Después de aquel saneamiento, el plan actual tiene un alcance mucho menor (unos 2.000 millones) y se proyecta en exclusiva sobre las corporaciones locales. En las comunidades autónomas no se detectan retrasos en los plazos de pago tan alarmantes como en determinados municipios. Según los últimos datos, correspondientes a noviembre, en las autonomías, el plazo medio de pago se sitúa en 26 días, dentro de una horquilla que oscila entre los 7,38 días de Murcia y los 41 de Canarias. En la administración central el plazo medio de pago es de 22,58 días y en la Seguridad Social, de 7,88 días.

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El plan de pago a proveedores obliga a 235 ayuntamientos catalanes a liquidar facturas con ayuda de Hacienda

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