Trabajo estrecha el cerco sobre Glovo por 8.600 posibles falsos autónomos en BCN

La marca Glovo seguirá asociada este 2022 a las polémicas laborales y la nueva propiedad –Delivery Hero- tendrá que gestionar casos pendientes que la firma de las mochilas amarillas tiene con la Inspección de Trabajo. La ‘policía laboral’ estrecha el cerco sobre el modelo de repartidores autónomos que Glovo ha venido manteniendo durante los últimos años, previa entrada en vigor de la ‘ley rider’. Miles de repartidores han sido y están siendo citados durante las últimas semanas en la dirección provincial de la Inspección de Trabajo de Barcelona para una macro causa por presunto empleo de falsos autónomos, cuya cifra final, según explican fuentes sindicales consultadas, podría ascender a 8.600 ‘riders’. Es la mayor operación contra el modelo laboral de Glovo en toda su historia. La empresa, a preguntas de EL PERIÓDICO, no ha hecho declaraciones. Las actuaciones se enmarcan en el segundo proceso iniciado por la policía laboral sobre Glovo en Barcelona, después de que el primero se cerrará en septiembre del 2019 con un requerimiento de 3,8 millones de euros por emplear durante los tres años previos a un total de 3.573 repartidores como falsos autónomos. Acta que recurrió Glovo y que será revisada en juicio este mes de abril en Barcelona. Ahora la Inspección está en vías de cerrar un segundo proceso sustancialmente superior, tanto en número de repartidores como en requerimientos a la Seguridad Social. Diversas fuentes consultadas coinciden en la cifra de unos 8.600 repartidores que presuntamente la Inspección podría obligar a dar de alta por su vinculación con Glovo entre mayo 2018 y 12 de agosto de 2021, justo el día que entró en vigor la ‘nueva ley rider’. Sobre el monto de la multa no existen estimaciones precisas, pero –de mantener el criterio de la anterior Inspección y de los tribunales (incluido el Supremo)- superarían ampliamente los 3,8 millones de la anterior actuación. Y fuentes del sector apuntan a que puede suponer un contratiempo de calado para las arcas de Glovo, reforzadas estas desde el pasado 31 de diciembre tras la inyección de Delvery Hero. La actuación que se acabe concretando en Barcelona, de acabar fallando en contra del modelo laboral de la compañía, engordará la lista de falsos autónomos dados de alta por la Inspección de Trabajo. Según fuentes conocedoras, a principios de diciembre de 2021 Glovo había dado de alta como asalariados desde que comenzó sus operaciones en España a 11.358 repartidores que habían operado como falsos autónomos. Lo que le valió acumular una deuda de 16,2 millones de euros, que ahora puede engordar con las nuevas actuaciones. Doble agravio para el Estado La condición de autónomos de dichos repartidores supone un doble agravio para la línea marcada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Por un lado, para los propios repartidores, que carecen de los derechos de un asalariado (como las mismas bajas o vacaciones pagadas). Y, por el otro, para la Seguridad Social, dado que estos pagaban menos cuotas y generaban un peligroso precedente para otros sectores que pudieran verse tentados a apostar por dicho modelo. La actuación en Barcelona descrita en el presente artículo analiza la situación laboral de los repartidores de Glovo antes de la entrada en vigor de la nueva ‘ley rider’, que comenzó a aplicar el pasado agosto. Dicha norma, cuyo articulado se ciñe a dos puntos y un folio, explicita en el Estatuto de los Trabajadores que las plataformas digitales de reparto tienen que contratar por defecto a sus repartidores como asalariados “Ahora el sector está en otra fase” “Es una causa judicial del modelo viejo. Ahora el sector está en otra fase, pendiente de si se demuestran o no las cesiones ilegales [en el caso de las flotas subcontratadas] y si se aplica un convenio colectivo u otro”, explican fuentes de la CGT implicadas en el proceso de denuncia. El pasado 28 de julio del 2021, apenas dos semanas antes de que entrara en vigor la nueva 'ley rider', Glovo anunciaba cambios en su modelo de reparto. La firma fundada por Óscar Pierre y recientemente comprada por los alemanes Delivery Hero rompía, en parte, con el modelo de repartidores autónomos que venía utilizando y que en repetidas ocasiones los tribunales y la Inspección de Trabajo ya había censurado. Glovo pasaba a contratar como asalariados a 2.000 trabajadores, principalmente concentrados en su operativa de supermercados, pero el grueso de su reparto continuaba dependiendo de 'riders' autónomos. Muchas voces vieron en aquel movimiento un desafío directo a la nueva normativa diseñada ex profeso por el Ministerio de Trabajo. Un texto de apenas un folio de extensión y que se centra en explicitar en el Estatuto de los Trabajadores que las plataformas digitales de reparto tiene que contratar por defecto a sus repartidores como asalariados. Una reacción en contra del criterio que aplicaron el resto de referencias del sector: Deliveroo se marchó de España y UberEats ha apostado por subcontratar a sus flotas. "Les hicieron una ley a medida y se la están saltando", opina una fuente conocedora de las negociaciones. Tras el anuncio de Glovo, los sindicatos reaccionaron interponiendo denuncias ante Inspección de Trabajo contra lo que consideraron mero maquillaje en su modelo laboral. La firma se limitó a eliminar su sistema de distribución de horas por franjas y alega que con ello la autonomía de los 'riders' es verdadera. Obviando que la principal crítica que hasta ahora han manifestado los tribunales es que es el algoritmo quien subordina a los repartidores y que mientras el trabajo lo distribuya dicho código, no habrá autonomía posible entre el repartidor y la empresa. "Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. […] Esta sociedad proporciona una aplicación sin la cual, por un lado, estos conductores no estarían en condiciones de prestar servicios de transporte", razonó el Tribunal Supremo. No obstante, Inspección todavía no ha abierto diligencias sobre el nuevo modelo de Glovo y el resultado final podría demorarse semanas o meses.

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La Inspección está a punto de cerrar la que será la mayor operación contra el presunto fraude laboral de la firma de reparto a domicilio

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