La obligación de declarar bienes en el extranjero impuesta en 2012 por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ahora tumbada por la justicia europea, afloró en su día unos 88.000 millones de euros. Una parte de ellos acabaron en las arcas de Hacienda, al incorporarse a la base imponible fiscal de de la que la Agencia Tributaria pasó a tener datos. Pero ahora una buena cantidad, que podría incluir las liquidadas por los Pujol o el rey emérito, Juan Carlos I, podrían tener que devolverse a sus destinatarios, en función de cómo actuaron cuando se les reclamaron las cantidades o si las declararon voluntariamente fuera de plazo.