Faltan piezas del puzle

Estamos batiendo récords en creación de empleo –más de 20 millones de ocupados, como en plena burbuja inmobiliaria- y, a la vez, con un 14,75%, seguimos duplicando la tasa de paro de la Unión Europea mientras se disparan las bajas por enfermedad debidas a contagios por covid, o cuarentenas preceptivas. Parece cada vez más claro que los factores diferenciales de nuestro mercado de trabajo, en negativo, no se deben tanto a la regulación laboral, cuanto a la estructura empresarial que contrata. De las casi 14 millones y medio de empresas inscritas en la Seguridad Social, en torno a seis millones tienen menos de 50 trabajadores y se concentran en agricultura y el sector servicios donde representan cerca del 50% del empleo sectorial. Tamaños y sectores poco dados a invertir en innovación, digitalización, mejoras de productividad y exportación, es decir, donde la precarización de las condiciones laborales es, en muchos casos, la única esperanza de supervivencia. Los estímulos al incremento del tamaño empresarial en España son tanto o más importantes que la reforma laboral a la hora de reducir el paro y mejorar la competitividad y la calidad del empleo. Por ello, la convalidación en el Congreso de la reforma laboral será un paso adelante, pero insuficiente, si no viene acompañado de otras acciones que ayuden a mejorar el tejido empresarial. Las ayudas a digitalización de las pymes con cargo a los fondos europeos van a ser una buena prueba de fuego. Vamos haciéndonos a la idea de que en esta legislatura tampoco se aprobará un nuevo modelo de financiación autonómica, caducado el actual desde 2014. A pesar de que la Conferencia de Presidentes de enero dedicó un tiempo a este asunto, de que el Ministerio de Hacienda ha enviado propuestas parciales (la última, sobre cálculo de la población ajustada) y de que ocho presidentes autonómicos con intereses similares por encima de las siglas partidistas, se reunieron en noviembre en Santiago de Compostela para hablar del asunto, sigo creyendo que no habrá un nuevo modelo, aunque se hagan escorzos sobre el asunto. La ministra, quizá recordando su experiencia anterior como consejera de Hacienda en Andalucía, se ha encargado de que no les falte dinero a las Comunidades Autónomas. Pero lo ha hecho a través de tres instrumentos discrecionales por fuera del modelo: adelantos, créditos y fondos extraordinarios por covid. De hecho, gracias a eso, no han tenido problemas de tesorería y casi todas las Comunidades han cerrado 2021 con superávit presupuestario. La presión por el cambio de modelo se relaja, así, mucho. Además, dentro de nada, encararemos las elecciones autonómicas en aquellas comunidades que no adelanten sus elecciones a este año como ha hecho Castilla y León, a la que seguirá Andalucía. Para una campaña electoral es más útil criticar al Gobierno Central por mantener una financiación «injusta» que dejar de hacerlo porque se acaba de aprobar un nuevo modelo que, casi por definición, no puede satisfacer plenamente a nadie, dando espacio a la crítica interna a las oposiciones autonómicas. Por último, hay que constatar dos cambios políticos transcendentales que se han producido en España en estos tiempos y que juegan en contra de que haya ahora un nuevo acuerdo de financiación autonómica: la situación catalana, que aún en pleno repliegue del independentismo de la mano del mismo ‘president’ de la Generalitat, no puede aceptar una negociación multilateral de un modelo común, aunque todas estas negociaciones, acaben de cerrarse, siempre, en acuerdos bilaterales complementarios. En segundo lugar, la estrategia de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid consistente en ir creando una especie de "nacionalismo madrileño", tan victimista y reivindicativo frente al centro como lo fue el catalán. Eso sí, sustituyendo el "Madrid nos roba", por "el sanchismo perjudica a los madrileños" (sic). La reforma fiscal, tras la presentación en febrero del informe encargado a un grupo de expertos, centrará, sin duda, la atención del Gobierno en este año en estas materias y nos dará temas suficientes de conversación y preocupación. Los predicadores del desastre permanente, que en economía abundan más que en otras ramas del saber, quizá, por aquello de ser "la ciencia lúgubre", empiezan a agitar ya las banderas del duro ajuste presupuestario al que tendremos que hacer frente cuando la UE vuelva a poner en marcha las reglas de estabilidad. Lo dudo, por varias razones. La primera, que lo esperable es que se decida en 2023 volver a aplicarlas, pero a partir del ejercicio 2024. En segundo lugar, porque está asumida la necesidad de revisar unas normas establecidas a principios de los 90, cuando se firmó el Tratado de Maastricht, con los criterios, los números y la correlación de fuerzas de entonces. Y, en tercer lugar, porque la senda de reducción del déficit público marcada por el Gobierno y que lo sitúa cerca del mítico 3% al final de esta legislatura es creíble, si no afrontamos un nuevo cisne negro que convulsione la economía y porque la deuda pública ha subido mucho en términos absolutos y en relación al PIB, pero en un contexto de tipos de interés bajos o, incluso, negativos como a los que está emitiendo el Tesoro en los últimos meses. Es esperable que la anunciada retirada gradual de compra de deuda por parte del BCE a partir del segundo trimestre de este año encarezca las emisiones futuras, pero, salvo una sorpresa en la inflación que lleve a endurecer de forma súbita la financiación, seguiremos con costes presupuestarios medios de la deuda inferiores a los pagados cuando teníamos menos volumen, pero más cara. Así pues, la macro no debería darnos preocupaciones este año, salvo que se desate una espiral precios-salarios que haga reaparecer la inflación, a pesar de que los precios de algunos productos y servicios, como la electricidad, seguirán elevados durante algunos meses. En este contexto, toda la atención deberá centrarse en la reestructuración sectorial, espacial y empresarial de nuestro aparato productivo, asociada a la digitalización, la Inteligencia Artificial y la lucha contra el cambio climático. Ahí se está definiendo la competitividad y el bienestar de un futuro en el que ya vivimos, aunque no nos queramos dar cuenta. En este año, que deberá ser de transición entre la pandemia y la pospandemia, el juego mundial y sus reglas están cambiado a gran velocidad. Quien no lo vea y se adapte de manera inclusiva, quedará, en expresión clásica, arrumbado en el basurero de la historia. Y ese, sí que es un riesgo de verdad.

Faltan piezas del puzle

La convalidación en el Congreso de la reforma laboral será un paso adelante, pero insuficiente, si no viene acompañado de otras acciones para mejorar el tejido empresarial

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