Cómo no hacer las reformas

Al Gobierno se le ha atragantado esta semana la gestión del C23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y también lleva tiempo atascado por el C30 R2-D del mismo Plan. El primero, tiene que ver con la reforma laboral y el otro, con la de pensiones. Y una de las razones de ambos problemas, coincide: ¿son reformas a implementar porque son cruciales, porque están en el Programa de Gobierno, son a pactar con los interlocutores sociales, a consensuar en el Parlamento o a negociar con Bruselas a cambio de 70+70 mil millones de euros de los fondos ‘Next Generation’? Y todo ello, en plena RF (recuperación frenándose) y con IA (inflación alcista). La pelea de patio de colegio que hemos visto estos días hasta que el presidente ha dicho, recordando a Salomón: ni para ti (Nadia), ni para ti (Yolanda, que se está haciendo una campaña electoral impagable con todo este rifirrafe). Para un grupo interministerial creado ad hoc y que presidirá él mismo. Y mientras tanto, en esa lucha por ganar la posición buscando el enceste electoral, corremos el riesgo de perder el objetivo que deben perseguir ambas reformas, que es lo que de verdad interesa a los ciudadanos. Vayamos por partes. Las izquierdas españolas llevan seis años enganchadas en si quieren derogar la reforma laboral impuesta por la mayoría absoluta del PP en pleno rescate europeo, corregir los aspectos más lesivos de la misma o elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado al siglo XXI. La derecha del PP, por su parte, lo tiene más claro: no tocar nada, porque lo que hay es lo mejor de lo posible. De la otra derecha, no sabe, no contesta. Pero si en lugar de discutir los instrumentos, nos centramos en los problemas a resolver, el consenso es amplio e incluye asuntos que vienen coleando desde hace décadas: nuestro aparato productivo no es capaz de absorber toda la mano de obra disponible y ello se traduce en una tasa de paro estructural que duplica la media europea, situación mucho más dramática en el caso del paro juvenil. Nuestro aparato productivo funciona con un nivel de temporalidad (y precariedad) laboral muy superior a la media europea. La negociación colectiva es una herramienta muy oxidada y debilitada, en parte, como consecuencia de las reformas introducidas en 2012 por el PP para debilitar a los trabajadores como parte negociadora y facilitar, así, un descenso de los salarios. Este último aspecto, incluso para aquellos que piensan que fue necesario en aquella situación crítica, es difícil de defender una década después. Finalmente, la digitalización ha dado paso a un nuevo concepto de empresas de plataforma que construyen su valor en torno a un algoritmo y cuyas relaciones laborales se han precarizado al máximo, amenazando un futuro laboral desregulado y muy desequilibrado en favor del empresario. Además de todo esto, las políticas públicas de empleo llevan décadas sin funcionar de forma adecuada, es decir, sin ser capaces de ajustar parados con demanda empresarial de trabajadores. El conjunto de problemas, y sus interrelaciones, va mucho más allá de una cuestión de regulación del mercado laboral. Entre otras razones, porque afecta al núcleo de nuestra sociedad y, por tanto, de la política económica e, incluso, de la política a secas, pero con mayúsculas. Pretender obtener rédito partidista de estos asuntos, a codazos ruidosos, se corresponde con las lacras del modelo partitocrático, que tanto daño hace a nuestra democracia. Así no se hace una reforma estructural de este calado, que debe aspirar a permanecer mucho tiempo y, por tanto, a generar el máximo consenso social y político. C30 R2-D es la clave que identifica a la otra gran reforma, la que busca asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Desde que en 1995 se firmó el Pacto de Toledo, la mayoría de los problemas y de sus soluciones están detectados y puestos de manifiesto, aunque no todas se han puesto en marcha por falta de acuerdo político al que poco contribuyó la aprobación de una reforma del sistema por parte del PP, cuando tuvo la mayoría absoluta para hacerlo de forma unilateral y que, en parte, también se quiere corregir ahora. De entre los varios puntos englobados en este apartado hay dos que, de alguna manera, se compensan: uno positivo para los pensionistas de hoy como es la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC. Otro, más complicado para los pensionistas del futuro porque se trata, lo llamemos como lo llamemos, de reducir la «generosidad» de nuestro modelo actual de pensiones que fija, por razones históricas vinculadas a una tradición de bajos salarios y pensiones de miseria, una tasa de sustitución muy alta entre el último salario medio y la pensión media. Esa elevada "rentabilidad" del sistema público de pensiones está detrás de dos hechos diferenciales de España: el poco desarrollo de los planes de pensiones de empresa e, incluso, de los planes individuales. Sencillamente, el sistema público es más rentable, para la mayoría de cotizantes. Hoy, la realidad es muy diferente a la de hace cuarenta años y deberíamos tender a equiparar esa relación a la que existe en los otros países comunitarios lo que significa que los futuros pensionistas cobrarán pensiones dignas, acordes con lo cotizado y revalorizables con el IPC, pero que guardarán una menor proporción respecto a su último salario. A eso se le llama ahora mecanismo de equidad intergeneracional, y es una de las piezas esenciales para garantizar la sostenibilidad de un sistema de pensiones que, recordemos, acumula déficits con gran facilidad. Aunque también ha sido capaz de generar un importante Fondo de Reserva durante los años del boom inmobiliario y del empleo, con un máximo de 66.000 millones de euros durante el mandato de Zapatero. El Gobierno decidió separar esta reforma en dos partes: una, ya aprobada con el voto en contra de PP y Vox, establecía la revalorización automática con el IPC solicitada por miles de pensionistas en las calles. La otra, pendiente, es el mecanismo de equidad, es decir, la parte "dura" de la reforma que así, será difícil de sacar adelante por acuerdo porque no está claro cómo se hará el proceso negociador. Daría la impresión de que el Gobierno ha preferido asegurar un éxito a corto plazo entre sus votantes, aunque ello ponga en riesgo el objetivo a medio que, no lo olvidemos, es asegurar la sostenibilidad para lo que hacen falta ajustes a la baja como los mencionados. Cargar los déficits de la Seguridad Social al Estado, como se ha hecho en los Presupuestos para 2021, cambia la bolita de cubilete, pero elude el objetivo perseguido que no es sustituir cotizaciones por impuestos en la financiación futura de las pensiones. ¿O sí? En este juego de ajedrez chino con varios tableros simultáneos y superpuestos en que se desarrolla la política española hoy, ambas reformas deben estar "aprobadas" antes de finalizar este año, ya que es una condición establecida para recibir los fondos europeos ‘Next Generation’. Si tenemos en cuenta que quedan otras cien reformas pendientes hasta 2023, parece evidente que el método seguido para las C23 y C30, no es el mejor. Si, además, sabemos también que ambas van a contar con el voto en contra de los partidos de una oposición frontal a todo, me reafirmo en la idea de que así, con polarización y electoralismo, no es como se deben hacer las reformas que tanto necesita nuestro país. A lo mejor, por eso, porque no es fácil, es por lo que no se han hecho hasta ahora. Con, o sin inversiones financiadas por la UE, a cambio.

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