El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha urgido al Parlamento y al Gobierno de España a reformar la norma que rige el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como de plusvalías, para garantizar la seguridad jurídica de ciudadanos y gobiernos Locales, y ha anunciado que, tan pronto se haga pública la sentencia del Tribunal Constitucional, se analizará su contenido y, en la Junta de Gobierno de la FEMP, “tomaremos nuestras propias decisiones de demanda para las Administraciones” por las pérdidas de recaudación.

 A su juicio, y en espera de conocer la sentencia con detalle, el adelanto de la misma conocido ayer viene a anular el mecanismo de cálculo del impuesto, “lo que imposibilita su aplicación” y “significa que las finanzas municipales sufren un muy fuerte deterioro”, que ha calculado en unos 2.500 millones de euros anuales. Esta merma resulta especialmente grave ahora porque, ha dicho “estamos en un momento post pandemia en el que las entidades locales estamos asumiendo gastos que no nos corresponden”.

 Caballero ha recordado que, ya en el comienzo de su mandato en la FEMP, en 2015, se venía pidiendo una reforma de esta ley, y ha insistido en la necesidad de que esa reforma sea “justa para los ciudadanos” y, “como es natural de la forma más rápida posible a los efectos de las haciendas de los Ayuntamientos”. Asimismo, ha mostrado la "cooperación total desde la FEMP con el Ministerio de Hacienda, con el Gobierno de España y con el Parlamento”.