Fiasco de la subasta renovable en su intento por atraer al pequeño productor

La intención era buena, pero se quedó solo en eso. Las dos grandes novedades de la subasta de energías renovables que repartía este martes 3.300 megavatios ‘verdes’ han quedado prácticamente desiertas, sin ningún efecto. El Gobierno había reservado 300 megavatios para pequeñas instalaciones (menos de 5 megavatios) fotovoltaicas de generación distribuida, pero solo se han adjudicado 5,75 megavatios, según la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica publicada este miércoles. Tampoco corrió mejor suerte la reserva de 600 megavatios para instalaciones eólicas o fotovoltaicas en avanzado estado de tramitación, se repartieron solo 21,9 megavatios. Desde el sector no se muestran muy sorprendidos por la baja participación en los proyectos pequeños. Reconocen que el propósito estaba bien pero “los requisitos de carácter local” han ahuyentado a muchos proyectos. “Nosotros ya lo habíamos dicho. No tenía sentido que las plantas pequeñas tuvieran más requisitos que las grandes”, reconoce el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. El Gobierno introdujo requisitos relativos a la población próxima al emplazamiento y otros relativos a la "participación ciudadana" como que el titular de la instalación sea una cooperativa de al menos 10 integrantes; una administración o entidad pública local como un ayuntamiento o que el 25% del capital social o la financiación necesaria para ejecutar el proyecto provenga de 4 participantes de carácter local). Condiciones "muy restrictivas” para el sector a las que se une "para empeorarlas" que la semana pasada se cambiaron las reglas relativas a la tramitación simplificada de los proyectos. "Hasta ahora estaban sujetas plantas de hasta 5 megavatios, ahora el límite está entre 2 y 2,5 megavatios", añade Donoso. Sin embargo, fuentes del Gobierno apuntan en otra dirección y es que en la subasta hay un precio de reserva máximo que es secreto. De esta forma, las ofertas que superan una determinada cifra se quedan fuera del concurso y esto podría haber provocado la descalificación de algunos proyectos pequeños, según sugieren desde el Ejecutivo. Por otra parte, según la orden de convocatoria de la subasta, el objetivo de reservar un cupo y establecer condiciones con carácter local era, por un lado, dar entrada en el sistema eléctrico a instalaciones de producción de menor tamaño “que fomenten la generación distribuida mediante su proximidad a los centros de consumo” y, por otro, “democratizar” el sistema, “buscando una participación activa de los ciudadanos, así como de otros agentes como pymes y entidades locales, en el despliegue de las tecnologías renovables”. Sin embargo, los adjudicatarios fueron dos grandes empresas. Una de ellas es Enerland Generacion Solar, compañía con 14 años de experiencia, presencia en 11 países y más de un millón de paneles instalados, según su página web. La otra, Blacksalt Asset Management, compañía del Grupo Eneris, “con una experiencia de más de 14 años y 2.500 proyectos en más de 65 países”. Tras conocer los resultados del concurso, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, reconocía el miércoles que este cupo reservado a “instalaciones pequeñitas todavía no ha logrado asentarse como un planteamiento atractivo y generalizado”, pero añadía que lo seguirán “manteniendo en las siguientes convocatorias”. “Creemos que es una apuesta que merece la pena”, agregó. Proyectos avanzados Tampoco tuvo éxito el cupo destinado a proyectos en tramitación avanzada. Es decir, la reserva de capacidad para proyectos que se encuentran prácticamente listos para ponerse en marcha. La intención del Gobierno con la subasta era acelerar los procesos para que pudieran estar conectados el próximo año y así tuvieran “impacto antes del verano de 2022” en el contexto actual de elevadísimos precios del mercado mayorista. Solos dos empresas (Baywa r.e. y Green Capital Development 160) han sido las adjudicatarias de un total de 21,9 megavatios, de los 600 disponibles. "Eso ha sido más sorprendente", explica el director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya. El dirigente de APPA reconoce que es posible que no haya suficientes proyectos maduros como para poder haber ido a la subasta. Entre los requisitos de este cupo estaba la puesta en marcha en menos de ocho meses y, de no cumplirse con estos plazos, las compañías se arriesgan a perder los avales que entregan una vez resultan adjudicatarias del concurso. "Tanto el procedimiento administrativo actual como el ambiental se están eternizando", añade.

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