Incumpliendo los plazos marcados por el artículo 134 de la Constitución, el Gobierno ha enviado esta semana a las Cámaras los Presupuestos para 2022. Llevo, por razones profesionales, siguiendo, ayudando o, incluso, participando en los debates sobre Presupuestos desde 1993, cuando se decía que los Presupuestos Generales del Estado son la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer el sector público y de las estimaciones de ingresos que se prevé liquidar durante el correspondiente ejercicio y, por ello, constituyen una pieza esencial en la ejecución anual del programa político del Gobierno. Son las matemáticas de la política y, en ese sentido, uno de los mayores debates parlamentarios del año. Por eso, ha sido (menos en una ocasión) el líder de la oposición quien da la réplica al titular de Hacienda que los presenta y defiende.