ERE en Mopavid: cuando 63 despidos son la salida menos mala

Víctor la última vez que vio como le ingresaban la nómina en su cuenta bancaria fue el 31 de julio, hace casi cuatro meses. No fue la nómina de julio, sino la de junio, que llegaba con un mes de retraso. “En diciembre ya empezaron a pagar el día 4, luego al mes siguiente el 7, luego el 10 y así hasta que dejaron de pagar”, recuerda. Después de eso, la empresa donde todavía formalmente trabaja, Mopavid, dejó de abonarles los salarios. Actualmente Víctor y otros 62 compañeros suyos están acabando el periodo de consultas de un expediente de regulación del empleo (ERE) que la dirección de la empresa registró el pasado 17 de septiembre, según confirman fuentes del Departament de Treball. Si no hay problemas con el SEPE, los 63 futuros cesados de Mopavid volverán a recibir un ingreso -la prestación de paro- cuatro meses después. Mopavid es una empresa ubicada en la ciudad de Badalona con más de 50 años de historia. Está especializada en la fabricación de moldes de vidrio y entre sus clientes se contaban firmas populares como Estrella Damm o Vichy Català. “Al principio nunca pensamos que llegaríamos a este punto. Apenas hemos parado 20 días desde que comenzó la pandemia y la otra fábrica de Badalona que nos hacía la competencia cerró. Faena no ha faltado”, cuenta Víctor. No obstante, ello no ha evitado que Mopavid esté en vías de extinción y se sume a la larga lista de eres que se están sucediendo este 2021. A cierre del mes de agosto, últimos datos disponibles del Departament de Treball, 9.933 trabajadores habían sido cesados vía ere en toda Catalunya; a falta de cuatro meses para cerrar el ejercicio, 2021 ya es el año más negro en cuanto a eres desde el 2012, cuando lo más duro de la crisis financiera azotaba. “Es muy jodido, porque la mayoría no tenemos ahorros para aguantar tanto tiempo. Yo tuve que volver a vivir con mi madre, otros explicaban que sus parejas les recriminaban el no traer ingresos a casa. Cinco compañeros dejaron de pagar la hipoteca, otros pidieron la baja voluntaria para buscar empleo en otro sitio…”, explica. “Al final te empujan a marcharte y a renunciar a la indemnización que por ley te toca. Y a nadie de aquí le sobra”, añade. La plantilla desde el inicio de la suspensión de pagos se organizó, convocó varias jornadas de huelga y, como resultado, consiguieron que la dirección de la empresa se sentara a negociar para finiquitarles de manera ordenada el contrato. Cuando el ere no es lo peor La jurisprudencia establece que un trabajador puede solicitar la extinción del contrato, lo que le daría derecho, entre otros, a cobrar la prestación de paro, tras tres meses de impagos por parte de la empresa. Es decir, la ley contempla que una persona pese a tener un contrato en vigor pueda tener que afrontar tres recibos de facturas, alquileres o hipotecas sin percibir salario alguno. “En cambio, si el trabajador [durante ese proceso] se harta y no acude un día a su puesto de trabajo le pueden despedir por absentismo. Es tremendamente injusto”, denuncia el abogado del Col•lectiu Ronda Josep Pérez; que ha asesorado a los empleados de Mopavid. Partiendo de esa base, al trabajador se le abren tres caminos. Por un lado, está el concurso de acreedores. Mopavid no es la única empresa a la que la crisis del coronavirus le ha dado la puntilla y es que los concursos de acreedores han aumentado un 56% en Catalunya entre enero y agosto de 2021 respecto a los datos anteriores a la pandemia, hasta un total de 1.116; según un reciente informe del Col•legi d'Economistes de Catalunya y la patronal Foment del Treball. La vía del concurso consiste en que una empresa, ante la incapacidad de pagar nóminas, decida presentar concurso de acreedores. Este proceso es más rápido, ya que con la autorización de un administrador concursal los trabajadores pueden ir directos al fondo estatal Fogasa y cobran así el paro. Lo que, según varias fuentes judiciales consultadas, puede demorarse entre dos meses y menos de un año; dependiendo del tipo de concurso. No obstante, la actual normativa covid aprobada por el Gobierno habilita un periodo hasta el 31 de diciembre del 2021 en el que las empresas no están obligadas a declarar concurso de acreedores, aunque en este momento tengan causas para ello. La ley persigue dar oxígeno a empresas para que se recuperen del impacto de la pandemia, pero puede llegar a ser una trampa en algunos casos para los trabajadores. Una demanda puede alargarse más de un año Otra vía es la de demanda, lo que implica esperar esos tres meses de impago, luego cursar la denuncia, esperar a que fijen juicio y que el juez dicte sentencia. Lo que, con el atasco actual de la jurisdicción de lo social, puede añadirle entre 8 y 12 meses a la resolución judicial. Es decir, el trabajador tardaría más de un año en volver a ingresar algo con lo que pagar el agua, la luz, el alquiler o las facturas de la compra. A lo que cabe añadir más tiempo para cobrar la indemnización por despido. Y la tercera vía es que los trabajadores acaben presionando al empresario para forzar el ere, que es lo que ha acabado ocurriendo en el caso de Mopavid. Algo que, no obstante, acaba dependiendo de que el empresario disponga de fondos suficientes para abonar las indemnizaciones por despido, algo que no siempre ocurre. “¿Por qué un trabajador que esté en esta situación, sin ningún ingreso, no puede acceder a una prestación que le proteja?”, se pregunta el abogado de Ronda.

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