Trabajo impone 27 millones de euros en multas a empresas por abusar de los ertes

Los ertes han sido una de las medidas estrella del escudo social desplegado por el Gobierno durante esta pandemia y un puntal clave que ha llegado a sostener en los momentos más duros de la pandemia 3,5 millones de empleos. Ello es consenso extendido tanto entre empresarios como entre trabajadores y para financiarlos el erario público ha asumido un coste extraordinario. No obstante, 'hecha la ley, hecha la trampa' y miles de compañías han abusado y abusan de esta medida para descargar parte de sus costes en las arcas públicas. La nueva prórroga de los ertes hasta el 28 de febrero pactada entre el Gobierno, patronal y sindicatos pretende poner el foco en perseguir estos fraude. Desde marzo del 2020 hasta septiembre del 2021 la Inspección de Trabajo ha detectado un total de 5.703 infracciones en empresas, por las que ha impuesto multas y requerimientos por valor de 27 millones de euros; según datos solicitados por EL PERIÓDICO al Ministerio de Trabajo. El volumen de recursos públicos para habilitar a las empresas una alternativa al despido y blindar con un mínimo de ingresos a los trabajadores afectados ha costado hasta el momento 22.800 millones de euros al Estado, entre prestaciones y exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social; según datos remitidos por los Ministerios competentes. Para poner en contexto, el SEPE gastó en todo el 2019 un total de 19.022 millones de euros en subsidios y prestaciones. Para minimizar el número de empresas que pretenden aprovechar estos recursos fraudulentamente, la Inspección de Trabajo mantiene, en la medida que sus efectivos se lo permiten, una campaña para perseguir estos fraudes. Hasta ahora ha finalizado un total de 34.591 inspecciones, de las cuales 5.703 han concluido con un acta de infracción. Es decir, los inspectores de trabajo detectan fraude en una de cada seis empresas que investigan. Los fraudes más habituales El fraude más habitual que detecta la ‘policía laboral’ en sus actuaciones es el de empleados que están en erte parte o la totalidad de su jornada pero la empresa igualmente les hace ir a trabajar; según coinciden las portavoces de los sindicatos de inspectores UPIT e SITSS. En principio las empresas deben comunicar al SEPE aquellos trabajadores que pasan de estar suspendidos a activados y qué horas vuelven a trabajar. No obstante, no todas lo hacen y algunas aprovechan para descontarse la mitad de las cotizaciones pero hacer trabajar toda la jornada a sus trabajadores. “Es difícil de comprobar, porque muchas empresas han dejado de llevar el registro de jornada durante la pandemia”, apunta la portavoz de UPIT, Mercedes Martínez. Algunos de esos trabajadores dejan de cobrar su sueldo y se quedan solo con la prestación por desempleo. Y otros complementan la prestación con pagos en negro. “Si el trabajador se reincorpora porque la empresa se lo ordena pero no sabe que formalmente sigue en erte, es solo responsabilidad de la empresa. Si sí lo sabe, él también es responsable”, explica la portavoz del SITSS, Ana Ercoreca. Otros fraudes recurrentes son aquellos vinculados con la vulneración de los compromisos de empleo asociados a la recepción de ayudas. Por ejemplo, trabajadores que hacen horas extras mientras parte de sus compañeros siguen en erte. O empresas que contratan a temporales con bajos salarios para hacer el trabajo de una persona con mejores condiciones que sigue en erte. U otras que no cumplen el compromiso de no despedir en seis meses y se llevan la multa y el retorno de las exoneraciones de toda la plantilla. Hasta el 15 de octubre para renovar sus expedientes La nueva prórroga de los ertes obliga a las empresas que quieran mantener su expediente a volver a solicitarlo ante la autoridad laboral antes del 15 de octubre, para que esta revise las condiciones. Inicialmente se planteó que actuara el silencio negativo, es decir, si la administración no decía nada el expediente quedaba tumbado. Ello hubiera dado más margen para revisar a Inspección, tal como manifiestan los sindicatos. Aunque finalmente se ha mantenido el silencio positivo. “El control se está haciendo más a posteriori”, afirman desde UPIT. La formación, nueva sombra de fraude La sombra del fraude no se alarga sobre todas las empresas por igual y aquellas que mantienen su expediente desde los primeros compases de la pandemia son las que más inquietud generan entre los sindicatos. De los 239.230 trabajadores que a último día de septiembre seguían en erte, un total de 87.625 empleados están en expedientes que ya no disponen de ayudas públicas especiales por covid. Los trabajadores están cubiertos con la prestación, pero las empresas no reciben apoyo extra y, en principio, no debieran tener actividad. “Sospechamos que ahí se concentra el fraude”, apunta la secretaria de acción sindical de CCOO de Catalunya, Cristina Torre. “Estamos preocupados”, reconoce su homóloga de UGT, Núria Gilgado. En los tipos de expedientes que mantienen las ayudas, el Gobierno ha introducido un nuevo esquema que entrará en vigor en noviembre que da más ayudas a las empresas que impartan formación. Este es un nuevo foco de potencial fraude, según señalan los inspectores. “Se vigilará que se ha dado esa formación y que no hay empresas pantalla que dan el certificado a costa de no hacer nada”, apunta la portavoz de SITSS.

Trabajo impone 27 millones de euros en multas a empresas por abusar de los ertes

Los inspectores de Trabajo detectan fraude en una de cada seis empresas que investigan

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