Salario mínimo, reforma laboral, pensiones y ertes: así están los puntos calientes del diálogo social

A Gobierno, patronal y sindicatos les espera un otoño especialmente intenso de negociaciones. Varias carpetas se acumulan sobre las mesas de diálogo social, de un calado que marcarán el final de la legislatura y con puntos calientes que separan a los diferentes actores implicados. Esta semana se han retomado las diferentes mesas de pensiones (lunes), reforma laboral (miércoles) y ertes (jueves); mientras las conversaciones para acabar de definir la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) continúan entre pasillos y llamadas telefónicas. Las posturas están más alejadas en unos temas que en otros y el consenso es más fácil acabar hallándolo en unos puntos que en otros. Hasta ahora el diálogo social ha vivido un idilio prácticamente ininterrumpido desde el inicio del 2020. La emergencia de la pandemia ha empujado a las partes al acuerdo y el hecho de que muchas de las cuestiones se resolvieran con recursos públicos, como los ertes, hacía más fácil la entente. No obstante, ahora entran en juego reformas estructurales, que condicionarán el mercado laboral más allá de la pandemia. Y ello dificulta la convergencia de intereses. Estas son las principales materias y los puntos calientes que están a debate en el diálogo social. Salario mínimo ¿De dónde venimos? El primer gran acuerdo fue el de la última subida del salario mínimo, cuando la ministra de Trabajo (hoy también vicepresidenta segunda), Yolanda Díaz, acordó con empresarios y sindicatos alcanzar los actuales 950 euros brutos (14 pagas). Ese éxito no pudo reproducirlo un año después, cuando en enero del 2021 no consiguió pactar una nueva subida para este año. Entonces el ala más conservadora del Gobierno cerró filas con la patronal y se congeló el SMI. ¿Dónde estamos? Ahora en septiembre, al calor de los buenos datos de empleo y con la inflación por encima del 3%, se han reabierto las negociaciones y Trabajo ha puesto encima de la mesa una propuesta de subida de entre 12 y 19 euros. La patronal la ha rechazado y no quiere ningún incremento este año. Para acercarse a los sindicatos, la última propuesta remitida es de subir el SMI unos 15 euros para los últimos cuatro meses del año, sobre la que finalmente se ha logrado cerrar un acuerdo sin la participación de la patronal. ¿Hacia dónde vamos? No obstante, los sindicatos no han cerrado nada con el Ejecutivo, pues su voluntad es dejar atada una subida también para el 1 de enero del 2022. Aquí su propuesta es llegar a los 1.000 euros y estarían dispuestos a aceptar incrementos inferiores este año si se cierra ese importe de cuatro cifras para el próximo ejercicio. El problema es que Trabajo no puede cerrar esta cuestión con ellos, porque no consigue consensuar ese importe con sus socios de Gobierno. La patronal, por su parte, se ha mostrado abierta a negociar subidas en el 2022, pero no ha deslizado qué cifra vería razonable. El Gobierno deberá decidir si pacta una doble cifra con los sindicatos, a costa de enojar a la patronal, o legisla unilateralmente, pues los sindicatos no le aceptarán un incremento por debajo del IPC si no les asegura su objetivo de 1.000 euros para el año que viene. La tercera opción es que los sindicatos apoyen la subida, en un acto de fe y bajo el compromiso inconcreto de una mayor subida en el 2022. Antes de acabar septiembre el Gobierno deberá decidir. Reforma laboral ¿De dónde venimos? La pandemia interrumpió las mesas de negociación en la que Trabajo, patronal y sindicatos debatían desmontar parte de la reforma laboral del PP. Los principales puntos de la reforma eran la subcontratación, la ultraactividad, la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa y la reforma de la temporalidad. No obstante, la emergencia sanitaria dejó en barbecho las negociaciones, que justo arrancaban y sobre las que había documentos compartidos, pero no acuerdos. ¿Dónde estamos? Este lunes el diálogo social ha retomado negociaciones tras el parón de agosto. El principal punto ha sido la reforma de la temporalidad, mediante la que Díaz pretende acotar las causas objetivas que justifiquen firmar un contrato temporal, además de limitar y encarecer el despido. La propuesta de Trabajo pretende reducir a tres los tipos de contrato (indefinido, temporal y de formación). Y el contenido no gusta a la patronal y todavía no convence a las centrales. La reforma laboral de Díaz también pretende que los trabajadores de una subcontrata no tengan peores condiciones salariales que los de la empresa principal, además de recuperar la ultraactividad de los convenios. Aquí el debate es si esta ultraactividad será indefinida o se aumentarán los años de vigencia. Las inaplicaciones de convenio y la modificación unilateral de condiciones laborales también están sobre la mesa. ¿Hacia dónde vamos? El calendario para acabar de finiquitar la reforma laboral es ajustado, pues el Gobierno prometió, en el marco de los fondos europeos, a la Comisión Europea tenerla aprobada antes del 31 de diciembre. Los tiempos que manejan las partes es que quedan mes y medio de negociaciones, pues para principios de noviembre Trabajo querría tener cerrada esta cuestión para poder cursar los trámites perceptivos para llevarlo al Consejo de Ministros. La posibilidad de que se articule como proyecto de ley puede dilatar su entrada en vigor y modificar el contenido del acuerdo en el diálogo social. Pensiones ¿De dónde venimos? El Gobierno consiguió a finales de junio cerrar con los agentes sociales un acuerdo para enterrar parte de la reforma del PP en pensiones. De momento el calendario avanza, a grandes rasgos, según lo planificado por el ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá. Los principales puntos de dicha reforma son la revalorización automática de las pensiones según el IPC y la introducción de incentivos y desincentivos para poner coto a las prejubilaciones y que la gente trabaje más años. ¿Dónde estamos? Los primeros temas que se abordaron en la reunión de este pasado lunes fueron la concreción del reglamento para que los becarios coticen, cómo equiparar las pensiones de parejas de hecho a las de los matrimonios y el nuevo sistema de cotización para los autónomos. Este último elemento es el más polémico. El Gobierno plantea un sistema de tramos, para pagar cuotas de entre 90 y 1.220 euros al mes; según la facturación de los trabajadores. Y plantea un periodo de adaptación de varios años. Sobre estos dos pilares debaten ahora las partes. ¿Hacia dónde vamos? Ahora las negociaciones se encuentran en una segunda fase, en la que se deberá determinar como adaptar el elevado peso demográfico de los ‘baby boomers’ a la escasez de generaciones posteriores. Las partes deberán definir el “mecanismo de equidad intergeneracional”, el instrumento que deberá acabar de definir Escrivá y pactar con los agentes sociales para conseguir que el mayor gasto en pensiones pueda costearse sin un riesgo para el sistema público. Y esto se puede hacer gastando menos o ingresando más (o una mezcla de ambas). Cuanto más restrictivo sea el mecanismo, más difícil será alcanzar un pacto con los agentes sociales; especialmente con los sindicatos. ERTEs ¿De dónde venimos? La que se empieza a negociar este jueves será la sexta prórroga de los ertes covid. Hasta ahora todas las prórrogas se han saldado con consenso tripartito y el Gobierno ha mantenido el frente intacto en el diálogo social. Ha habido sobresaltos y prórrogas apuradas hasta el último minuto antes del Consejo de Ministros que debía validar el acuerdo, pero este siempre se ha alcanzado. El compromiso público, reiterado por distintos ministros, es que mientras haya emergencia sanitaria continuará habiendo ertes. ¿Dónde estamos? Actualmente hay unos 260.000 trabajadores que continúan en erte y que dependen de la renovación de estas ayudas, con sectores como la hotelería, la restauración, las agencias de viajes y el ocio nocturno como principales sectores afectados. Las negociaciones empiezan este jueves y en ellas se deberán dirimir las condiciones concretas de la prórroga. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, deslizó que ‘renovar’ no significaba prorrogar en las mismas condiciones que las precedentes. Hasta ahora la Seguridad Social premiaba más a aquellas empresas que conseguían sacar a trabajadores del expediente y mantenía unos sectores ultraprotegidos. ¿Hacia dónde vamos? El Gobierno planteará sus condiciones y las negociaciones darán comienzo. Si se repite el guion de anteriores prórrogas, lo primero a pactar es la fecha. Teniendo en cuenta que se acerca la campaña de Navidad y que las renovaciones siempre han sido cada tres o cuatro meses, es probable que los ertes se alarguen hasta el 31 de enero. Luego las partes deberán debatir si se replica el actual modelo, se rebajan las ayudas a las empresas o se excluye algún sector. Cuanto más a la baja, más oposición planteará la patronal. Y, a medio plazo, el Gobierno deberá definir un modelo permanente de nuevos ertes, con el objetivo de que empiece a regir a partir del año que viene.

Salario mínimo, reforma laboral, pensiones y ertes: así están los puntos calientes del diálogo social

El Gobierno encara con patronal y sindicatos un otoño intenso de negociaciones que marcarán el final de la legislatura

Lo más visto