El Gobierno encarga a la CNMC que vigile que las eléctricas rebajan la factura

Después del alza desbocada del precio de la luz en el mercado mayorista de los últimos meses, el Gobierno prometió este martes abaratar un 22% el recibo hasta final de año (30% con las rebajas de impuestos aprobadas en junio) con un plan de choque que ha levantado ampollas entre las compañías. Para evitar que las eléctricas tengan las tentación de boicotear las medidas, el Ejecutivo ha encargado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que vigile que las comercializadoras apliquen correctamente ese descuento a partir de su entrada en vigor este jueves. Se trata de evitar malas prácticas como las que el organismo regulador detectó tras la entrada en vigor de los tres tramos horarios de la factura en junio, cuando un "número reducido" de compañías aprovecharon para encarecer el término de energía en hasta un 30%. "La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia supervisará que dicha traslación a los consumidores se corresponde efectivamente con los menores costes derivados de los nuevos cargos y que se realiza de manera objetiva, transparente y sin dilación", se recoge en el Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado este miércoles por el BOE. El texto legal también establece que si las comercializadoras incumplen esa obligación podría considerarse una "infracción grave" según lo dispuesto por la ley del sector eléctrico de 2016. Dicha norma obliga a las compañías a aplicar "cualquiera de las medidas de protección al consumidor de acuerdo con lo establecido en la presente ley y su normativa de desarrollo, en especial las relativas a los consumidores vulnerables". En caso de no hacerlo, se exponen a una sanción por importe "no inferior a 600.001 euros ni superior a 6.000.000 euros". Rebaja de los cargos La factura de la luz está formada, además de por el precio de la energía y los impuestos, por los costes fijos del sistema divididos entre peajes (costes de mantenimiento de las redes de transporte y distribución de electricidad, definidos por la CNMC) y cargos (financiar las renovables, sobrecoste de producción de la energía en los territorios no peninsulares y anualidades del déficit de tarifa, definidos por el Ministerio para la Transición Ecológica). Las principales medidas anunciadas este martes --la minoración de la retribución a hidráulicas, nucleares y renovables, estimada en 2.600 millones de euros, y la mayor aportación de lo ingresado por las subastas de CO2, 900 millones adicionales-- se destinarán a pagar el 96% de los cargos hasta final de año. Es decir, el Gobierno puede rebajar en ese porcentaje la cantidad que el consumidor paga por los cargos en la factura. Para ello, el Real Decreto incluye una actualización extraordinaria de estos cargos que se aplicarán en el recibo desde la entrada en vigor del texto hasta el 31 de diciembre de este año. Pero el Ejecutivo quiere que el consumidor se entere de esa rebaja, por lo que el detalle de las medidas en el BOE establece que ese descuento aparezca claramente en la factura "expresado en euros y en una línea independiente". Dicho descuento, más la rebaja del impuesto especial de la electricidad hasta el mínimo permitido por Europa, son las medidas con las que prevé lograr la rebaja del 22% prometida. "En las facturas vendrá como un descuento de forma explícita, objetiva y transparente. Hemos establecido reglas para ello y que la CNMC lo supervise", explicaron este martes fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Además, este detalle aparecerá en el recibo "con independencia de la modalidad y las condiciones de contratación", según el texto legal. Es decir, también los consumidores que estén en el mercado libre y tengan un precio fijo podrán ver cuál es el descuento que se produce con las nuevas medidas del Ejecutivo. Respuesta a las eléctricas El presidente Pedro Sánchez, precisamente, ha defendido este miércoles que el compromiso del Ejecutivo es defender el bien general "por encima de cualquier interés y presión particular", en referencia a las críticas de las eléctricas al plan para reducir el recibo de la luz. "Lo justo es que arrimemos todos el hombro. Y el Gobierno va a defender siempre en la crisis de la factura de la luz el interés de los ciudadanos por encima de cualquier interés particular", ha insistido el presidente en el Congreso. En la misma línea, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha tildado de "primera reacción en caliente" la respuesta del sector de este martes. "Es obvio que si están acostumbrados y si estaban con la expectativa de que con esta evolución del precio de la electricidad sus beneficios se incrementaran tanto, pues les guste poco que solo se incrementen un poco. Hasta cierto punto es una reacción natural y que hay que entender, pero también es importante entender el contexto del país y el momento en que vivimos, lo extraordinario de esta turbulencia y la necesidad de aportar todos", ha defendido en RTVE. La vicepresidenta, así, ha asegurado que las medidas tienen un impacto económico en las eléctricas que no "ponen en cuestión" su rentabilidad. Asimismo, ha asegurado que su ministerio informó a las compañías del plan que iba a aprobar y que el sector era consciente desde hace meses de que el Gobierno tendría que actuar ante el "otoño complicado" que se presenta por los altos precios de la energía. "La rentabilidad está fuera de cuestión, otra cosa es que, obviamente, hubieran preferido que esto les pasara de lado y no tuvieran que implicarse en la respuesta que consideramos imprescindible", les ha lanzado. Respetuoso con Bruselas Resulta significativo que, en el texto legal aprobado ayer y publicado este miércoles, el Gobierno se ha adelantado a las críticas de las grandes eléctricas, que a última hora de este martes aseguraron que el plan del Ejecutivo va en contra de "la ortodoxia europea y crea un clima de inseguridad jurídica". Así, el Real Decreto afirma que el recorte a la retribución "es plenamente respetuoso con la normativa europea". La "minoración", argumenta, se produce con posterioridad a que el mercado mayorista marginalista haya fijado los precios, como exige Bruselas para incentivar las tecnologías menos contaminantes. Además, sostiene que la medida "cumple con el principio de rentabilidad razonable" para las empresas. Así, el texto destaca que solo afecta a las "rentas extraordinarias percibidas por el súbito incremento de la cotización del gas"; que es "puntual y temporal" (vigente hasta el 31 de marzo de 2022), con lo que "no afectará a las señales de largo plazo a la inversión"; y que se han establecido unos umbrales mínimos que se quedarán las compañías (tendrán que abonar el 90% de lo que exceda un precio del gas 20 euros por megavatio hora de gas, su cotización media desde 2017).

El Gobierno encarga a la CNMC que vigile que las eléctricas rebajan la factura

Las comercializadoras deben trasladar el recorte de forma "objetiva, transparente y sin dilación" o se exponen a multa de hasta seis millones

El descuento deberá aparecer de forma "explícita, objetiva y transparente" en la factura para que el consumidor sea consciente de la bajada

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