El anuncio por el Gobierno de que podría asumir a través de una empresa pública la gestión de las centrales hidráulicas cuya concesión venza en los próximos año ha suscitado una enorme controversia y críticas desde la oposición, aun cuando el ejecutivo ha garantizado que no habrá nacionalizaciones de explotaciones en vigor y se respetará la seguridad jurídica mientras las concesiones estén en vigor. La medida perseguiría influir en el mercado para limitar las escaladas de precios en las ofertas de las plantas hidráulicas cuando los combustibles fósiles como el gas natural disparan su precio en el mercado internacional por la conjunción de factores extraordinarios.