Iberdrola, Endesa y Naturgy copan el 90% de las primeras hidroeléctricas que volverán al Estado

El Gobierno abría la puerta por primera vez este jueves a crear una empresa pública para gestionar las concesiones hidroeléctricas, después de una semana de récords diarios en el precio de la electricidad. Una medida a "medio y largo plazo", según puntualizó este viernes el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que podría servir para tener un mayor dominio sobre los precios según vayan caducando las licencias. Las primeras que lo harán en los próximos diez años suman un total de 720 megavatios instalados, frente a los 20.000 megavatios de potencia hidráulica que hay, y pertenecen en un 90% a las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Naturgy y Endesa, según datos facilitados por el ministerio para la Transición Ecológica. El agua es, detrás de los carísimos ciclos combinados, la segunda fuente de energía por potencia instalada en España. En concreto hay 1.300 centrales hidroeléctricas (1.000 son minicentrales con menos de 10 megavatios), aunque no todas son concesiones públicas. Pero no hay un listado oficial de estas licencias y el Gobierno tampoco facilita los datos de todas ellas, aunque sí una relación de las que finalizan su contrato en la próxima década. Son una treintena, a las que todavía hay que sumar dos centenares de minicentrales hidroeléctricas más, según reveló la vicepresidenta y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, en una entrevista en ‘Al Rojo Vivo’. La mayoría son concesiones otorgadas en la primera mitad del siglo XX por un periodo que solía ser de 75 años, aunque muchas han sido prorrogadas. “El Señor Aznar prorrogó las concesiones mucho más allá de lo que nadie pensó que fuera razonable”, denunció Ribera. Las primeras en vencer lo harán este año (Quinta Cauxa y Villar del Rey), aunque hay algunas que ya han terminado su plazo y son gestionadas por la confederación hidroeléctrica pertinente. Las más grandes en finalizar su concesión, ambas de Iberdrola, lo harán en 2024 y 2028. El Gobierno reconoce que esos contratos de hace años "no tienen nada que ver con las condiciones de hoy de agua disponible, potencial de almacenamiento con bombeo..." y estudia "desde hace algunos meses cómo gestionarlas mejor", según Ribera. La idea de que el Estado gestione las hidráulicas no disgusta al resto del sector eléctrico, aunque no tiene por qué hacerse a través de una nueva empresa pública. “La cuestión es que la explotación de estas centrales la lleve a cabo una empresa que reporte el beneficio para el sistema eléctrico y no para ella misma. Y ya hay una empresa que puede hacer esto, se llama Red Eléctrica”, explica el analista y experto en energía, Francisco Valverde. Según este planteamiento, la empresa semipública REE podría ser la encargada de gestionar las centrales hidraúlicas y el Estado podría licitar el mantenimiento a una empresa externa. El mercado eléctrico funciona a través de una subasta en la que cada hora se va casando oferta y demanda, empezando por las tecnologías más baratas (renovables y nucleares) y terminando por las más caras (ciclos combinados), que entrarán cuando se requiera mucha demanda o cuando no haya fuentes baratas disponibles. Pero se rige por un sistema marginalista, en el que todas las tecnologías se retribuyen al precio de la última que entra en el mercado. Por tanto, cuando las últimas tecnologías en entrar son las caras, las tecnologías más baratas reciben retribuciones extra, es lo que se conoce como ‘beneficios caídos del cielo’. En el caso de las hidroeléctricas, una forma de generación muy barata, además, pueden almacenarse y vender su 'paquete energético' cuando más alto está el precio. Este tipo de tecnología suele entrar justo antes de que entren los ciclos combinados, al mismo precio que estos, por el coste de oportunidad que supondría que las centrales que no queman gas no entraran. En este sentido, Ribera ha advertido de que, con independencia de que la explotación de las hidroeléctricas se haga "a través de una empresa privada o a través de una empresa pública o de las confederaciones hidrográficas", estas concesiones están sometidas a unas reglas europeas y "no se puede vender por debajo del precio".

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