La responsable de 'compliance' de Repsol, María Díaz Aldao, ha defendido ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón la legalidad del contrato verbal suscrito entre la petrolera y la principal empresa del entramado del excomisario José Manuel Villarejo, Cenyt. Para ello ha apelado al prestigio que tenía y a la oportunidad que implicaba poder ser quien la contratara en vez de que lo hiciera la parte contraria, así como el interés que para la petrolera tenía conocer la operación empresarial por la que la mexicana Pemex y Sacyr querían hacerse con su control.
Fuentes presentes en la declaración señalaron que Aldao contestó a todas las preguntas que le realizaron tanto el magistrado como los fiscales Anticorrupción adscritos al caso. A lo largo de casi tres horas explicó que en ningún caso el contrato produjo intrusiones en derechos de terceros, al contrario de lo que sostiene el magistrado en el auto de imputación del grupo energético y de CaixaBank, en el que argumenta que en ese contexto se intervinieron las comunicaciones del entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero. Díaz Aldao, que negó este extremo, se basó en que la operación empresarial era necesaria por seguridad corporativa, porque se pretendía controlar la sociedad sin que se realizara una opa.
Señaló que el contrato fue con Cenyt, no con Villarejo, y que se trataba de una empresa que trabajaba para la administración y para otras empresas del Ibex, por lo que cumplía los estándares de calidad imprescindibles para hacer la contratación. Explicó que Rafael Araujo, entonces director de seguridad, tenía el convencimiento de que el excomisario estaba en excedencia, extremo que solo se podía comprobar entrando en el escalafón del cuerpo para lo que había que formar parte de él. Si Villarejo estaba en activo en la policía resulta de vital importancia para que se dé el delito de cohecho que se imputa a ambas personas jurídicas, junto a otro de revelación de secretos. La representante legal de Repsol hizo hincapié en que nunca hubo intención de ocultar el contrato porque, aunque fuera verbal, las facturas pagadas se reflejaron en el sistema interno.
Seguir el martes
Por parte de CaixaBank compareció ante el juez su responsable de la asesoría jurídica, Ignacio Redondo Andreu, que siguió la línea marcada por el presidente no ejecutivo de CaixaBank entre los años 2011 y 2016, Isidro Fainé, cuando señaló que el presidente de Repsol, Antoni Brufau, le "informó de que Repsol ya tenía contratado un encargo, que lo llevaba su director de seguridad corporativa", y le "propuso compartir la información sobre el pacto" que se obtuviera con él.
Según fuentes jurídicas, Redondo declaró que CaixaBank, accionista de referencia de la energética cuando Permex y Sacyr quisieron hacerse con su control, compartió la necesidad estratégica del contrato de Repsol y se sumó a él. En aquel momento la entidad bancaria aún permitía los contratos verbales. El magistrado seguirá este martes tomándole declaración.