La crisis del covid agudiza el declive de la industria catalana

Nissan, General Cable, Robert Bosch, TE Connectivity, Aludyne Automotive, Italco... la lista de cierres en la industria catalana durante los dos últimos años es larga. Los últimos datos actualizados de expedientes de regulación de empleo (ERE) por el Departament de Treball son desalentadores: de los 9.068 trabajadores afectados por un despido colectivo registrados en los primeros seis meses del año, el 56% vienen de la industria. El goteo de fábricas que aligera plantilla, se lleva la producción a otro lado o directamente echa el cerrojo no deja de aumentar en el otrora motor industrial de la península ibérica. "Catalunya es y ha de continuar siendo un país industrial", afirmó el entonces ‘president’ Carles Puigdemont en julio del 2017, cuando alumbró con patronales y sindicatos el primer Pacte Nacional per a la Indústria. Este fue un marco plurianual de inversiones para engrasar y dar potencia a ese motor, decidir estratégicamente que actividades se priorizaban y que ayudas se inyectaban para impulsarlas. El objetivo que entonces se marcó el ‘president’ era pasar del 20% del peso de la industria en el PIB catalán al 25% en 2020. Según los últimos datos de la propia Generalitat, en 2019 este era del 19,3% y bajando. “Catalunya históricamente ha estado más cerca de Alemania [con un peso de la industria superior al 25% del PIB] y ahora nos estamos acercando a Francia [del 12%]. O hacemos algo o nos desindustrializaremos”, alerta el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. Mejor empleo, empresas más resistentes a los ciclos económicos y de mayor tamaño, beneficios colaterales para el resto de sectores… las bondades de un sector industrial fuerte son un consenso extendido. No obstante, su peso en la economía catalana no ha dejado de bajar en los últimos años. “Hace falta una apuesta integral, con mejores infraestructuras y una energía más económica”, insiste Ginesta. La terciarización de la economía –cada vez más servicios y menos industria- es una tendencia común en toda Europa, aunque no en todas las economías ha cogido la misma velocidad ni partían del mismo punto. El sector industrial empleaba en el 2001 al 28,4% de los catalanes y en el 2021 dicho porcentaje era del 16,9%; según los datos de Idescat. Existe una expectativa entre patronal y sindicatos de que los fondos NextGeneration ejerzan de revulsivo ante este declive, aunque estos no dejan de ser una oportunidad, que puede ser aprovechada o desaprovechada. El concepto de industria está en constante transformación y la Generalitat ha priorizado durante los últimos años aquellas actividades más tecnológicas, como la telefonía, la industria de los videojuegos, la logística o la química. No tanto aquellas más ‘clásicas’, como la manufactura o el auto. Según los últimos datos de captación de inversión extranjera de Acció, de los 480 millones de euros atraídos en el 2020, el 33% fue para nuevas tecnologías y solo el 10% para el sector del automóvil. “Confiarlo todo a las ‘tech’ no tiene sentido. Hablar de digitalización está bien, pero la digitalización tiene que afectar también a una empresa tradicional”, afirma el secretario de políticas sectoriales de UGT de Catalunya, José Antonio Pasadas. Pendientes de un nuevo Pacte Nacional La voluntad política para revertir esta situación, públicamente, existe. “No habrá cambios profundos, transformación ni bienestar sin una reindustralización ligada a la formación y la innovación”, declaró esta semana el ‘conseller’ d’Empresa i Treball, Roger Torrent. No obstante, sobre el papel todavía no hay propuestas concretas, algo que Torrent pretende remediar dando el pistoletazo de salida a un nuevo Pacte Nacional per a la Indústria. Patronales y sindicatos están a la espera de que se reactiven las negociaciones para reeditar ese nuevo pacto, tras quedar pendiente renovar la anterior edición 2017-2020; víctima de la pandemia y la convocatoria de unas nuevas elecciones en Catalunya. La división interna del anterior Ejecutivo, especialmente en la recta final del mandato, dejó en el congelador una renovación de emergencia de dicho pacto. Sobre la mesa se llegó a poner un papel con inversiones y la movilización de 360 millones de euros, tal como ya adelantó EL PERIÓDICO en octubre del 2020. No obstante, esa cifra global no se llegó a concretar y patronal y sindicatos declinaron poner su firma en un documento que corría el riesgo de generar más expectativas que resultados. Ahora, con la nueva ‘conselleria’ encabezada por Roger Torrent, que combina Treball y Empresa bajo un mismo techo, los agentes sociales exigen mover ficha: recuperar ese plan de choque en el corto plazo y armar rápidamente un nuevo Pacte para el horizonte 2022-2025. La ascendencia política de Torrent dentro de ERC la ven como una carta a favor. Pues más allá de los fondos que puedan venir de Europa, la movilización de recursos propios por parte de la Generalitat será requisito indispensable. En el anterior se asignaron 1.814 millones de euros durante cuatro años, que mezclaban partidas ya antiguas de diferentes departamentos, con proyectos nuevos (los menos). La intención de Torrent es pactar ya antes de finalizar el año las primeras medidas de choque y dejar cerrado para el periodo 2022-2025 un nuevo Pacte. A diferencia del anterior, este quedará vertebrado en proyectos específicos, no tanto líneas de actuación como el anterior, que puedan encajarse en el marco de los PERTE. “Si no hacemos nada nos convertiremos en la Roca Village de Europa”, advierte el secretario general de Pimec.

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La ola de eres lleva dos años cebándose especialmente en el sector industrial y patronal y sindicatos ven en los fondos europeos un revulsivo para tratar de revertir el cierre de empresas estratégicas

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