El Ayuntamiento de BCN prescinde de 102 orientadores laborales pese al auge del paro

Barcelona Activa ha anunciado que no renovará a 102 orientadores laborales empleados con un contrato temporal, aunque ello le implique renunciar a gestionar parte de la millonaria inyección de recursos anunciada en los últimos meses para combatir el auge del paro provocada por la pandemia. Los servicios públicos de ocupación del ayuntamiento de la capital catalana alegan que prolongar los contratos de obra y servicio de estas profesionales (pues la mayoría son mujeres) sería incurrir en un fraude, debido a recientes sentencias que han fallado en su contra, y que les obliga a prescindir de este núcleo importante de trabajadoras, aunque ello vaya en detrimento tanto de las afectadas, como de los usuarios. "La calidad del servicio no se verá afectada, pero, desgraciadamente, sí la cantidad", reconocen desde Barcelona Activa. El martes de la semana pasada la dirección de Barcelona Activa remitía un correo electrónico a sus empleados en el que les informaba que el organismo procedía a postular, como cada año, a las diferentes convocatorias de fondos públicos, desde las habilitadas por la Generalitat hasta las de la UE, para financiar programas de ocupación y políticas activas de empleo. Y que para ello no podría realizar nuevos contratos de obra y servicio e incorporar así a profesionales que gestionen dichos programas. De momento solo postulará a aquellos concursos que pueda gestionar con los empleados fijos en plantilla. Resultado: 102 orientadoras que actualmente prestan servicio con un contrato de este tipo, sobre una plantilla de 400, se irán a la calle en cuanto el programa que gestionan acabe. Y no serán reemplazadas, lo que, según las afectadas, deja a otras 56 personas sin ese contrato que esperaban firmar en los próximos meses. "Por ley no podemos seguir contratando así a estos trabajadores", insisten desde Barcelona Activa, que están estudiando como gestionar esta decisión judicial y minimizar el impacto sobre el servicio público. “Nos vemos obligados a presentar proyectos de dimensión más reducida, debido a la imposibilidad de contratar a las personas que deberían trabajar en los programas que se nos adjudiquen: ni a través de contratos de obra y servicio, debido a sentencias recientes, ni a través de contratación indefinida, tal como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado vigente”, reza la circular remitida a la plantilla. El comunicado llega la misma semana en la que la Generalitat anunciará una inversión récord de 917 millones de euros para desplegar un plan de choque contra el desempleo en toda Catalunya. Y en paralelo al plan de inversiones que el propio consistorio barcelonés está desplegando para rebajar las tasas de desempleo en la ciudad, con actuaciones como los 12 millones de euros contra el paro juvenil que se gestionan desde Barcelona Activa. Servicios de empleo temporales En el mismo comunicado, el servicio barcelonés reconoce que ello mermará su capacidad para ofrecer programas y cursos mediante los que ayudar a encontrar empleo a los vecinos en paro. Pero que, “debido a sentencias recientes”, no pueden reproducir este sistema de contratación. El Sindicat de Professionals d’Ocupació de Catalunya (SPOC) está estudiando, asesorado por el bufete de abogados Col·lectiu Ronda, medidas ante el anuncio de los ceses y habla de "ere encubierto". Desde la plataforma elevan a 158 las personas afectadas, ya que a las 102 contratadas suman 56 más, que no están contratadas, pero sí en una bolsa de empleo con compromiso de contrato a futuro y que ya no podrán incorporarse en los próximos meses después del veto anunciado recientemente. Desde el Col·lectiu Ronda también recuerdan que desde el año 2000 que llevan presentando y ganando denuncias individuales contra Barcelona Activa por abuso de la temporalidad. El modelo organizativo bajo el que se despliegan las políticas activas de ocupación en este país está sustentado por la temporalidad. Desde Barcelona Activa, hasta el SOC (Generalitat), pasando por los servicios municipales. Hasta ahora el sistema funcionaba de la siguiente manera: cada año se sacan a concurso subvenciones, los diferentes organismos postulan a ellas y contratan, mediante el obra y servicio, a técnicos para que los desplieguen. El contrato de estos profesionales dura lo que dura la subvención, que suele ser entre uno o dos años. Es decir, la relación laboral de ese orientador puede llegar a durar menos que la situación de desempleo que la persona que atiende. Todo ello provoca que haya masas de orientadores que van migrando de unos servicios a otros, dependiendo del flujo de subvenciones. Aquí Barcelona Activa ha querido cortar de raíz con esta práctica, a costa de ver mermada significativamente su capacidad de prestar servicios. Y sin ofrecer una alternativa para incorporar de manera indefinida a estas orientadoras eventuales.

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