Ofensiva contra la 'cultura de la temporalidad': los 5 'misiles' que prepara el Gobierno

"La crisis económica que atraviesa España [...] ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español. […] Este ajuste ha sido especialmente grave para los trabajadores temporales. Mantenemos una tasa de temporalidad de casi el 25%, mucho más elevada que el resto de nuestros socios europeos. La temporalidad media en la UE 27 es del 14%, 11 puntos inferior a la española". Este encabezado de real decreto no forma parte del primer borrador que la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negocia con la patronal y los sindicatos; sino que es la introducción de la reforma laboral aprobada en el 2013 por el PP de Mariano Rajoy. El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando una ofensiva contra la 'cultura de la temporalidad' que arrastra desde hace décadas el mercado laboral español. Una batería de ‘misiles’ pilotados desde diferentes ministerios, como Trabajo, con Yolanda Díaz abogando por simplificar los tipos de contratos. O Miquel Iceta en Función Pública, responsable de reducir las elevadas cotas de interinidad por las que España ha sido ya reprendida en múltiples ocasiones por la justicia europea. O José Luís Escrivá, explotando sus competencias en materia de incentivos y desincentivos para con la Seguridad Social. Sánchez pretende vencer donde todos sus antecesores fracasaron, desde la reforma de otro socialista, Felipe González, en el 1984. Aquella modificación del Estatuto de los Trabajadores, pilotada por Joaquín Almunia -posterior autor de la frase: "Mejor algo mediocre que nada"; en relación a los trabajos a tiempo parcial- descausalizó el contrato temporal y abrió la puerta de par en par a tres décadas de elevada eventualidad. Las diferentes reformas aplicadas por el bipartidismo han tratado de domar, sin éxito, la que se ha denominado "cultura de la temporalidad". Una anomalía española, en comparación con los estándares europeos. 1. Simplificación de contratos La reforma que más directamente pretende incidir en la eventualidad es la que pilota Yolanda Díaz y que pretende simplificar a tres los tipos de contrato: indefinido, temporal y de formación. La última gran sacudida en este sentido la aplicó la ministra del PP, Fátima Báñez (hoy en la CEOE). Esta consistió en reducir de 41 a 5 las tipologías de contratos, aunque luego esas cinco tenían múltiples submodalidades. Lo que no acabó eliminando la elevada complejidad normativa. A los sindicatos, no así a la patronal, esa simplificación les suena bien, pero alertan de que para que las leyes se cumplan es necesario que alguien vele por ello. "Necesitamos triplicar los recursos para Inspección de Trabajo. Y hacerlo de manera permanente. No puede pasar como ahora con el SEPE, que todo el mundo se queja de que va mal, de que faltan recursos... pero cuando pasa la crisis, nadie se acuerda hasta la siguiente", afirma la secretaria de empleo de CCOO, Lola Santillana. 2. Limitar duración y endurecer el despido La reforma de la contratación de Díaz tiene otras dos patas. No solo se quiere reducir los tipos de contrato y reforzar su causalidad (que los temporales sean realmente temporales), sino también limitar su duración a, máximo, un año. Dos si es para cubrir una baja. Y endurecer las condiciones del despido. Reducir la duración de los contratos eventuales no es nuevo reformas como la de Rajoy ya lo hicieron y aquí las centrales presionan para apurar los avances tecnológicos para esa ‘cruzada’ contra el abuso de la temporalidad. "El Gobierno debe tener los mecanismos para convertir automáticamente cualquier contrato temporal que supere un tiempo determinado en uno indefinido", exige el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. El líder de UGT pone como ejemplo las campañas específicas que puso en marcha la anterior ministra socialista, Magdalena Valerio, que en el 2019 realizó un envío masivo de cartas a empresas donde, tras el cruce de datos entre Seguridad Social y el SEPE, los inspectores tenían indicios de que determinados contratos podían estar en fraude. Solo en su primer año, el Plan Director por un Trabajo Digno convirtió a indefinidos a 59.359 temporales (el 66,5% de los objetivos). De momento, las negociaciones para reformar esas tipologías de contrato se están focalizando en los contratos temporales, aunque el economista de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz apunta que, en algún momento, ello también implicará redefinir las actuales condiciones de los indefinidos. "Al final son vasos comunicantes. Si la reforma del Gobierno no flexibiliza el uso de estos segundos, se quedará en una reforma cosmética", afirma. 3. Más tasas a los contratos ultracortos “Hasta ahora las principales reformas se han enfocado demasiado en los incentivos y no han acabado de funcionar”, comenta el profesor de economía del trabajo de la UB, Joan Antoni Alujas. La última fue en el 2019, cuando la ministra Valerio introdujo una sobrecotización y en el caso de los contratos que duran menos de cinco días el empresario debe pagar el 40% más que en el caso de un indefinido. La intención de Escrivá es aumentar más esa cifra y hacerlo en proporción. Es decir, cuanto menos dure el contrato, más deberá pagar el empresario. “Medidas así lanzan un mensaje peligroso, pues si se fija un precio, por mucho que este se encarezca, los empresarios pueden pensar que sigue siendo lícito. Y muchos de esos mini contratos, con altas y bajas de fin de semana, directamente están en fraude”, apunta el profesor de derecho del trabajo de la Universitat de Valencia, Adrián Todolí. "Es muy importante que las reformas tengan el máximo grado de diálogo social y que sean coherentes en el tiempo, sino no durarán", añade. 4. Limitar a 3 años la interinidad en el sector público "Consejos vendo, que para mi no tengo", le ha espetado en alguna ocasión el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, a los miembros del Gobierno. Pues en paralelo a los elevados índices de temporalidad en las empresas, la eventualidad en el sector público es superior. Rozando, en servicios como educación o salud, el 40%. Hasta ahora acuerdos firmados entre anteriores Ejecutivos y los sindicatos, como los del 2017 y el 2018, para garantizar la convocatoria de oposiciones, no han funcionado. Ahora el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ultima una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) que, por un lado quiere limitar a tres los años que un interino puede estar en la misma plaza. Y, por el otro, quiere pedir responsabilidades incluso por prevaricación a los gestores que no convoquen las oposiciones a tiempo. 5. Los ertes poscovid, como alternativa al despido La figura de los ertes ha sido y está siendo un dique de contención ante gran parte de los despidos durante esta pandemia. La situación, una vez estabilizada la emergencia sanitaria, no es la misma y el Gobierno pretende reciclar la herramienta. Aprovechando los fondos europeos, el Ejecutivo pretende armar una especie de ‘hucha’ de los ertes para dar ayudas a las empresas que no despidan, costear las prestaciones de los trabajadores y financiar formaciones para mejorar su aptitudes o permitirles transitar hacia otros sectores. "La reforma de los ertes puede ayudar a mejorar la flexibilidad interna, pero por si sola no tiene capacidad suficiente para acabar con la dualidad en el mercado de trabajo", apunta el economista de Fedea José Ignacio Conde-Ruiz. "La clave es que se habiliten ante caídas puntuales de demanda. No puede servir para empresas que van a acabar despidiendo retrasen esos ajustes. Y luego solo deberían poder acceder a empresas con una temporalidad por debajo de la media de su sector. No puede ser que encima que se aprovechan de la temporalidad, que tiene un coste para los trabajadores y para el Estado, también se aprovechen de este mecanismo público", añade.

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Los ministerios de Díaz, Iceta y Escrivá ultiman medidas para reducir los altos índices de eventualidad por los que la UE lleva años reprendiendo a España

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