Escrivá ata su reforma en pensiones al desplazar lo más conflictivo a otoño

El ministro José Luís Escrivá ya puede tachar desde este lunes, aunque formalmente deberá esperar a la tarde del martes cuando CEOE le de su ‘sí’ definitivo, la que ha sido desde hace meses su principal prioridad legislativa: atar el primer bloque de la reforma de las pensiones. El titular de la Seguridad Social ha conseguido superar los escollos que le separaban de los agentes sociales a costa de desplazar varios de los temas más espinosos a partir del otoño y que son claves en su esquema para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Desde hace un par de meses que sobre este primer acuerdo en pensiones cuelga el cartel de “inminente”. No obstante, esa “inminencia” se alargó desde marzo hasta la última semana de junio. "Depende de cómo definamos inminente", se escudaba ante los periodistas el ‘número 2’ de Escrivá, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. Y es que entre las partes se erigió uno de los elefantes en las negociaciones: el factor de sostenibilidad del PP. Este elemento, que no entraba en vigor hasta el 2023, liga el importe de las pensiones a la esperanza de vida. Y en el esquema del PP era clave para garantizar la viabilidad del sistema público ante el envejecimiento progresivo de la población. Los sindicatos han apretado para derogarlo y poder vender ante los suyos que habían conseguido acabar con la herencia del Rajoy en este terreno. Y Escrivá, queriendo suprimirlo, prefería hacerlo una vez ya hubiera negociado su sustituto, pues avanzarse supondría perder una baza negociadora y dar margen a los sindicatos para enrocarse a futuro. Al final la cuestión se ha solventado buscando el punto medio y los equilibrios. Pues el primer bloque de la reforma irá ahora en un anteproyecto de ley que empezará prontamente a ser examinado en el Congreso. A estas alturas del verano, no es probable que antes de septiembre llegue la cuestión a la cámara. Y, una vez iniciado ya el trámite, lo que consigan pactar las partes se introducirá en una enmienda al anteproyecto de ley. El documento que han dejado ya firmado en la mañana de este lunes Gobierno, patronal y sindicatos deja claro que, si para el 15 de noviembre no hay acuerdo sobre este tema, el Ejecutivo tirará para adelante por su cuenta. El heredero del factor de sostenibilidad, todavía pendiente, entrará en vigor a partir del 2027; como ya introducía la incipiente reforma del 2011 de José Luís Rodríguez Zapatero, que se quedó a medias debido al adelante electoral. Pese a que desde Seguridad Social quitan hierro a este elemento, en comparación con otros puntales de su reforma, las hostilidades sobre el mismo han embarrado las conversaciones. En otoño se decidirá su suerte. Si para los sindicatos el factor de sostenibilidad ha sido una línea roja, para la patronal un trago amargo que le planteaba Escrivá era el destope de las bases máximas de cotización. Pues ello implicaría que las empresas deberán aumentar sus costes laborales entre sus trabajadores mejor pagados. Ahí entre todos han pactado una patada para adelante y, después de cerrar ahora sí, aumentar las penalizaciones para los trabajadores mejor pagados; a finales de este año deberán acometer cómo aumentar las bases de cotización para amortiguar esa afectación entre parte de los futuros pensionistas. La reforma de los autónomos, para el 2022 Otro hueso en las negociaciones que quedará pendiente para más adelante es el nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos. Y, pese a que en los últimos meses esta cuestión ha figurado en más de un borrador intercambiado entre las partes, finalmente esta no entrará en vigor hasta el primer semestre del 2022. Aquí también ha habido diferentes pareceres, tanto por parte de la patronal, como por los sindicatos. El modelo que les pone encima de la mesa Escrivá consiste en transitar hacia un modelo de cotización en función de los ingresos, no como ahora, que cada autónomo escoge la cuota que más le conviene. Independientemente de si gana mucho o poco. Según los cálculos del Ejecutivo, dos de cada tres afiliados al RETA pagarían menos con este nuevo esquema. La patronal recela de las cuotas de entre 90 a 1.220 euros mensuales de la propuesta oficial y los autónomos vinculados a los sindicatos no gustan del periodo de transición de 10 años que esta plantea; entre otros. Una parte importante del canal por donde han de entrar los recursos necesarios para financiar el futuro del sistema de pensiones depende directamente del resultado de ese segundo asalto. El esquema de incentivos y desincentivos para alargar la vida laboral empaquetado en este primer bloque de reformas es una pieza que en la Seguridad Social consideran clave, pero no suficiente por si sola para garantizar la viabilidad del esquema con el que Escrivá pretende cerrar una reforma pensada para que «dure 25 años», como él mismo ha descrito.

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