El Gobierno desplaza a otoño la fase decisiva por la reforma laboral y de pensiones

El Gobierno, la patronal y los sindicatos esperan firmar este lunes un primer gran acuerdo en materia de pensiones, que será la antesala de un otoño caliente de negociaciones en las mesas de diálogo social. Pues el principio de acuerdo tejido entre el ministro José Luís Escrivá y los agentes sociales deja para más adelante uno de los temas más espinosos: hallar el sustituto del factor de sostenibilidad, heredado del PP. Las partes, para desencallar el primer bloque, han pegado una patada hacia adelante y se han dado de margen hasta mediados de noviembre para negociarlo; según explican fuentes conocedoras de las conversaciones. Si no hay entente, el Gobierno deberá decidir si opta por legislar sin acuerdo social. Al Ejecutivo, la patronal y los sindicatos se les acumulan carpetas de calado, como es también la de la reforma laboral; que al ritmo de los actuales contactos y ante el rechazo frontal de los empresarios, no entrará en su fase decisiva hasta final de año. De la aprobación de estas dos cuestiones depende el aterrizaje del grueso de los fondos europeos durante los próximos dos años. Si el 2020 fue un año de intensas negociaciones entre patronales y sindicatos para acordar cuestiones relativas a la emergencia del covid, desde las sucesivas prórrogas de los ertes hasta la nueva ley de teletrabajo; este 2021, especialmente en su recta final, no parece que vaya a ser distinto. Aunque las materias a abordar sean más referentes a la reconstrucción y reconversión de la economía poscovid. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, prevé levantarse el lunes de la mesa con patronal y sindicatos con un acuerdo por escrito bajo el brazo para una primera reforma en pensiones. Esta incluirá cuestiones como el régimen de incentivos y desincentivos para alargar la vida laboral de los trabajadores; así como el nuevo sistema de revalorización de las pensiones, ligadas estas directamente con el IPC; entre otros. No obstante, en ese acuerdo habrá un gran ausente que ha marcado los últimos meses de negociaciones: el factor de sostenibilidad. Este elemento, heredado del PP y que no entraría en vigor hasta el 2023, fue diseñado para reducir el importe de las pensiones en función de como aumente la esperanza de vida de los pensionistas. Su objetivo era equilibrar el balance de ingresos y gastos en las arcas públicas, bajo la premisa de “garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones”. Escrivá quería derogarlo, pero más adelante, y los sindicatos querían derogarlo ya y luego negociar su sustituto. Fecha límite: 15 de noviembre Las negociaciones se han desencallado en un punto medio: Escrivá ha concedido cinco meses a las centrales, hasta mediados de noviembre, para pactar un nuevo "mecanismo de equidad intergeneracional". Es decir, una fórmula que evite que el progresivo envejecimiento de la población dispare el déficit de la Seguridad Social. Lo que se puede hacer por la vía de aumentar los ingresos, como abogan CCOO y UGT, o por la vía de disminuir los gastos (y las pensiones), como quería hacer el PP. En los papeles remitidos a la UE, el Ejecutivo ya avanzado que alguna ligazón con la esperanza de vida tendrá este nuevo mecanismo. Estas últimas semanas, Ejecutivo y agentes sociales no solo han estado trabajando en un documento que convertir en anteproyecto de ley y poder llevar a un Consejo de Ministros inminente las primeras reformas en pensiones. Sino que también han pactado un acuerdo político, donde quedan recogidos los tiempos de segundas y terceras fases de la reforma. Es decir, las bondades del primer acuerdo que previsiblemente se cerrará el lunes pueden ser sucedidas por duros reproches en unos meses, pues definir al heredero del factor de sostenibilidad se presenta como el más espinoso de los puntos de la reforma. Cabe recordar que, en el primer bloque, Escrivá ha cedido en una interpretación alcista del gasto para revisar las pensiones según el IPC; cuando él abogaba por introducir elementos correctores que contuvieran el desembolso público. El plazo para pactar dicho recambio está fijado hasta mediados de noviembre, según explican fuentes conocedoras de las conversaciones, y si en cinco meses no hay acuerdo, Escrivá estará legitimado para legislar unilateralmente. Otra cosa será que, dependiendo de la fórmula que pudiera escoger, esta encuentre apoyos suficientes en el Congreso, pues en esta materia las tiranteces con su propio socio de Gobierno, Unidas Podemos, han sido manifiestas. En esa recta final de año también se negociará el nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores autónomos para que tributen en función de sus ingresos. Este, sobre el que las partes llevan debatiendo ya desde hace meses y que se llegó a plantear que fuera en el primer bloque de reformas, irá con su propio anteproyecto de ley. La idea es que esté ya operativo a partir del 2023, con un periodo transitorio de una década. Reforma laboral y posible cambio de cromos Si para otoño las mesas en materia de pensiones sacarán humo, aquellas en las que se discutan las cuestiones laborales no se prevén menos revolucionadas. Varias carpetas tiene encima de la mesa la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el compromiso público de cerrarlas antes del 31 de diciembre. Negociación colectiva, subcontratación o simplificación de las tipologías de contratos son las principales. Otras, como la nueva Ley de Empleo, ya se ha dejado directamente para el 2022 viendo el atasco y el poco consenso entre las partes en determinadas materias. "Hoy por hoy tenemos una posición frontal", afirmó el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ante su plana mayor en la reciente asamblea general de la patronal. “Cargada de ideología” o “desalineada de la realidad de las empresas” fueron algunos de los adjetivos que le dedicó el líder empresarial a las propuestas del Ministerio de Trabajo. Un triple consenso entre Gobierno, sindicatos y empresarios para meterle mano a la reforma laboral del PP se presenta, “hoy por hoy”, complicado. Y fuentes consultadas de las centrales temen que la coincidencia entre la recta final por el factor de sostenibilidad en las pensiones y por la reforma laboral pueda provocar que el Ejecutivo les plantee una especie de ‘cambio de cromos’. Que las contradicciones en una mesa les pesen para exigir más o menos ambición en la otra.

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