La crisis económica desatada por la pandemia está provocando que millones de niños en todo el mundo se vean obligados a dejar la escuela y ponerse a trabajar. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Unicef han publicado este jueves un informe en el que alertan del primer repunte del trabajo infantil en las últimas dos décadas. Según sus números, 8,9 millones de menores de edad en todo el mundo se verán obligado a renunciar a lo largo de este año a su niñez y ponerse a trabajar para contribuir a los ingresos familiares. Y se sumarán a los 160 millones de niños que ya eran una hormiga en la economía mundial.
Una estampa propia de la posguerra española es el día a día del 10% de los niños en todo el mundo, que, arrastrados por la pobreza, deben renunciar al pupitre por un trabajo remunerado. La mitad de estos desempeñan trabajos peligrosos que ponen en riesgo directamente su integridad física y/o su estabilidad mental. “Los progresos mundiales en la lucha contra el trabajo infantil se han estancado por primera vez desde que empezamos a producir estimaciones mundiales, hace dos decenios”, alertan la OIT y Unicef en su informe.
“Si no se adoptan medidas urgentes de mitigación, la crisis de la covid-19 probablemente dé lugar a que muchos más millones de niños se encuentren en situación de trabajo infantil”, insisten desde estas organizaciones internacionales. Particularmente preocupante es la situación de los estados del África subsahariana, donde el incremento del trabajo infantil no es cosa del virus y desde el 2012, cuando en España todavía se sufría la crisis financiera, esta lacra va al alza. “En la actualidad, existen más niños en situación de trabajo infantil en África Subsahariana que en el resto del mundo”, alerta el informe publicado este jueves.
Pobreza local, responsabilidad mundial
El trabajo infantil se concentra eminentemente en zonas rurales, hasta el punto de que tres de cada cuatro menores empleados viven en una área no urbana. Ello viene provocado porque la mayoría de los niños trabajadores se dedican a la agricultura, especialmente aquellos con una edad comprendida entre los 5 y los 11 años. La pobreza de las familias es la principal empleadora de esos infantes, pues son los propios progenitores los que les sacan de la escuela porque necesitan manos extra para llegar a final de mes.
No obstante, la OIT y Unicef también señalan a las grandes multinacionales e invocan su responsabilidad a la hora de garantizar unos mínimos derechos humanos en toda su cadena de producción. “Son particularmente pertinentes las microempresas y empresas pequeñas que despliegan su actividad en los niveles inferiores de las cadenas de suministro, en las que los riesgos de trabajo infantil y de violación de otros derechos humanos a menudo son más pronunciados”, aseveran las organizaciones.
El informe también advierte a los estados que todavía está en su mano revertir ese repunte incipiente del trabajo infantil. Para ello les instan a prolongar, como mínimo mientras dure la emergencia sanitaria, las medidas de protección social destinadas a los hogares para mitigar la pobreza. Especialmente en entornos rurales y atendiendo a las particularidades de los mismos. Otra recomendación, de corte más estructural es hacer obligatorio y de cumplimiento efectivo el registro de cada nacimiento, para así permitir a la administración de turno cerciorarse de que a ese infante se le respetan sus derechos y puede acceder a una educación.
Y, particularmente a los estados de las economías industrializadas y a la organizaciones económicas internacionales, la OIT y Unicef instan a impulsar “el alivio de la deuda”, que “debería extenderse y la deuda debería reestructurarse en los países que ya están muy endeudados, para que el gasto social no se vea desplazado por los crecientes pagos del servicio de la deuda”.