El mercado mayorista de la electricidad ( “pool”, en la jerga del sector energético), donde a diario se fija el precio del 80% de los kilovatios que se consumen en España, marcó el pasado abril valores medios que casi triplican los de un año antes. Es parte de una escalada que, de prolongarse, tendrá impactos relevantes en la factura de los usuarios y particularmente en las grandes industrias asturianas intensivas en consumo eléctrico (Arcelor Mittal y Azsa, entre otras). La cotización de los llamados derechos para emitir CO2, disparada últimamente por la política climática de la UE y también por la acción de los especuladores financieros, está detrás de un fenómeno que, al mismo tiempo, está cargando las arcas de los gobiernos a través de las subastas de carbono.El mercado. El comercio del CO2 impacta del siguiente modo sobre el precio de la luz: las centrales que usan combustibles fósiles (gas natural y carbón) están obligadas a pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten, coste que las empresas propietarias repercuten en los precios que ofertan en el “pool”; por el modelo de funcionamiento de ese mercado (marginalista), todos los megavatios necesarios para cubrir la demanda de cada hora se retribuyen al precio más alto, el de la última central cuya oferta es aceptada; si se trata de una térmica fósil, el resto de la electricidad aportada por otras tecnologías (hidráulica, nuclear, eólica…) cobrará el precio marcado por ella, incluido el coste repercutido del CO2, aunque se trate de plantas con cero emisiones; la aplicación del criterio del “coste de oportunidad” hace también que incluso cuando el último megavatio procede de una planta hidroeléctrica, con emisiones nulas y apenas costes variables, el precio recoja a menudo, de manera implícita, el efecto de la cotización del dióxido de carbono.