Calviño: "La competencia fiscal a la baja es irresponsable y empobrece a todos"

-El plan de recuperación recoge el sistema de peajes en las autovías del Estado ¿se va a instaurar? -Francamente creo que es un error perder de vista la imagen global de un plan con una inversión de 140.000 millones hasta 2026 y un programa muy ambicioso de reformas para modernizar la economía. Pediría por favor que no se reduzca la atención a un único elemento. Todos somos conscientes de la caída muy intensa en la inversión pública tras la crisis financiera desde el 4% o 5% del PIB al 2%. No se ha recuperado y muchos años ni siquiera invertimos lo suficiente para mantener las infraestructuras. Sabemos también que el modelo de financiación se basó en concesiones a operadores privados, por lo que una parte de nuestros territorios paga por el uso de esas infraestructuras y otros no. -Un ejemplo, las autopistas.... -Tenemos que diseñar un modelo de financiación de las vías de alta capacidad más justo. Son 140.000 millones que vienen del conjunto de los contribuyentes europeos. El planteamiento de nuestro país no puede ser el de bajar impuestos y no asumir modelos de gestión de infraestructuras que sí tienen nuestros países vecinos. Esta vez la respuesta europea es la de endeudarse juntos para invertir juntos en nuestro futuro, pero eso exige responsabilidad de todos los países e ir en la línea de europeizarnos. -Pero, ¿es más justo que el trabajador al que no le queda otro remedio que usarla pague por ella? -Se trata de un tema complejo que requiere un trabajo serio para acertar con el modelo. El modelo de pago por uso es un proyecto en el que ya trabajaba el Partido Popular así que espero que sean constructivos. En todo caso, cualquier medida tendrá en cuenta el uso uso intensivo y el sector del transporte, tan importante en es nuestro país -¿Habrá bonificaciones? -Por supuesto. -¿No se tocarán los impuestos hasta que haya propuestas del comité de expertos? -La prioridad es impulsar el crecimiento y el empleo y, hasta que sea sostenido, no se abordarán algunas reformas previstas en el plan. Lo responsable es empezar a trabajar ahora con los expertos para ver cuáles son los instrumentos que pueden modernizar el sistema fiscal y hacerlo más fuerte, sostenible, progresivo y justo. -El hecho de que el plan contemple la coordinación autonómica en la fiscalidad a la riqueza ¿confirma que el impuesto sobre el patrimonio se mantendrá? -La competencia impositiva a la baja de las comunidades es una dinámica empobrecedora para toda España, además de muy poco solidaria con respecto a los distintos territorios. Debilita nuestro sistema fiscal. En un país con un importante déficit y alta deuda pública y con claras carencias de financiación en servicios públicos como la sanidad y la educación, no me parece una política fiscal responsable. -Parece que también irá ahora la reforma de la infrafiscalización del diésel respecto a la gasolina. -Tenemos que analizar toda la fiscalidad verde y asegurarnos que vamos a un modelo más moderno, alineado con las prioridades de la política económica. Pero el Gobierno ha dicho con mucha claridad que el sistema será más progresivo y eso implica no subir la carga fiscal a las clases medias. Estas medidas no tienen un objetivo recaudatorio, sino de impulsar comportamientos más sostenibles. -¿Volverán a prevalecer los convenios colectivos de sector? Hay cuatro reformas de calado que darán un nuevo marco a finales de 2021 para que toda la creación de empleo a partir de ahora vaya orientada a la mejora de la productividad, la calidad del empleo y los salarios. Por eso queremos trabajar intensamente con los agentes sociales, que comparten la hoja de ruta, en la simplificación de contratos, para hacer que el indefinido sea de verdad el habitual, en estalecer un mecanismo de flexibilidad y estabilidad alternativo a la altísima temporalidad y la excesiva volatilidad de la ocupación característica de crisis anteriores, sobre la buena experiencia de los ERTE; en lograr una adecuada regulación de las subcontratas; y un marco moderno para la negociación colectiva. -¿Hay dos visiones diferentes de la reforma laboral en el Gobierno? -Hay una visión única y clara con respecto a qué hacer y la determinación de hacerlo. El plan que enviamos a Bruselas y, en particular el componente del mercado laboral, es claro en las reformas que queremos con el máximo consenso en el diálogo social. ¿Se regularán los precios de los alquileres? -Desde junio de 2018 el acceso a la vivienda en condiciones adecuadas, sobre todo por los jóvenes, es una de las prioridades de este Gobierno. Pero la solución es compleja y no puede reducirse a un solo instrumento. La regulación de los precios puede tener sentido en determinadas circunstancias, pero no es la solución milagrosa para todo. Por eso hemos lanzado un conjunto de actuaciones para reforzar el parque público y mejorar la protección de los inquilinos. El plan de recuperación prevé invertir 1.000 millones en vivienda pública.

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