La Seguridad Social ha sido condenada a reconocer la baja por incapacidad permanente a un jornalero que sufre una dolencia cardiovascular y que, pese a ello, le negó el subsidio durante año y medio. El Estado deberá abonarle 8.600 euros en concepto de pagos atrasados, tras la sentencia dictada por el juzgado de lo social número 19 de Barcelona. El fallo judicial, ganado por el bufete Campmany Abogados, da la razón al trabajador y reprende al organismo público por tramitar el alta con tan solo una exploración superficial y sin tener en cuenta los informes médicos precedentes.