Algunos expertos señalan el período 2004-2007 como el último momento en el que hubo una intención gubernamental de reforma y modernización global de las Administraciones Públicas españolas. No debo opinar (aunque tengo mi opinión), porque no soy imparcial dado que ese es el período en que fui yo el ministro encargado “de la cosa”. En todo caso, citaré tres leyes que se aprobaron entonces, como pilares de una reforma estructural: el Estatuto Básico de la Función Pública que incorporaba, entre otras cosas, la evaluación del desempeño de los empleados públicos, una cultura de promoción profesional vinculada a sus méritos y a su formación permanente, así como la creación de la figura del directivo público como manera de profesionalizar la alta dirección de la administración reforzando su separación de la “política”. Se aprobó, también, la Ley de Agencias como manera de introducir una gestión más ágil de determinados asuntos públicos, trazando una frontera entre quien adopta una decisión desde el poder ejecutivo y quienes tienen como misión exclusiva llevarla a la práctica de la manera más eficaz posible. Esto es especialmente importante en un mundo donde crecen los problemas transversales que, a menudo, quedan sin resolver de forma adecuada dada la estructura vertical que sigue manteniendo nuestras administraciones. Para evaluar la eficacia de las políticas públicas, se aprobó también una Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas. Por último, en ese resumen apretado de tres años, se aprobó una Ley conocida como la de Administración Electrónica, uno de cuyos hitos, una ventanilla única electrónica se empezó a poner en marcha bajo el nombre de 060, firmando Convenios con otras administraciones públicas.