¿Qué reivindican los sindicatos este Primero de Mayo?

Los trabajadores y sus organizaciones volverán a sacar este Primer de Mayo sus demandas a las calles. Será el primer Día Internacional del Trabajador presencial de la era poscovid, después de que el año pasado tuvieran que conmemorar esta efeméride desde el formato virtual, debido a las exigencias del confinamiento domiciliario. La tela de las enseñas sindicales volverá a hondear en las diferentes manifestaciones o concentraciones convocadas en todo el país este sábado, en una jornada limitada y enrarecida debido a las restricciones de aforo y que previsiblemente estará condicionada por la lluvia. Derogación de las reformas laboral y de las pensiones del PP, descongelar la subida del salario mínimo, contra los despidos masivos que las grandes empresas están anunciando, por un nuevo pacto industrial o a favor de la jornada laboral de 32 horas... La panoplia de reivindicaciones es tan diversa como variadas son las convocatorias previstas. En Barcelona, CCOO y UGT han llamado a concentrarse frente al antiguo edificio de Correos a las 11.30 horas de la mañana. El sindicalismo alternativo lo hará por la tarde, a las cinco de la tarde en Passeig de Gràcia. Y en Madrid la precampaña promete marcar la jornada. Mientras, CCOO y UGT darán el tradicional paseo de Cibeles a Sol con una manifestante ilustre entre sus filas: la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Será la primera vez, desde la Segunda República, que una ministra de Trabajo se deja ver en las manifestaciones sindicales del Primero de Mayo. Díaz se manifestará codo con codo con unas centrales que le exigen derogar cuanto antes varias de las reformas que tiene pendiente su departamento. "Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora", es el lema de las centrales. Las asignaturas pendientes del mercado laboral Derogación de la reforma laboral La derogación de la reforma laboral viene siendo el 'late motiv' de las manifestaciones del Primero de Mayo desde que el PP la aprobó en el 2012. Los sindicatos aguardaron su oportunidad mientras Mariano Rajoy estaba en el Gobierno y desde que Pedro Sánchez es presidente le vienen reclamando que cumpla esa promesa electoral. Más será presumiblemente este año, cuando el Gobierno se ha comprometido con ello ante Bruselas, que esa derogación tiene visos de materializarse. Parcialmente. Los temas actualmente encima de la mesa son la reforma de las condiciones de la subcontratación; centrada esta en blindar que los empleados de una firma externalizada no puedan cobrar por debajo de lo que marca el convenio sectorial. Otra cuestión que la vicepresidenta tercera le ha prometido a la UE es la reforma de la ultraactividad, aunque todavía no está claro si esta será ampliada o volverá a ser indefinida. Y la limitación de la capacidad unilateral de las empresas para recortar salarios o modificar condiciones laborales es la tercera pata de ese taburete legislativo. Pese a la oposición patronal, Díaz ha prometido que estas reformas habrán pasado por el BOE antes de acabar el año. Otras herencias del PP, como la pérdida de la autorización administrativa para los eres o el mantenimiento de los salarios de tramitación no están en esa agenda de derogación. Derogación de la reforma de las pensiones La otra derogación que reclaman desde hace años lo s sindicatos al Gobierno es la de pensiones del 2013. Y con el Gobierno tienen más claro lo que quieren suprimir, que la fórmula que debe sustituirla. Es el caso del factor de sostenibilidad, que liga la revisión de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados. El Ejecutivo ha prometido suprimirlo, pero su recambio no está claro y las centrales recelan de las intenciones del ministro José Luís Escrivá. Los mecanismos para penalizar la jubilación anticipada también pueden provocar choques entre las partes. En otras cuestiones, como nueva fórmula para ligar la revalorización de las pensiones al IPC, hay más avances, después de que Escrivá renunciara a compensar a la baja los ejercicios con inflación negativa. Nuevo sistema de ertes Si la crisis del covid no se ha llevado más empleos por delante (consumió 850.000 en su primer mes) fue gracias a las ayudas públicas para que las empresas fueran al erte y no despidieran. Hasta 3,5 millones de trabajadores llegaron a estar cubiertos por este mecanismo, que ha supuesto un coste acumulado para el erario público sin precedentes. Trabajo se ha comprometido ante Bruselas, tal como recoge el Plan de Recuperación, a prorrogar de manera transitoria las ayudas hasta final de año. Hasta ahora el formato ha sido trimestral, así que quedarían dos prórrogas más. Y, a partir del 2022, su intención es pactar con sindicatos y patronal un modelo permanente. Ha trasladado que el costeamiento de las ayudas podrían llegar de un fondo con aportaciones tripartitas y que estaría vinculado a obligaciones de formación para los trabajadores suspendidos. Acuerdos de teletrabajo Prórrogas de los ertes a parte, una de las primeras normas que el Ministerio de Trabajo aprobó tras el estallido de la pandemia fue la nueva ley del teletrabajo. Esta salió publicada en el BOE en septiembre del 2020. No obstante, el texto recogía un paraguas general para luego dar cobertura a los acuerdos que se fueran pactando empresa por empresa y sector por sector. La negociación colectiva entre sindicatos y patronal tiene aquí una asignatura pendiente, pues hasta ahora han sido muy pocos los convenios que han trascendido y que incluyan cláusulas de teletrabajo. La banca o los grandes almacenes han sido de las pocas excepciones. Su contenido no es menor, pues en los convenios se pactan, entre otros, los pagos compensatorios para los trabajadores que ejerzan a distancia o el material mínimo que estos pueden reclamarle a la empresa. Incrementos salariales Otra de las asignaturas pendientes que tiene la negociación bilateral entre empresarios y trabajadores es renovar los acuerdos sobre incrementos salariales. El último AENC, un convenio de convenios que fija las horquillas recomendadas, venció el 2020. Este sugería subidas de entre el 2 y el 3%, en función de objetivos a pactar y con posibilidad de revisión según el IPC. Las partes tienen pendiente abordar uno nuevo, aunque de momento la patronal no tiene prisa y los sindicatos no se han movido para metérsela. La propuesta de salida de las centrales es del 1,5% fijo, más variables a convenir.

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