Los impuestos vuelven al punto de mira

En pleno inicio de la campaña de la renta 2020 marcada por los ertes y el ingreso mínimo vital, los impuestos han vuelto a situarse en el punto de mira y en el debate público. Al igual que el mercado laboral o las pensiones, la reforma fiscal forma parte de la agenda de reformas ligada a obtener los fondos europeos 'Next Generation EU' para superar la crisis y transformar la economía. Lo cierto es que el peso de los ingresos tributarios sobre el conjunto de la economía (presión fiscal) está unos seis puntos por debajo de la media de la zona del euro y la UE, lo que signficaría que estamos a unos 70.000 millones de euros de la recaudación que nos correspondería, según los expertos. Después de que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, presentara el lunes pasado la comisión de 17 expertos que elaborará un libro blanco para la reforma fiscal se han desatado las especulaciones. Montero afirmó que las reformas comenzarán con tributos como el de sociedades, el de patrimonio o los de sucesiones y donaciones. Aunque fue cauta y afirmó que a medida que le lleguen aportaciones de los expertos el Ejecutivo "tomará nota" y estudiará su posible puesta en marcha si lo permite el momento económico, empezó el ruido. La comisión, presidida por Jesús Ruiz-Huerta (creador de las balanzas fiscales con el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero) y con Alain Cuenca como secretario, cuenta con los catedráticos y expertos como Fran Adame, Antonia Agulló, Olga Cantó, Laura de Pablos, Santiago Díaz de Sarralde, Xavier Labandeira, Santiago Lago, Guillem López Casasnovas, Julio López Laborda; David López Rodríguez, Carlos Monasterio, Saturnina Moreno, Violeta Ruiz Almendral, Maria Teresa Soler y Marta Villar. En el revuelo sobre los impuestos quizás algo tuvo que ver que Montero ser refiriera al "bajo rendimiento" del impuesto de sociedades. Este tributo alcanzó su cota máxima en 2007, un año antes del estallido de la anterior crisis, con casi 45.000 millones de euros recaudados, y luego se desplomó hasta los 16.000 millones en 2010 para mantenerse en los años posteriores en torno a la mitad de su punto más alto. Todo ello se produce en un momento en el que EEUU, acuciada por la necesidad de fondos para financiar su recuperación, defiende un gravamen mínimo global para multinacionales, aplaudido por muchos países europeos necesitados de fondos, con excepciones como Irlanda. Fiscalidad verde El plan de recuperación que el Gobierno remitirá a Bruselas no es muy concreto, por ahora, pero afirma que el objetivo es "acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno". Una de las vías es el "ensanchamiento de las bases tributarias, reducidas por las numerosas exenciones y deducciones". Y es que, pese a situarse en la parte alta de la clasificación en cuanto a tipos impositivos (por ejemplo los del IRPF o Sociedades), las ventajas tributarias hacen que la recaudación quede mermada, como una cañería con escapes, afirman los expertos. Además se desarrollará una fiscalidad verde, que prevé "revisar las bonificaciones de los hidrocarburos utilizados como carburante". Sin decirlo, puede supone gravar más el gasóleo. En todo caso, presta a polemizar con el Ejecutivo central, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó el ruido con los impuestos para singularizarse como referente en recortes tributarios, un modelo cuestionado por otras autonomías afectadas por deslocalizaciones de grandes patrimonios y rentas. Rápidamente, también el candidato socialista, Ángel Gabilondo, se vio forzado a reiterar su compromiso de no tocar los impuestos. En esta línea le echó un cable la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, en declaraciones a la cadena Ser: "De ninguna manera" el Gobierno habla "de subir impuestos y menos a corto plazo", dijo. Y lo hizo un día después de que la OCDE, que agrupa a los países más desarrollados, recomendara reservarse las alzas tributarias para cuando se haya superado la crisis. Ante este escenario, vigilante ante posibles subidas impositivas, Foment del Treball, que mantiene una intensa ofensiva contra la política fiscal del Ejecutivo central -trató de conseguir sin éxito que el Defensor del Pueblo impugnara ante el Constitucional el impuesto del patrimonio, guante que ha recogido el PP- y también del catalán, anunció la creación de una comisión de expertos propia en respuesta a la de Hacienda. El próximo 26 de abril este grupo celebrará su primera reunión, coordinado por Manuel J. Silva, consejero de presidencia de la patronal. Lo integran el presidente del Consejo General de Economistas y de la comisión de fiscalidad de Foment, Valentí Pich; Jordi Alberich, responsable de uno de sus dos 'think tanks' ; Joan Francesc Corona; Josep Maria Coronas; Antoni Durán-Sindreu, el secretario general adjunto de Foment, Salvador Guillermo, Joan Francesc Pont y Joan Antoni Sánchez Carreté, además de los despachos Baker& McKenzie; Cuatrecasas; Deloitte, EY, Garrigues, Gran Thornton, KPMG, PwC, Roca Junyent y Uría Menéndez. Además de rechazar cualquier subida fiscal "para financiar gasto público antieconómico e ineficiente" defienden potenciar la lucha contra la economía sumergida, que también se recoge en el plan de recuperación del Gobierno.

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