Otro Gobierno reformista

Esta semana hemos conocido las 102 reformas que el Gobierno incluye en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que debemos enviar a Bruselas, como condición imprescindible para acceder a los 140.000 millones de los fondos Next Generation con los que se quiere financiar las 110 inversiones también contempladas en el Plan. Ningún Gobierno resiste la tentación del adanismo: creer que son los primeros en decir, en prometer o en emprender algo que suena bien a los oídos de los ciudadanos y que transmite fuerza, decisión e ideas claras. En el caso de España, “las reformas estructurales” de nuestra economía son ese mantra al que todos los gobernantes se han agarrado en democracia. Y no será porque no hemos hechos reformas en las últimas décadas: empezando por los Pactos de la Moncloa que daban paso, en 1977, a una economía en un país democrático, hasta el mayor paquete reformista de nuestra historia incluido en el Acta de Adhesión a las entonces Comunidades Europeas, firmado en 1985 y desarrollado durante un largo periodo de transición que evidenció una gran capacidad de adaptación por parte de nuestros sectores públicos y privados, generando un elevado dinamismo social. De entonces acá, todos los presidentes del Gobierno han aprobado multitud de reformas estructurales, a veces asociadas a la dinámica europea (Acta Única o Tratado de Maastricht), a veces a su intento de abrir una nueva página política en la historia (Aznar y su “segunda transición” privatizadora). Hasta Rajoy, considerado como un presidente poco dado al activismo, propuso en su investidura (2011) un paquete de reformas que continuó en su segunda legislatura con un Decreto Ley de Reformas en 2013, sin dejar de mencionar que en 2012 aprobó una reforma laboral y en 2013 otra sobre el sistema de pensiones. Tres son los ámbitos de reforma sobre los que centramos, ahora, el mayor interés: mercado laboral, pensiones y reforma fiscal. Sabemos que hay discrepancias sobre estos asuntos con los expertos de la Comisión Europea y que tampoco ha sido fácil a los miembros del Gobierno de coalición llegar a un acuerdo, como parece, que aspiran a hacer extensivo a los agentes sociales. Hagamos un pequeño repaso al estado de la cuestión en cada uno de ellos. Empezando por el mercado laboral. Desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 ha habido diez reformas de calado. Diez. Ninguna de ellas ha servido para resolver los tres grandes problemas diferenciales que están en el origen de otros muchos problemas sociales y económicos de nuestro país, con los que venimos conviviendo desde hace décadas y que se han mostrado insensibles al ciclo económico: una tasa de paro que duplica la media de la eurozona (y que llega en los jóvenes al 40%); una elevada precariedad (temporalidad muy elevada, falso tiempo parcial, salarios bajos) que se sitúa de manera persistente muy por encima de otros países del entorno y una menor participación laboral de la mujer que, pese a los avances experimentados, sigue estando por debajo de la media europea. Esos son los problemas sobre los que debería focalizarse la nueva reforma que se anuncia, la undécima en democracia, siendo muy recientes las dos últimas (2010 y 2012). Algo similar se puede decir de la reforma de un sistema tributario cuyos fundamentos esenciales se sentaron en 1977 (IRPF) y 1986 (IVA) y que, desde entonces, ha experimentado múltiples ajustes y reformas. Algunas de las cuales, también recurrieron al expediente de crear una Comisión de Expertos como se ha hecho ahora. La más reciente, presento en marzo de 2014 lo que su presidente, el profesor Lagares, definió como “una reforma integral del sistema tributario” en la que no habían dejado “títere con cabeza”. ¿Dónde está hoy ese Informe con tantas propuestas de reforma? Mientras tanto, los problemas estructurales siguen intactos, a pesar de ser bien conocidos por los expertos: nuestro sistema tributario recauda menos por cada punto de PIB que los otros países de la eurozona. Eso hace que la presión fiscal en España, sea inferior en siete puntos a la media europea, a pesar de que creció mucho y de forma muy rápida en la década de los 80. Todos los análisis efectuados en las últimas décadas coinciden en señalar donde está el problema: no tanto en los tipos impositivos, sino en el muy generoso sistema de beneficios fiscales incluidos en los dos grandes impuestos (IRPF e IVA) y que, en conjunto, equivalen a una pérdida recaudadora cercana a los 40.000 M de euros, equivalente a nuestro déficit público estructural. Ahí, en los agujeros legales del sistema y en un fraude fiscal mayor, se debe centrar cualquier medida que quiera resolver el problema donde está. Y en las nuevas realidades verde y digital, impulsadas por empresas multipaíses que ajustan su ingeniería fiscal. La primera reforma de calado de nuestro sistema público de pensiones se hizo en 1985, dejando una ruptura política entre el Gobierno de Felipe González y la UGT de Nicolás Redondo quien, como diputado, votó en contra de la misma. Diez años después, en 1995 se firmó el Pacto de Toledo para enmarcar cualquier reforma del sistema de pensiones en un contexto de consenso parlamentario que, de hecho, no fue respetado en la gran reforma realizada en 2013 por Rajoy. Un problema de futuro y otro del pasado lastran nuestro modelo de pensiones públicas, según todos los expertos: el envejecimiento de la población, que duplicará la tasa de dependencia jubilados/cotizantes lo que pondrá al sistema actual ante déficits crecientes, agravados por un cálculo muy generoso de la tasa de reposición (la relación entre la pensión y el último sueldo) que no solo es muy superior en España a la media europea sino que es la verdadera razón por la que no despega en nuestro país los sistemas complementarios, por ejemplo, los planes de empresa. La newsletter de activos Gemma Martínez da voz a los protagonistas de la nueva economía, que se atreven a decir cosas diferentes. Suscríbete La newsletter de activos Gemma Martínez da voz a los protagonistas de la nueva economía, que se atreven a decir cosas diferentes. Suscríbete Se conoce, pues, donde están los principales problemas estructurales, por donde deben ir las soluciones e, incluso, ha habido gobiernos anteriores que ya lo intentaron. Con esos antecedentes, lo único creíble es bajar de la propaganda a los hechos. Porque no basta con “hacer reformas”. Hay que hacer aquellas necesarias para resolver los problemas reales que existen. La oportunidad está ante nosotros. Tenemos la posibilidad, otra vez bajo bandera europea, de hacer importantes transformaciones en nuestro marco económico y social para incrementar nuestro bienestar colectivo. Para ello, debemos conseguir que el Plan sea un proyecto de país y no solo un programa de Gobierno. Veremos.

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