El Gobierno retrasa al viernes el plan de ayudas a empresas de 11.000 millones

El plan de 11.000 millones de euros en apoyos a empresas anunciado hace dos semanas por Pedro Sánchez y reclamado desde hace meses por el Banco de España y el sector privado se le ha atragantado al Gobierno. El Consejo de Ministros tenía previsto desde la semana pasada aprobar el paquete de medidas en su reunión de este martes, pero a última hora de este lunes ha decidido retrasarlo a una reunión extraordinaria el próximo viernes, en pleno choque interno del Ministerio de Economía, apoyado por el de Hacienda, con otros departamentos controlados tanto de Podemos como por el PSOE. La pugna se ha producido principalmente por la cantidad que se destinará a ayudas directas para cubrir gastos fijos empresariales, así como por si dichas ayudas se vehiculan o no a través de las comunidades autónomas. Poco antes de tomar la decisión definitiva de retrasarlo, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, había admitido la división interna en el seno del Ejecutivo, pero se había mostrado confiada en poder solventarlas esta misma noche. "Estamos todavía trabajando, pero vamos a intentar que llegue mañana y no se retrase ni un momento más. Pero ya ve que, como siempre digo, para cualquier tema, también para esto, que será un real decreto ley, siempre me toca estar bregando con todo el mundo. No me escapo de ninguna, como es mi trabajo. Estamos todavía trabajando, pero yo creo que lo vamos a poder conseguir para mañana", ha afirmado a última hora de este lunes en una entrevista en la cadena 'Ser'. El plan tiene tres componentes: las citadas ayudas directas para cubrir parte de los costes fijos (como alquileres y suministros) de empresas viables en problemas por la pandemia; fondos para convertir parte de los créditos bancarios con aval público del ICO en instrumentos de capital dentro de un marco para reestructuraciones que se vehiculará a través de un código de buenas prácticas, como adelantó este diario; y otros apoyos de capital a empresas medianas no vinculados a los préstamos ICO a través de un fondo gestionado por la empresa pública Cofides. Según ha publicado 'Reuters' citando fuentes del Gobierno, los dos primeros podrían estar dotados con 5.000 millones de euros cada uno y el tercero con otros 1.000 millones. Fuentes del Ejecutivo, sin embargo, aseguran que también se han manejado otros repartos y que es posible que las cifras finales sean distintas. Desconfianza En el proyecto de real decreto ley analizado la semana pasada por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano que prepara los asuntos que se debatirán y aprobarán en las reuniones del Consejo de Ministros, no aparecía una cantidad concreta asignada a las ayudas directas para evitar filtraciones. Podemos trasladó el viernes al Ministerio de Economía de Nadia Calviño su propuesta de dedicar 8.000 millones a transferencias directas a las empresas y su oposición a que se canalicen a través de las comunidades autónomas. Otros ministerios bajo la órbita del PSOE también apuestan por priorizar este tipo de ayudas. El problema fundamental que tienen las empresas, argumenta la formación morada, es de falta de ingresos por las restricciones de la demanda, más que de un sobreendeudamiento que es consecuencia de la menor facturación. Por ello pide que se destine a ayudas directas esos 8.000 millones, una cantidad similar a la que propuso a mediados de febrero, si bien entonces apostaba porque la mitad los aportase el Estado y la otra mitad las comunidades. El partido de Pablo Iglesias ha cambiado de postura y ahora está en contra de que dichas ayudas directas se vehiculen a través de las autonomías, posibilidad adelanta por EL PERIÓDICO la semana pasada. El Estado, defiende, debe garantizar un acceso en igualdad de condiciones para todas las empresas, de forma que no se altere la competencia de mercado en todo el territorio. El partido está defendiendo en el Gobierno que es más ejecutivo y eficaz que las dé el propio Ministerio de Economía o la Agencia Tributaria (ya que esta cuenta con la información sobre las liquidaciones trimestrales del IVA). También rechaza que se concedan exclusivamente a ciertos sectores. En debate Calviño ha venido insistiendo en las últimas semanas en que las autonomías son las que están mejor situadas para dar ayudas directas porque conocen mejor el efecto que sus distintas y dispares medidas sanitarias de contención de la pandemia han tenido en las empresas de su zona. Economía, sin embargo, analiza ahora sí sería más fácil y eficiente para que las empresas reciban las ayudas otorgarlas a través de las comunidades o directamente. En el primer caso, el plan podría ser aprobado este martes en el Consejo de Ministros sin problemas porque ya está listo. En el segundo, podría necesitar algo más de tiempo para rehacer algunos elementos técnicos. Para evitar abusos y casos de mala utilización por parte de las compañías beneficiarias, Podemos ha propuesto que los fondos estén vinculados a ciertas condiciones, como el mantenimiento de un 70%-80% del empleo en 2021 y 2022 y el compromiso de las empresa de abandonar en tres años el régimen de tributación por módulos. Las ayudas, sostiene, deberán ser devueltas si no se cumplen estas dos cláusulas, si la firma es sancionada por Inspección de Trabajo o la Agencia Tributaria, o si ella o sus responsables son condenados por delito económico o societario por hechos sucedidos después del 28 de febrero de 2020. Por imperativo de la Comisión Europea, la ayuda global que podrá recibir cada empresa no podrá superar los 10 millones de euros, incluyendo la que ya haya podido percibir de su comunidad o ayuntamiento. Las ayudas se podrán conceder hasta el 31 de diciembre y podrán financiar los costes fijos no cubiertos por los resultados de las compañías entre el 1 de marzo del año pasado y el final de 2021. Las podrán recibir las empresas que hayan sufrido una caída de su volumen de negocio de al menos el 30% en 2020 o 2021 en comparación con el mismo periodo de 2019. La ayuda no podrá cubrir más del 70% de los costes fijos de la firma, salvo que sean micro o pequeñas empresas, en cuyo caso el límite será del 90%.

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