El riesgo de quedar rezagados

Quedarnos descolgados de la recuperación europea post pandemia es una amenaza cierta y preocupante para España. Así lo apuntó esta semana la Directora Gerente del FMI en su apertura de la Conferencia Parlamentaria de la UE, cuando mostró su gran preocupación porque lo que fue el Gran Bloqueo de 2020 se pueda transformar en la Gran Divergencia en 2021, tanto entre países de la UE como en el interior de cada país con un empeoramiento de la desigualdad. Y situó los motores potenciales de esa Gran Divergencia en cuatro focos: aquellos países que tarden más en acabar con la crisis sanitaria; aquellos más afectados por el desplome del turismo; aquellos que no apoyen lo suficiente y durante suficiente tiempo a sus empresas y familias evitándoles un ciclo de sobreendeudamiento y quiebras aceleradas y, por último, aquellos que no sepan aprovechar los fondos Next Generation, de forma adecuada. Los cuatro focos de riesgo se aplican, perfectamente, a nuestro país. La renta per cápita de España se sitúa hoy un 30% por debajo de la eurozona y la pandemia ha agravado una divergencia que ya venía produciéndose desde la crisis financiera anterior que puso fin al proceso de convergencia real iniciado, de manera ininterrumpida, desde nuestro acceso a la UE. Ello se puede explicar porque los efectos económicos de la pandemia han golpeado con mayor intensidad a nuestra economía por el mayor peso en la misma de los sectores más afectados por las restricciones a la movilidad. En ese sentido, el Gran Bloqueo ha sido mayor en nuestro país. La pregunta ahora, mirando al futuro, es: ¿Qué podemos hacer para no incurrir en la Gran Divergencia y quedarnos todavía más rezagados de la eurozona? A estas alturas del año se sigue produciendo la cascada de revisiones a la baja en las previsiones de crecimiento para 2021. Todas ellas coinciden en señalar dos mitades muy nítidamente separadas para este año, siendo la frontera los avances en el proceso de vacunación y aceptando, cada vez más que, por los sucesivos retrasos habidos, no dará tiempo para salvar suficientemente la campaña turística del verano lo que explica una parte decisiva de un primer semestre peor de lo previsto. A partir de ahí, el segundo semestre, con la pandemia más controlada, experimentará un fuerte crecimiento equiparable a lo que ya vimos en el tercer trimestre del año pasado gracias, sobre todo, al tirón del consumo privado fruto del ahorro embalsado que ha producido la crisis del covid en muchas familias. Sin embargo, la excesiva duración de la crisis sanitaria está provocando efectos añadidos que pueden condicionar ese mapa. Por ir a un símil evidente: la mayoría de las personas aguantan unos segundos bajo el agua, sin respirar. Pocos son los que soportan más de un minuto y todos perecemos tras más de cinco minutos sin aire. Después de, casi, un año desde el primer estado de alarma, la caída de ingresos como consecuencia de las medidas restrictivas a la movilidad ha provocado ya dos efectos claros: una extensión de la crisis al sector industrial y a la construcción, yendo más allá del sector servicios y un agravamiento de la situación patrimonial de pymes y autónomos que están viendo como una tensión inicial de liquidez se convierte en serios problemas de solvencia que amenazan con disparar las quiebras, si no hay medidas compensatorias adecuadas por parte del Gobierno. Conocemos estos días por la prensa que, más allá –o no- del anuncio-tuit del Presidente sobre un nuevo paquete de ayudas, que se intuye como otro instrumento de ingeniería financiera – o no, porque no hay ninguna concreción-, el Gobierno está trabajando en ayudas directas a las empresas que también ha solicitado esta semana Fedea, con un documento donde pide, además, incentivar la recapitalización de empresas y mejoras en los procedimientos concursales. Y, al parecer, lo está haciendo desde tres ideas preconcebidas: tienen que ayudar, solo, a empresas viables; la banca tiene que arrimar el hombro y las CCAA deben implicarse. Recordemos aquí que en julio de 2020 el Gobierno ya creó un Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas dotado con 10.000 M euros y que, a fecha de hoy, solo ha sido utilizado para ayudar a una empresa y solo tiene otras veinte solicitudes de ayuda por un monto de 2.100 millones, muy lejos de lo previsto. Pretender extender esta lógica a las miles y miles de empresas que se han visto afectadas por la pandemia, encargando a una consultora la elaboración de criterios que permitan medir la viabilidad o no de una pyme, me parece un error que procede de una equivocación. El error es pensar que, desde el despacho de un ministerio, por mucha ayuda externa que se tenga, se puede decidir que negocios son rentables, mereciendo la ayuda y cuáles, no. La equivocación es pensar que la caída de ingresos de las empresas se debe a malas decisiones de sus gestores y no a una norma gubernamental, el estado de alarma que, en defensa de un interés general como es combatir una pandemia, impone medidas restrictivas que afectan gravemente a los ingresos de dichos negocios. En este caso, la situación se aproxima bastante a una expropiación que debe de ser indemnizada sin el paternalismo de entrar a valorar si los indemnizados harán buen uso de la indemnización a la que tiene legalmente derecho. Algunas asociaciones empresariales ya han puesto el asunto en manos de los tribunales. Una última reflexión sobre los riesgos de la recuperación: una gestión inadecuada de los fondos europeos. Y no me refiero tanto a que no seamos capaces de absorberlos (temor razonable), cuanto a que no tengamos en cuenta los efectos adversos a corto plazo que también tendrá la reconversión buscada. Los Next Generation son fondos destinados a incrementar el valor añadido de nuestra economía mediante una reconversión verde y digital, entendiendo que cambiar el modelo productivo no es dejar de hacer lo que sabemos hacer para ponernos a hacer otra cosa, sino hacer de otra manera lo que estamos haciendo. No es cuestión de sectores, sino de vectores de producción ya que no se trata de abandonar, por ejemplo, el turismo de sol y playa, sino de hacerlo sostenible y digital. Si olvidamos esto, la inversión europea sustituirá y no complementará inversión nacional, con un resultado neutro sobre el crecimiento, aunque, seguramente, con un impacto negativo a corto plazo sobre el empleo, con una ingente necesidad añadida de recursos para la recualificación profesional de los parados. Por ejemplo, incluso si mantenemos el actual volumen total de fabricación de coches en España, los eléctricos necesitan menos mano de obra, directa e indirecta, que los de combustión. Existen, pues, suficientes luces de alarma encendidas sobre la posibilidad de quedar rezagados, también, en la recuperación post covid. Aún estamos a tiempo de evitarlo. Pero ello exige, desterrar la autocomplacencia, aceptar las críticas constructivas y mostrar la humildad necesaria para buscar consensos políticos y alianzas sociales. No todo se puede conseguir desde el ordenancismo arbitrista del BOE, ni desde anuncios sorpresa en busca del titular de un día. Afortunadamente. 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