Foment ultima un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del patrimonio

Año nuevo, estrategia nueva. Foment del Treball prevé tener listo a final de mes el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de patrimonio que el presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, anunció el mes pasado. De hecho, la patronal catalana ya ha contactado con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, a través del que tramitarán esta impugnación, como es pereceptivo. El abogado Manuel J. Silva está redactando el recurso que considera este gravamen "confiscatorio", según fuentes de la organización empresarial. Sánchez Llibre asegura contar, además de con la CEOE, con el apoyo de las organizaciones empresariales madrileña, aragonesa y valenciana, además de la Unión Patronal Metalúrgica, entre otros. Lo que ha movido a Foment a acelerar esta estrategia ha sido la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021, que incluyen no solo la conversión de un tributo que era provisional en permanente sino la elevación de su tipo máximo del 2,5% al 3,5% a partir de los 10,7 millones de euros. La patronal catalana ha hecho de este gravamen un ariete contra la política tributaria del Gobierno de Pedro Sánchez y a la vez también del Ejecutivo catalán, contra la cual ya puso en marcha incluso una campaña publicitaria. Foment entiende que la supresión de este tributo sería el mejor instrumento contra el dumpin fiscal, ya que en la actualidad fomenta las deslocalizaciones de patrimonios. De esta forma replica a su vez el acuerdo sobre armonización fiscal territorial que ERC cerró con el Gobierno dentro del paquete de medidas para apoyar los Presupuestos. A juicio del PP este pacto trata de dinamitar la estrategia de reducción de impuestos que lleva a cabo la Comunidad de Madrid, en la que gobiernan con C's y e apoyo de Vox. Nueva figura Los trabajos de Silva, que en su día fue correligionario de Sánchez Llibre en la antigua Unió Democràtica, se basan en demostrar que convertir impuesto de provisional en indefinido conculca el artículo de la Constitución que establece que las nuevas figuras tributarias deben establecerse mediante leyes específicas, no a través de la norma de los Presupuestos. A su juiicio, la conversión de temporal en indefinido se asemeja a crear una nueva figura en el sistema fiscal. Otro aspecto es el de la confiscatoriedad, en especial tras subir el tipo máximo al 3,5%, pese a que la ley establece que la cuota íntegra conjuntamente con la del IRPF no puede exceder el 60% de la suma de las bases imponibles del impuesto de la renta. Aunque el Constitucional es poco partidario de este concepto, existe en precedente del impuesto local de plusvalías, que fue declarado inconstitucional cuando se gravan minusvalías, es decir, pérdidas reales. Y otro punto que Silva considera favorable es que el Constitucional rechazó el planteamiento de la abogacía del Estado de que la confiscatoriedad ha de referirse al conjunto del sistema fiscal y no a figuras tributarias concretas. El impuesto de patrimonio se ha convertido en uno de los caballos de batalla contra la política fiscal del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Foment del Treball es una de las más beligerantes contra este gravamen que recauda actualmente unos 1.000 millones de euros, de los que en torno a la mitad se ingresan en Catalunya. La Comunidad de Madrid no exige este tributo, al igual que hace con otros impuestos entre parientes directos, como el de sucesiones y donaciones. Gravamen Sánchez Llibre asegura que el gravamen es confiscatorio "porque grava un patrimonio que no genera las rentas suficientes para pagar el impuesto". Y se pregunta: "¿quién es capaz de obtener de su patrimonio, en estos momentos, rendimientos del 1, del 2 o del 3,5% como para pagar el impuesto que los grava?". En todo caso, el tipo medio del impuesto era del 0,79% y el efectivo, del 0,43%, según los datos del ejercicio del 2018 de la Agencia Tributaria. En Catalunya era el 0,65% en ambos casos. Galicia era la comunidad con el gravamen medio y efectivo más elevado, con el 0,86%, si bien Madrid alcanzó un tipo medio del 1,01%, pero un efectivo del 0 al no exigir el impuesto. Lo cierto es que el patrimonio medio declarado por los 18.000 contribuyentes que facilitaron información en Madrid ascendió en el 2018 a 9,5 millones. E n Catalunya, unos 75.000 declarantes comunicaron un patrimonio medio de 2,6 millones. En Galicia, unos 7.200 declarantes informaron sobre un patrimonio medio de 5,4 millones. El impuesto está cedido a las autonomías, pero lo recauda la Agencia Tributaria estatal, que luego lo transfiere a las autonomías. Un impuesto con apariciones y desapariciones España es uno de los cuatro países europeos en los que aún existe este tributo, creado en 1978 con carácter provisional y afianzado por ley en 1991, pero que se ha perpetuado, hasta convertirse en permanente a través de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021. De hecho, la norma establece dos novedades: la elevación del tipo de gravamen aplicable al último tramo de la tarifa, hasta el 3,5% a partir de los 10,7 millones de euros; y su conversión en impuesto con carácter indefinido. Solo existe una figura tributaria similar en otro países de la Unión Europea (UE), en Bélgica; y fuera de ella, en Noruega y Suiza. En 1990 eran una docena los países que contaban con un impuesto sobre el patrimonio o la riqueza que, en vez de gravar las rentas lo que hace es hacer tributar la mera posesión de bienes. El de patrimonio es un impuesto que en los úlmitos año ha sido como el Guadiana, al desaparecer y aparecer. Se restableció con carácter temporal para los ejercicios del 2011 y el 2012, tras haberlo suprimido en 2008, 2009 y 2010, aunque solo a través de una bonificación del 100%. Luego, los gobiernos del PP o fueron prorrogando anualmente a través de las leyes presupuestarias. Preveía suprimirlo en el 2016, pero finalmente no lo hizo, aunque ahora dice ser partidario de su supresión. Y la consolidación ha llegado a través de la ley de Presupuestos del 2021, algo que el PSOE ya tenía previsto en el proyecto para las cuentas del 2019 que, entonces, no logró que salieran adelante.

Foment ultima un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto del patrimonio

La patronal, que cuenta con el apoyo de la CEOE y otras organizaciones empresariales, ya ha contactado con el Defensor del Pueblo para iniciar los tramites

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