Trabajo limita el alcance de la nueva 'Ley Rider' para atraer a la patronal

Las negociaciones del Gobierno con los agentes sociales para una nueva ley del trabajo en plataformas digitales empiezan a llegar a su fase final y el Ministerio de Trabajo ha movido ficha para tratar de atraer a la patronal al acuerdo. El departamento liderado por Yolanda Díaz ha limitado el alcance de su primera propuesta y ha focalizado el texto de la nueva norma en los repartidores de las plataformas digitales, además de suprimir las pretensiones sindicales de crear un registro obligatorio de las plataformas que operaren en España y sus algoritmos. Las negociaciones están vivas y el jueves que viene hay otra reunión que puede ser la definitiva, según apuntan fuentes conocedoras. El contenido de la norma puede acabar siendo distinto al del último borrador, pero en los términos actuales es más una 'Ley Rider' que no una norma para todo el sector de plataformas. Pese a que en su primer planteamiento Trabajo recogió explícitamente la pretensión de regular todo el empleo en las plataformas digitales, el foco del último documento acota los márgenes a la "laboralidad" de los trabajadores dedicados al reparto en el marco de dichas plataformas. En las aplicaciones de reparto trabajan un total de 15.300 personas en España, según el último informe de la patronal Adigital. Trabajo busca tejer "equilibrios", según reconocen fuentes del Ministerio, entre las partes para sacar adelante un compromiso que Yolanda Díaz lleva en la agenda desde antes de la pandemia. Ante una patronal ya reacia de partida y que no muestra sus cartas en las negociaciones. Pues así como CCOO y UGT tienen clara su postura, las divisiones internas en el seno de la CEOE dificultan los equilibrios internos del equipo de Antonio Garamendi. "El tema es complejo", reconocen desde la CEOE, muy escuetos en las últimas semanas con sus valoraciones a este respecto. Díaz ha eliminado de su última propuesta, según reconocen varias fuentes conocedoras de la misma, la creación de un registro de plataformas y otro de algoritmos. Dos elementos que provocaban el rotundo rechazo de los empresarios. "¿Cómo quieren que les enseñemos nuestra principal herramienta de trabajo? Es un suicidio ante la competencia", comenta un directivo de una de las principales ‘apps’ de reparto. Los sindicatos consideran imprescindible conocer al menos la parte del algoritmo que interviene en la organización del trabajo, para poder fiscalizar si esta incurre en algún tipo de discriminación para con los trabajadores. Sí conserva el último borrador la creación de un observatorio tripartito del empleo en plataformas. CCOO y UGT se apoyan en el reglamento europeo de protección de datos. Este, en su artículo 71, establece que un trabajador no puede verse afectado por decisiones "que se basen únicamente en el tratamiento automatizado" de los datos. Y en el caso de verse afectado, dicho trabajador tiene derecho a "recibir una explicación de la decisión tomada después de tal evaluación y a impugnar la decisión"; según recoge el texto de la UE y que rige para todos sus estados miembros. Modelos antagónicos dentro de la patronal La CEOE se encuentra en pleno debate interno, con modelos antagónicos dentro del mercado de las aplicaciones de comida y con el temor a abrir un debate que pueda afectar a modelos laborales vigentes en otros sectores. Las dos principales empresas del sector del ‘delivery’, Just Eat y Glovo, han comenzado a ejercer presión desde sus respectivos altavoces. Y territorialmente, hay patronales con peso dentro de CEOE en contra de entrar en estas negociaciones. Just Eat, que maneja el 40% de los pedidos de comida realizados a través de una 'app' (según datos del 2018 de la CNMC), envió recientemente a sus consumidores un correo en el que les comunicaba que empezaría a contratar directamente a sus repartidores (que hasta ahora operaban a través de subcontratas). A preguntas de EL PERIÓDICO, la compañía no especificó cuántos repartidores contratará para su plantilla ni de si este cambio le supondrá un aumento de costes laborales. En el otro lado está Glovo, que maneja otro 40% del ‘delivery’ español, se reafirma en emplear trabajadores autónomos para repartir. Pese a la sentencia contraria del Tribunal Supremo y las actas contrarias de Inspección de Trabajo en las grandes ciudades españolas. No solo Glovo usa autónomos y no solo a Glovo le han censurado dicha práctica desde Inspección, también Deliveroo y UberEats acumulan multas requerimientos millonarios entre las tres. En paralelo a las declaraciones en público de Glovo reafirmándose en su modelo, esta compañía está probando programas piloto con repartidores asalariados a través de subcontratas. Así lo reconoce la firma: "Nos permite entender mejor aquellos servicios que tienen una logística muy diferente a la del food delivery", declaran fuentes de la compañía. Más allá de los 'riders' La presencia de trabajadores que oficialmente operan como autónomos pero que reúnen varias características más propias de una asalariado no es nueva. En el 2015 miles de instaladores de Telefónica que operaban por cuenta propia ya organizaron varias jornadas de huelga en lo que se bautizó como ‘La revuelta de las escaleras’. Ni es escasa, pues según datos del INE unos 297.000 autónomos en España dependen en más del 75% de sus ingresos de un único pagador. Ni se circunscribe solo al sector de la comida a domicilio, pues aplicaciones como Clintu, Flycleaners o Wayook ofrecen los servicios de trabajadoras del hogar autónomas. Ni viven solo en las plataformas digitales, pues en los buscadores de empleo no es complicado encontrar ofertas para trabajar como abogado, psicólogo o dentista que ofrecen sueldo fijo pero exigen estar dado de alta como autónomo. "Para mí un registro no soluciona el problema. Hoy puede servirnos, pero mañana el problema no serán las plataformas. Será otra historia que no sabremos de que va. Una nueva norma puede ser una buena noticia, pero necesitamos que vaya más allá. Toda norma que sea amplia tendrá vocación de permanencia", apunta la profesora de derecho laboral de Esade, Anna Ginès. Esta jurista especializada desde hace años en el trabajo en plataformas considera que el éxito de la nueva normativa depende de que no se circunscriba a un sector o modalidad de trabajo concreta, sino que se centre en reforzar la definición de "laboralidad". Es decir, todos aquellos rasgos identificativos que permiten encajar a un trabajador como asalariado. Ginès es partidaria del modelo californiano, recientemente tumbado, que para apuntalar dicha laboralidad se centra en definir precisamente lo contrario: la autonomía. Y si surge una nueva relación laboral que no encaja en estos supuestos, es reponsabilidad del promotor de la misma (ya sea empresa o trabajador) argumentar y demostrarlo.

Trabajo limita el alcance de la nueva 'Ley Rider' para atraer a la patronal

La división dentro de CEOE complica las negociaciones y los de Garamendi todavía no han presentado propuesta propia

Díaz suprime de su último borrador la creación de un registro de plataformas y algoritmos, en contra de la pretensión de los sindicatos

Lo más visto