La Generalitat acelera con la gestión centralizada del pago de sus impuestos

El Govern acelera con su plan de centralizar la gestión de todos los impuestos que paga el sector público catalán, una iniciativa abolida por el Gobierno del PP en el 2017, tras la intervención de la Generalitat por el artículo 155 de la Constitución. Ahora, con un enfoque menos ligado a la constitución de estructuras de estado y la consecución de una hacienda propia, se ha puesto en marcha de nuevo para las 13 'conselleries' de la Generalitat y un total de 192 entidades, organismos y empresas públicas controladas por la Administración catalana, es decir que tenga más del 50% del capital o de los derechos de voto. La idea es la gestión centralizada tanto de las retenciones del IRPF de todos los empleados públicos, más de 200.000, como de los tributos como el de sociedades e incluso los locales, como el IBI que pagan los distintos organismos públicos de la Generalitat, sean gravámenes locales, autonómicos o estatales. Quedan fuera las cotizaciones sociales, que no forman parte de esta medida cuyo objetivo es "la eficiencia" y "reducir costes de gestión y ahorrar gastos", según fuentes del Ejecutivo catalán. Equiparan esta iniciativa al 'cash-pooling' o gestión de tesorería de las empresas privadas para lograr la máxima eficiencia posible en la gestión de los recursos. Competencias y protección de datos Desde el Gobierno central lo veían más como una invasión de competencias, al gestionar tributos incluso estatales e incluso veían riesgos de protección de datos al gestionar las retenciones del IRPF de todos los empleados públicos. Para llevar a cabo esta tarea se han puesto en marcha diversos mecanismos. Uno de ellos, una pequeña reorganización de la Vicepresidència y Conselleria d'Economia, que encabeza Pere Aragonès. Con el objetivo de implementar un "modelo de política fiscal corporativa de la Administración de la Generalitat y de su sector público" se atribuyen nuevas competencias en este ámbito a la Secretaria de Hisenda, al frente de la que está Marta Espasa, así como a la Direcció General de Tributs i Joc, cuyas riendas lleva Natàlia Caba. A la vez se crea "una nueva unidad administrativa con funciones de impulso y gestión de las actuaciones a realizar en materia de política fiscal corporativa", dependiente de esa secretaría y esa dirección general, según la disposición publicada por el Diari Oficial de la Generalitat. El pistoletazo de salida de esta nueva iniciativa se dio el pasado 23 de junio con la aprobación del "modelo y estrategia de política fiscal de la Generalitat y el conjunto del sector público, que profundizaba en el acuerdo del Govern de agosto del año pasado, que instaba a poner en marcha este mecanismo. La medida tiene un doble objetivo: "establecer un protocolo de actuación homogéneo, integrado y coordinado en materia fiscal que debe permitir disponer de una visión global de la fiscalidad de la Administración de la Generalitat y su sector público; y, por otro lado, establecer los mecanismos de asistencia y apoyo tributario a los entes que conforman el ámbito subjetivo de la política fiscal corporativa. Economías de escala La visión global, agrega, "permitirá ganar en eficiencia y ahorrar costes gracias a la homogeneización de criterios y procedimientos y el asesoramiento tributario de un órgano transversal. A su vez se generarán economías de escala al internalizar determinados servicios de tramitación, sistemas de gestión unificados, así como la compra centralizada de productos de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). La iniciativa engloba a las entidades autónomas de carácter administrativo, comercial, industrial o financiero; las entidades de derecho público sometidas a derecho privado; las sociedades mercantiles; los consorcios; y las fundaciones. El modelo también determina los aspectos organizativos y los mecanismos de colaboración esenciales para su puesta en funcionamiento. El objetivo es una implantación "gradual y progresiva", dada la complejidad y diferencia de tipología de los entes implicados. Este acuerdo del Govern y su aplicación da cumplimiento al plan de la legislatura que establece, entre otras medidas, la implementación de una política fiscal corporativa del sector público de la Generalitat de Catalunya. También da respuesta al acuerdo del Govern de hace casi un año. La política fiscal corporativa se alinea con "las tendencias actuales de las grandes corporaciones públicas y las grandes empresas de todo el mundo en materia de buen gobierno corporativo y buenas prácticas tributarias, que trabajan para llevar a cabo una gestión eficaz de su riesgo tributario y proporcionar una mayor seguridad jurídica a sus corporaciones", según el Govern.

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Economia pone en marcha cambios para que las 'conselleries' y 192 organismos tramiten los tributos a través de una única unidad administrativa

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