"Cuando llaman del banco les digo: ¿Qué quieres que haga si aún no he cobrado el erte?"

El Congreso de los Diputados ha aprobado este miércoles con solo un voto en contra la prórroga de los ertes de la covid hasta el 30 de septiembre. El mecanismo habilitado por el Gobierno para proteger las rentas de parte de los trabajadores afectados por la pandemia genera un disenso prácticamente nulo. Es su implementación la que genera algunas críticas. Mientras cerca del 60% de los 3,4 millones de empleados afectados por un expediente ya se han incorporado a al trabajo, todavía hay una minoría que arrastran problemas a la hora de cobrar su prestación. Los datos oficiales referentes al mes de junio constatan menos de un 1% de impagos, aunque sindicatos y patronales desconfían de esa cifra y hablan de miles de ocupados que o bien no han cobrado, o bien están sufriendo errores con las cuantías de los pagos. Testimonios consultados por EL PERIÓDICO hablan de unas oficinas de empleo colapsadas en lo que respecta a la atención al público. Lo que convierte en una ardua tarea el trámite de reclamar las prestaciones pendientes o incluso el de devolver los importes que nunca debieron de cobrarse. Albert ha vuelto este mes a calzarse el delantal y a coger la bandeja para atender a los lugareños que acuden al Restaurante Elisabets; un clásico del Raval de Barcelona. Este camarero vuelve a servir mesas -"muy pocas, la cosa está fatal", comenta-, tras cuatro meses en erte total, pero todavía no ha ingresado ni un euro de su prestación. "Por teléfono es imposible, nadie lo coge [en el SEPE]. Llevo meses intercambiando correos electrónicos", explica. "Tengo la suerte de que a mi pareja no le han hecho un erte y ha continuado cobrando. El alquiler lo está pagando todo él", añade. Cuatro meses sin nuevos ingresos han hecho desaparecer los 1.000 euros que tenía ahorrados. "Tengo sin pagar tres letras de la moto. Cuando me llaman les digo: '¿Qué quieres que haga si no me han pagado el erte'. Imagino que no seré el único…", cuenta. "Incertidumbre" y "decepción" Albert explica que de los nueve trabajadores que tiene en nómina el Elisabets, tres no han cobrado y los otros seis sí, aunque estos lo hicieron por primera vez el mes pasado. "Estamos decepcionados", se queja. Decepción que comparte Montserrat, trabajadora de una cooperativa social sin ánimo de lucro que trabaja con personas mayores con deterioro cognitivos y adolescentes. En erte de reducción de jornada desde mayo y hasta septiembre, todavía no ha cobrado su primera prestación. "Me quedan 500 euros al mes, 300 euros se me van a la hipoteca y con 200 euros no nos da a mí y a mi hija para vivir. Voy tirando de ahorros, pero me angustia la incertidumbre de hasta cuando voy a tener que esperar la prestación", explica. De las nueve personas que forman su equipo de trabajo, que atienden a cerca de 150 personas, ninguna ha cobrado aún su erte. Montserrat teóricamente tiene una reducción de jornada hasta un tercio de su jornada, pero reconoce que la carga de trabajo que maneja no puede ventilarla con dos horas y media al día. "Es inviable. Para poder mantener un servicio de calidad y que nuestro trabajo sirva para algo no puedes ponerte horarios", explica. "¿Si una persona te llama a las seis de la tarde porque no se encuentra bien o porque se siente solo qué haces? ¿No lo atiendes? Lo nuestro no es una cadena de producción que puedes parar en cualquier momento", explica. Hacer más horas de las que el erte contempla es una práctica extendida entre muchas empresas, según reconocen los sindicatos. Aunque de difícil denuncia, pues ello exige una exposición de las personas implicadas que genera altas reticencias. El quebradero de cabeza por no cobrar de Albert o Montserrat lo comparte, de otra manera, José Trigueros y los casi 600 trabajadores de Mohn Bus. Esta empresa de transportes registró al inicio de la pandemia un erte que pocos días después retiro, una vez que la Generalitat le garantizara los pagos. Dicha marcha atrás no llegó hasta el SEPE, que a partir del mes de mayo comenzó a abonar las prestaciones a estos trabajadores; según explica el secretario de la sección sindical de UGT. "Tenemos un dinero que con toda seguridad a otro trabajador le está faltando", afirma. Trigueros afirma que desde mayo están intentando, sin éxito, establecer contacto de manera colectiva con el SEPE para intentar retornar las prestaciones cobradas. José acumula 2.103 euros de cobros (involuntariamente) indebidos. 32.020 trabajadoras del hogar también esperan su subsidio Teresa espera desde hace cuatro meses el subsidio especial habilitado por el Gobierno para trabajadoras del hogar. "Hoy tampoco llegó", explica desde el otro lado del teléfono mientras revisa su cuenta bancaria. "Dijeron que a partir del 1 de julio empezarían a hacer los ingresos, pero de momento nada", añade. 32.020 empleadas del hogar están como Teresa, a la espera de que el SEPE abone una prestación diseñada para proteger las rentas de este colectivo durante los primeros meses del estado de alarma; cuando muchos empleadores mandaron de vuelta a sus trabajadoras. Este subsidio cubrirá al 8,6% de las trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social (373.592, en junio) y excluye a las empleadas del hogar que ejercen en negro, una parte importante del colectivo y que podría rondar cerca de 300.000 personas. "Si no trabajo no ingreso nada", explica Teresa. La ecuación para las trabajadoras del hogar es así de cruda, pues este régimen especial no tiene derecho a paro ni ertes. 1.088,34 euros cada mes desde abril ha dejado de ingresar Teresa, que recita de corrido la cifra de su nómina hasta los decimales. Consciente de cada céntimo de salario que necesita para pagar el alquiler y demás menesteres cotidianos. El colchón de ahorros con esas cifras es chico y durante los primeros meses de la pandemia Teresa ha tenido que recurrir al Banco de Alimentos para llenar la nevera. En su casa su sueldo es el único ingreso que entra para acallar facturas y de ellos dependen ella y su hija, de 17 años. "Desde el 1 de julio que he vuelto a trabajar, pero en agosto [la familia para la que trabaja] hacen vacaciones y me vuelvo a quedar parada", cuenta. Antes de trabajar cuidando a personas mayores, Teresa era camarera en un restaurante. La anterior crisis financiera cerró el local y la dejó en paro, con la diferencia que entonces tuvo derecho a cobrar seis meses de prestación por desempleo. Ahora, como trabajadora del hogar, no tendría derecho a cobrar nada si el Gobierno no hubiera habilitado un subsidio especial ante la covid. "Es vergonzoso porque es un trabajo, [cobrar una prestación] no tiene que ser excepcional", afirma.

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