La Generalitat de Catalunya ha pedido al Gobierno que su nuevo proyecto de ingreso mínimo vital, anunciado a partir de mayo, sea complementable con la actual prestación de Renta Garantida de Ciutadania (RGC). Un subsidio que actualmente perciben 127.711 personas, lo que representa al 7% de los 1,8 millones de personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social en Catalunya; según los datos de beneficiarios actualizados este domingo por la Generalitat. La pretensión del proyecto anunciado por el Gobierno central es la de dar cobertura tres millones de personas, el 25% de la población en riesgo de exclusión en toda España. Desde el Departament de Treball han manifestado este domingo, mediante un comunicado, su inquietud ante la posiblidad de que la nueva prestación que pretende introducir el Gobierno tenga "un impacto negativo" sobre el subsidio catalán.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, ultima el que será el primer proyecto de renta mínima a nivel de toda España. Hasta la fecha únicamente han exisitdo proyectos de ingreso mínimo a nivel autonómico y uno de ellos es la Renta Garantida de Ciutadania; que está operativa desde el 2017 (cuando sustituýo al antiguo PIRMI). La información avanzada hasta ahora por Escrivá es que el proyecto de ingreso mínimo vital será compatible inicialmente con los subsidios existentes a nivel autonómico. Una línea que la propuesta elaborada por el propio Escrivá cuando estaba al mando de la Airef descartaba, por considerar que dispara el coste por las duplicidades.
La 'conselleria' liderada por Chakir El Homrani ha tendido la mano este domingo al equipo de Escrivá para "coordinar conjuntamente las políticas de protección e inserción sociolaboral, siempre dentro del respectivo marco competencial", según ha remarcado la Generalitat en su comunicado. El Departament de Treball también ha planteado que las personas que soliciten la nueva prestación del Gobierno y provengan de la RGC dispongan de un acceso "ágil, rápido y sencillo", de manera que sean convalidables aquellos requisitos ya comprobados por las comunidades autónomas, desburocratizando todo el proceso de tramitación. Precisamente, la lentitud y el exceso de trabas burocráticas ha sido unas de las críticas recurrentes entre las entidades del tercer sector sobre el proceder de la Generalitat hasta ahora.