La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para evaluar si el plan de España de conceder subsidios por 20,7 millones de euros a la multinacional automovilística PSA (Peugeot, Citroën DS y Opel) para que invierta en su fábrica de Vigo vulnera o no las reglas sobre ayudas de estado regionales. Bruselas quiere saber si estos subsidios son "realmente necesarios" y "sin van a desarrollar la región sin falsear indebidamente la competencia o en detrimento de la cohesión europea", ha anunciado la comisaria de competencia, Margrethe Vestager.
El grupo PSA, al que pertenece Peugeot, tiene previsto invertir alrededor de 500 millones de euros en nuevas líneas de producción para lanzar nuevos vehículos así como en mejoras del proceso productivo en la fábrica existente de Peugeot Citroën Automóviles España ubicada en Vigo. El trabajo en los nuevos procesos y líneas de producción empezó en abril de 2015 y en noviembre de 2017, España notificó a la Comisión su intención de conceder ayudas públicas al proyecto por un importe de 20,7 millones.
La Comisión duda de que las ayudas previstas cumplan con los criterios fijados en las directrices europeas sobre ayudas de finalidad regional. Concretamente, teme que puedan haber atraído el proyecto de inversión fuera de una región más desfavorecida económicamente de otro Estado miembro, o que PSA hubiera realizado la inversión en cualquier caso en Vigo, incluso sin las ayudas públicas españolas.
No suficientemente innovador
Según las normas aplicables a las ayudas regionales, las inversiones de las grandes empresas en instalaciones de producción existentes no suelen poder acogerse a ayudas regionales, salvo si las inversiones permiten cambios fundamentales e innovadores en el proceso de producción que se apliquen por primera vez en el sector de que se trate en el Espacio Económico Europeo (EEE). Por el momento, la Comisión duda de que el proceso de producción previsto sea lo suficientemente innovador como para poder acogerse a esa excepción.
El Ejecutivo comunitario también ha precisado que tiene dudas sobre la contribución de las ayudas públicas españolas al desarrollo regional y sobre su idoneidad y proporcionalidad. Además, no puede descartar que tengan efectos negativos en la competencia en determinados segmentos del mercado de turismos objeto de la inversión aunque insisten en que esta investigación no prejuzja el resultado.
Desde PSA señalan que la investigación en curso responde a la normativa y al procedimiento habitual, ya que cuando se solicitan las ayudas (que no están concedidas todavía) el protocolo obliga a valorar todos los datos aportados y contrastarlos con las partes implicadas, empresas y estados, antes de su validación. Lo que se investigan no son las ayudas solicitadas sino que la solicitud cumple con los requisitos.