La Diputación de Barcelona paraliza la convocatoria de 660 plazas de empleo público tras la presión sindical

La Diputación de Barcelona ha dado marcha atrás y ha paralizado la convocatoria de 660 plazas de empleo público tras protagonizar una veintena de delegados sindicales un encierro de protesta en la sede central del ente público en la mañana de este jueves. Así lo han confirmado tanto fuentes del organismo como de las centrales. La Diputación estaba en trámites de publicar en su diario oficial las bases reguladoras de la nueva oferta de empleo, sin haberlas negociado previamente con los representantes de los trabajadores. Fuentes consultadas de los sindicatos han afirmado que el principal motivo de rechazo ha sido que los criterios minimizaban la experiencia acumulada por los interinos que están ya ejerciendo.

La convocatoria de empleo público corresponde al Pla d’Actuació en Matèria d’Ocupació (PAMO), del periodo 2016-2017, y según han coincidido Diputación y sindicatos sus bases reguladoras regresarán a la Mesa General de Negociación de la Diputación para ser consensuadas entre ente público y los sindicatos con representación (CCOO, UGT, Intersindical-CSC y CGT). El proceso puede alargarse, debido a que hasta el 29 de mayo no se constituye la junta de personal de los trabajadores, ya que acaban de pasar un proceso de elecciones sindicales, y el próximo domingo 26 de mayo son elecciones municipales, que reconfigurarán a su vez la dirección de la Diputación. Es decir, como mínimo hasta junio no se constituirá la mesa negociadora y la convocatoria puede dilatarse más allá de septiembre. 

En la plantilla de la Diputación de Barcelona hay alrededor de 3.900 trabajadores, de los cuáles, según cálculos sindicales, unos 1.300 son interinos. El elevado número de personal eventual en la Diputación es una constante en el sector público durante los últimos años. Diversas centrales coinciden en denunciar que algunos de los trabajadores interinos que actualmente prestan servicios en la Diputación llevan más de diez años en dicha situación. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2019, alrededor de uno de cada cuatro trabajadores del sector público tenían un contrato temporal.