El Govern de la Generalitat ha iniciado un expediente administrativo para recuperar los activos de la empresa de gestión del agua ATLL, concesionada a Acciona.  La Generalitat ya envió una carta la semana pasada reclamando la entrega de las instalaciones. Acciona presentó una demanda de medidas cautelarísimas para evitar perder la gestión desde el pasado 1 de enero, tal como estaba previsto en el decreto que aprobó el Govern el julio pasado para dar una salida a la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el concurso en el que se decidió la concesión del servicio en el 2015.

Pese a este enfrentamiento legal, el 'conseller' de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, manifestó este viernes que el suministro del agua está garantizado en cualquier caso, y dio por hecho que el proceso de liquidación del contrato también acabará en los tribunales, dadas las diferencias entre la Generalitat y Acciona. El 'conseller' recordó que se ha creado un ente público para asegurar el servicio y que se ha subrogado a los trabajadores. 

El pasado 28 de diciembre, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rechazó parar de forma cautelar la salida de Acciona de la gestión de Aigües Ter-Llobregat, como había reclamado la empresa. El tribunal advertía de que el hecho de que aún no se haya llegado a un acuedo entre las partes sobre el coste de la liquidación del contrato no suponía una medida suficiente para frenar la salida de Acciona de ATLL.

La compañía reclama a la Generalitat una indemnización de 1.074 millones de euros (305 en concepto de liquidación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat, más otros 769 miliones en concepto de daños y perjuicios  o lucro cesante por perder una concesión que  asseguraba una gestión durante 50 años y que ha quedado en seis). Por su parte, el Govern solo está dispuesto a ofrecer 53,8 millones de euros a la empresa.