El de la ocupación de viviendas no es el único problema que preocupa al sector inmobiliario, pero parece el que menos vías de solución tiene en este momento, como se ha puesto de manifiesto en el debate "El futuro de las políticas de viviendas", realizado este viernes en el marco de la feria Barcelona Meeting Point (BMP), organizado pro el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB). El caso es que un porcentaje muy elevado de los pisos que se incluyen en las carteras de activos que los bancos han vendido a los fondos de inversión está ocupados ('Okupados' para entendernos mejor), lo que pone de manifiesto que la gestión de esos activos por parte de las entidades financieras ha sido, hasta ahora, escasa o nula.

La ley le permite a la Generalitat ejercer el derecho de tanteo y retracto en determinados operaciones de compraventa entre grandes tenedores del mercado, lo que le permite hacer una oferta previa a la venta de esos pisos. La haga o no, lo cierto es que el vendedor tiene la obligación de ofrecer la opción de compra en esas operaciones. La última que la Agència de l'Habitatge de Catalunya ha podido analizar es la venta al fondo de inversión Cerberus de una cartera de 16.000 viviendas del BBVA. Según ha explicado el director de la Agènica, en esa cartera  se incluían 4.996 viviendas vacías. Pero a la hora de la verdad prácticamente la mitad (2.351) estaban ocupadas. "Cuando los fondos insten el desalojo de estas viviendas, tendremos un problema que no podremos absorber", ha explicado Jaume Fornt, director adjunto de la Agència. "Vamos a tener que ver cómo abordamos una solución a la ocupación", ha comentado Fornt

Recursos públicos

La Generalitat está inspeccionando esas viviendas para decidir cuántos compra con destino a la Mesa de Emergencia, aunque cuenta solo con 32 millones de euros para ese propósito, además de la financiación de 110 millones que el Institut Català de Finances pone al alcance de los ayuntamientos. Pese a ello, los recursos con los que cuenta la Generalitat son insuficientes para desarrollar la vivienda social que se necesita en Catalunya. En este sentido, Francisco Javier Martín Ramírez, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, ha destacado que ese aspecto "el problema está bien diagnosticado, pero es el momento de que se produzca la colaboración público-privada" para mejorar el acceso a la vivienda en España. Ha reconocido que los recursos disponibles son insuficientes y habrá que buscar nuevas fórmulas.

El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Burón, ha planteado que resulta imprescindible la participación privada para crear vivienda asequible y ha planteado que la sociedad Metròpolis Habitatge --sociedad publico-privada de vivienda asequible-- se ocupará de poner en el mercado metropolitano 4.500 viviendas. El consistorio licitará en próximas fechas la aportación privada. "El Ayuntamiento aportará 80 millones de euros y esperamos que las promotoras privadas aporten otros 80 millones de euros", ha explicado Burón, para quien es imprescindible que el Estado aumente el gasto en vivienda, de la misma forma que es imprescindible que el capital privado se implique en la creación de un parque de vivienda asequible.