El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, tiene bajo lupa al Banco Popular desde el 2014 por deficiencias en sus mecanismos de control del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La entidad controlada por el Santander desde el pasado junio ha recibido en los últimos cuatro años una inspección, el anuncio de otra y varios requerimientos, según consta en sus memorias anuales.

En el 2014, el banco fue objeto de una inspección que pretendía la "comprobación del cumplimiento, en relación con las operaciones con billetes y moneda metálica, de la obligación de identificación formal y del deber de conservación de los documentos de identificación de los intervinientes y de formalización de las operaciones". Según consta en la memoria del 2015, el banco no fue sancionado pero se le requirió que introdujera varias mejoras.

A comienzos del 2017, antes de su intervención y venta, el Sepblac envió un nuevo requerimiento a la entidad para comprobar las medidas adoptadas a raíz de la inspección del 2014. El pasado septiembre, un experto externo contratado por el banco por orden de la autoridad antiblanqueo realizó una auditoría de las operaciones de efectivo de agosto. El 30 de octubre, se remitió al Sepblac un escrito contestando "a cada uno de los puntos del requerimiento recibido" y adjuntando el informe del experto.

Planes de mejora

En el informe anual del 2017, elaborado ya como parte del Santander, el Popular explica que ha lanzado varios planes para "solventar determinadas recomendaciones" del experto externo y del Sepblac. Los campos de mejora son la gestión del sistema de alertas de operaciones sospechosas, la "diligencia debida" en la revisión de los documentos de las operaciones, y el cumplimiento de las obligaciones respecto al Fichero de Titularidades Financieras (un archivo dependiente del Ministerio de Economía al que los bancos deben aportar determinada información sobre cuentas corrientes, de ahorro y de valores, depósitos a plazo, y sus titulares).

Adicionalmente, tanto en la memora del 2016 como en la del 2017 el Popular informa de que ha recibido del Sepblac otro "requerimiento de información junto con el correspondiente aviso de inspección, que se centrará en la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de prevención en relación con las operaciones de mayor riesgo de los clientes que realicen ingresos en efectivo y posteriores transferencias al exterior".

Operaciones sospechosas 

El Santander, por su parte, ha explicado que el año pasado comunicó al Sepblac 136 operaciones sospechosas de clientes del Popular y contestó a 39 peticiones de información del propio servicio antiblanqueo respecto a la entidad recién adquirida, según ha publicado 'Expansión' y se puede constatar en su informe de auditoría del 2017. El grupo revisó 16 filiales en España a través de la auditoría interna y abrió 338 expedientes de investigación.

Los tribunales ya analizan casos de blanqueo relacionados indirectamente con el Popular. Desde el 2016, la Audiencia Nacional investiga si el Banco Pastor cometió un delito de blanqueo de capitales entre el 2006 y el 2010, antes de ser comprado por el Popular en el 2011. La investigación, derivada del caso Gürtel, ha arrojado dudas sobre la actuación de José María Arias, expresidente del Pastor y exvicepresidente del Popular.