La Comisión Europea ha anunciado que lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber trasladado a tiempo las normas europeas en materia de contratación pública y concesiones y que pedirá una multa diaria de casi 186.000 euros hasta que incluya estas reglas en su legislación.

Bruselas ha explicado que el plazo dado a los estados miembros para transponer las directivas en cuestión a sus legislaciones nacionales expiró en abril de 2016 y que España no ha cumplido aún con el requisito, pese a la apertura de expediente en mayo de 2016 y un nuevo aviso dado en diciembre de ese mismo año.

Ahora, el Ejecutivo comunitario ha decidido dar el último de los tres pasos previstos en un procedimiento de infracción y llevar el caso ante la Justicia europea, en concreto por las directivas que afectan a la adjudicación de concesiones y a la contratación de entidades en los sectores del agua, energía, transportes y servicios postales.

Así las cosas, los servicios comunitarios proponen al tribunal sancionar a España con sendas multas de 61.964,32 euros y 123.928,64 euros por "cada día" que transcurra entre la fecha de la sentencia y la fecha en que estas dos directivas hayan sido aprobadas en su totalidad y estén plenamente vigentes en el derecho nacional.

Además de España, la Comisión ha decidido llevar ante el TJUE por el mismo motivo a otros tres Estados miembro: Luxemburgo, Austria y Eslovenia.