El Congreso de los Diputados está decidido a sancionar a las empresas morosas, es decir a aquellas que incumplen los plazos legales en las transacciones comerciales, fijado es en 60 días. Según un estudio de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la media era el año pasado de 77 días. Y en el sector público era de de 71 días, frente a un plzado. Las empresas de mayor dimensión, que forman parte del Ibex son las que practican mayores demoras en los pagos, con una media de 160 días, casi el triple que el periodo establecido por ley, según los análisis de la PMcM.

El acuerdo entre formaciones políticas es casi unánime, aunque quedan pendientes de cerrar de forma definitiva los parámetros y cuantificaciones de las multas, una vez finalizado la semana pasada el periodo de presentación de enmiendas. Está previsto que las sanciones vayan desde las leves a partir de 406 euros hasta los 819.780 en las que tengan la consideración mayor gravedad.

«Ya no hay mayorías absolutas y se pueden lograr regulaciones que, de otra forma, no se podrían llevar a cabo», explica Antoni Cañete, presidente de la PMcM y secretario general de la patronal catalana Pimec.

Todas las fuerzas parlamentarias, incluído el PDeCAT y ERC, se han sumado a la proposición de ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que presentó Ciudadanos (Cs) y al régimen sancionador. El texto podría aprobarse durante la primera mitad del año que viene. Una de las enmiendas llamativas corresponde al PNV, que reclama la supresión del régimen sancionador amparándose en que la directiva comunitaria «no contempla el despliegue de una mecanismo sancionatorio» y aboga por los arbitrajes. Pero eso no significa que no acabe aporbando la ley, según las fuentes consultadas.

Recuperar el IVA 

La necesidad de un régimen sancionador es vista incluso por el PP, que inicialmente era reticente. Podemos, ERC y el PSOE han aceptado las enmiendas propuestas por la PMcM, y Ciudadanos y el PDeCAT avalan la que sugirió la patronal CEOE, que cuenta a su vez con los populares y el Gobierno.

Esta última, de cuyas negociaciones se ha ocupado Josep Sánchez Llibre, responsable de Relaciones con las Cortes y antiguo portavoz económico de CiU en el Congreso, prevé que los proveedores recuperen el IVA de las facturas que no cobren en 90 días (30 días después del plazo legal fijado para las transaccioens comerciales). Hasta ahora, la empresa afectada por el impago adelanta el importe del impuesto a Hacienda, antes de cobrar el importe del bien o servicio que hay vendido. 

Esta modificación que asumen Ciudadanos y el PDeCAT, pero también el PSOE y el PP supondrá un gran alivio para las compañías, ya que además de no cobrar tenían que pagar el IVA por una operación por la que no habían ingresado ni un euro.

Calendario

Lo cierto es que la normativa supone un gran salto, tras la ley de contratación pública. «Ahora la ley se tiene que tramitar, es una cuestión de calendario», afirma Antoni Cañete. «Todos están de acuerdo en que se tire adelante, pero veremos cómo quedan finalmente las enmiendas», afirma el presidente de la PMcM.

En todo caso en lo que estarán más vilgantes es en los importes y los parámetros en función de los cuales se aplicarán las sanciones, agrega. De todas formas será un gran avance con respecto a las intenciones iniciales de supeditar las multas por demoras en los pagos a sentencias firmes, lo que la PMcM atribuye a la CEOE, y que hubiera dificultado la penalización a la morosidad.

Cañete destaca el compromiso del Gobierno para que se cumplan los plazos establecidos en la directiva comunitaria.