Muchos funcionarios se irán de vacaciones con un ingreso adicional. Un mes después de cobrar la extra de verano, los empleados públicos de toda España empezarán a cobrar este mes de julio el aumento salarial del 1% y una paguilla por los atrasos acumulados desde enero.
La demora en la aplicación del incremento retributivo se debe a la larga y tardía tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado del 2017, en los que se incluye la subida salarial del personal a cargo de la Administración del Estado que también es obligatoria para el resto de organismos públicos.
Los tres millones de funcionarios contabilizados en todas las administraciones españolas percibirán una paguilla media de alrededor de 100 euros a 200 euros por la aplicación retroactiva del 1% de enero a junio. En el caso de la Administración del Estado, la Generalitat y otros organismos locales y autonómicos, esa paguilla se abonará en la nómina de julio, que ya tendrá incorporada la actualización de las tablas salariales.
ACUERDOS EN ADMINISTRACIONES
Otras administraciones han acordado otras fórmulas de pago aplazadas o fraccionadas. Por ejemplo, en el caso de la Diputación de Barcelona la regularización de los atrasos se hará, por motivos técnicos en la confección de las nóminas, entre septiembre y noviembre para todos los conceptos.
Sin embargo, la paga de atrasos y el 1% de incremento para el 2017 dejan a los empleados públicos en una situación de pérdida de poder adquisitivo. En el conjunto de España, la subida supone un retroceso de 0,5 puntos en el poder de compra ya que el índice de precios de consumo subió hasta junio el 1,5%. En Catalunya, la pérdida de poder adquisitivo llega de momento a 0,7 puntos ya que la inflación se encuentra en el 1,7%.
De hecho, el aumento de las retribuciones que ofreció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no fue aceptado por los sindicatos, que reclamaban un incremento más alto en consonancia con las previsiones de IPC. El 1% de subida salarial de la función pública también está por debajo de la recomendación consensuada por los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME, que aconsejan que las nóminas se incrementen entre el 1,2% y el 2,5%.
El responsable institucional de la Federación de Servicios Públicos de la UGT catalana, Carles Villalante, ha advertido de que después del verano instarán al Ejecutivo a "incorporar la pérdida de poder adquisitivo en el incremento de los sueldos públicos del 2018".
Calendario para nuevas plazas y las pagas extras
El acuerdo firmado recientemente entre la Generalitat y los principales sindicatos de la función pública ha supuesto el inicio de la recuperación de sueldo y derechos perdidos durante la crisis. Los próximos pasos prevén la negociación de un calendario para que la Generalitat convoque el mayor concurso de plazas de funcionarios para reducir el gran número de interinos, que puede ir de 25.000 a 40.000 puestos, según las fuentes. El Consell de Govern ha aprobado hoy también la recuperación parcial, para algunos supuestos, del cobro del 100% en caso de enfermedad. El coordinador del área pública de CCOO de Catalunya, Joan Maria Sentís, ha indicado que los sindicatos intentarán que en el 2018 se pague algo más que el 10% de una de las tres pagas suprimidas en la crisis.